Matanza de la Escuela Santa María de Iquique
La Matanza de la Escuela Santa María de Iquique fue una
masacre cometida en Chile el 21 de diciembre de 1907. En estos eventos fueron
asesinados un número indeterminado de trabajadores del salitre de diversas nacionalidades
que se encontraban en huelga general, mientras se alojaban en la Escuela
Domingo Santa María del puerto de Iquique.
Los eventos que configuran los hechos, suceden durante el
auge de la producción salitrera en Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos
parlamentarios. La huelga, provocada por las míseras condiciones de trabajo y
explotación de los trabajadores, fue reprimida por medio del indiscriminado uso
de la fuerza armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt.
El general Roberto Silva Renard, comandando las unidades
militares bajo instrucciones del ministro del interior Rafael Sotomayor Gaete,
ordenó reprimir las protestas, matando a los trabajadores junto con sus
familias y dando un trato especialmente duro a los sobrevivientes.
Habrían sido asesinados entre 2200 y 3600 personas,1 2 3
donde se estima que un alto número no determinado, eran peruanos y bolivianos
quienes a pesar del pedido de sus cónsules se negaron a abandonar el
movimiento.4
Sus antecedentes históricos se encuentran en el nacimiento
del movimiento obrero en general, y el sindicalismo en particular. Ambos
iniciaron su desarrollo dentro de los mineros del salitre, en tiempos de
profunda decadencia institucional de su país.5 Dicha matanza provocó el
aquietamiento del movimiento durante cerca de diez años, ante la violencia
ejercida por agentes del estado. Esta huelga y su trágico corolario fueron el
fin de un ciclo huelguístico iniciado en 1902 y que tuvo como principales
protagonistas a la Huelga de Valparaíso de 1903 y la de Santiago, de 1905.6
Geográficamente toda la zona del salitre en Chile está
constituida por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y
Antofagasta fueron obtenidos por Chile tras la Guerra del Pacífico (1879-1884),
significando para Chile acceder a una zona de riqueza mineral compuesta
principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre. Este último se
convertiría a fines del siglo XIX en el principal puntal de su economía, siendo
su exclusivo productor a nivel mundial. Las tensiones provocadas por el dominio
de las minas habían sido una de las grandes causas de la guerra civil chilena
de 1891, cuando el bando del Congreso, protegiendo los intereses chilenos y
británicos de la zona, vencieron en la contienda.
Los yacimientos se encontraban en la mitad de la pampa, es
decir la planicie existente entre el océano Pacífico y los faldeos de la
cordillera de los Andes. Según el censo del 28 de noviembre de aquel año, la
Tarapacá tenía 110 000 habitantes.7 En esta provincia y en la de Antofagasta
trabajaban cerca de 40 000 operarios, de los cuales cerca de 13 000 provenían
principalmente de Bolivia y el Perú.7 La vida en las minas era muy dura. Las
empresas ejercían un duro control sobre la vida y obra dentro de los
yacimientos, lo que provocaba un alto grado de vulnerabilidad de los
trabajadores ante las arbitrariedades cometidas por los dueños, ya que este
control desbordaba claramente el mero ámbito laboral de los trabajadores. La
concentración de poderes era inmensa. Aparte de ser dueños de las viviendas
obreras, las empresas contaban con un sistema policial propio, controlaban las
pulperías y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en las
oficinas, establecieron un sistema exclusivo de pago por medio de fichas las
cuales eran exclusivamente canjeables en las oficinas y negocios de su
propiedad, y no dudaban en retrasar los pagos hasta dos o tres meses.6
A principios del siglo XX, la cuestión social en la región
de Tarapacá empezó a manifestarse en el malestar de los obreros de las oficinas
salitreras, que en distintas peticiones reclamaban al Gobierno de Santiago
atención y mejoras en sus condiciones de vida y laborales, las cuales eran
deplorables. Pese a lo anterior, los gobiernos parlamentarios eran reacios a
intervenir en las negociaciones entre empleadores y trabajadores. Pese a esto,
tendieron a considerar a los movimientos de gran escala (especialmente si iban
acompañados de demostraciones masivas) como rebeliones incipientes.5
Huelga y matanza
El 10 de diciembre de 1907 una huelga general se desató en
la salitrera San Lorenzo y el paro se amplió a la de Alto San Antonio,
iniciándose la Huelga de los 18 peniques. Este nombre se debe a que los
jornaleros pedían el pago de salarios a este tipo de cambio ya que el salitre
era comercializado en libras esterlinas. La numerosa columna de huelguistas de
Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional,
portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, alojándose en el
hipódromo del puerto.8 A este movimiento se sumaron otras oficinas salitreras,
entrando en huelga también casi todo el comercio e industria del norte del
país. Las demandas publicadas el 16 de diciembre en un memorial por los
pampinos eran:
Aceptar que mientras
se supriman las fichas y se emita dinero sencillo cada Oficina representada y
suscrita por su Gerente respectivo reciba las de otra Oficina y de ella misma a
la par, pagando una multa de $ 50.000, siempre que se niegue a recibir las
fichas a la par.
Pago de los jornales
a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Libertad de comercio en la Oficina en
forma amplia y absoluta.
Cierre general con
reja de fierro de todos los cachuchos y chulladores de las Oficinas Salitreras,
so pena de pagar de 5 a 10.000 pesos de indemnización a cada obrero que se
malogre a consecuencia de no haberse cumplido esta obligación.
En cada oficina habrá
una balanza y una vara al lado afuera de la pulpería y tienda para confrontar
pesos y medidas.
Conceder local
gratuito para fundar escuelas nocturnas para obreros, siempre que algunos de
ellos lo pida con tal objeto.
Que el Administrador
no pueda hacer arrojar a la rampa el caliche decomisado y aprovecharlo después
en los cachuchos.
Que el Administrador
ni ningún empleado de la Oficina pueda despedir a los obreros que han tomado
parte en el presente movimiento, ni a los jefes, sin un desahucio de 2 a 3
meses, o una indemnización en cambio de 300 a 500 pesos.
Que en el futuro sea
obligatorio para obreros y patrones un desahucio de 15 días cuando se ponga
término al contrato.
Este acuerdo una vez
aceptado se reducirá a escritura pública y será firmado por los patrones y por
los representantes que designen los obreros.8
El 16 de diciembre,
miles de trabajadores en paro llegaron a la ciudad de Iquique, respaldando las
demandas de los salitreros a la autoridad provincial, con el fin de obtener su
intervención. Las solicitudes anteriores, es decir, enviar comisiones con los
petitorios a la autoridad, habían fracasado en 1901, 1903 y 1904.
El gobierno de Santiago, había dado ya la orden de traslado
de tres regimientos para reforzar los dos que había en Iquique y envió desde
Valparaíso un crucero con tropas de desembarco: el 17 llegó desde Arica el
crucero Blanco Encalada trasportando al regimiento Rancagua; el 18, anclaba en
la bahía el crucero Esmeralda que traía tropas del Regimiento de Artillería de
Marina.
El intendente interino Julio Guzmán García, mediaba en las
negociaciones con los representantes pampinos, hasta que el 19 de diciembre
llegaron al puerto el intendente titular Carlos Eastman Quiroga y el general
Roberto Silva Renard, jefe de la Primera Zona Militar del Ejército, acompañados
del coronel Sinforoso Ledesma. Todos ellos fueron recibidos con aclamaciones
por los obreros, quienes creyeron que venían comisionados para trasladarlos y
solucionar sus problemas.9
A medida que avanzaba la huelga, más y más pampinos se unían
a ella, llegándose a estimar que para el 21 de diciembre eran entre 10 000 y 12
000 los obreros en huelga en Iquique. A los pocos días de haber llegado, este
gran conglomerado de trabajadores estaba reunido en la plaza Manuel Montt y en
la Escuela Domingo Santa María, pidiendo al gobierno que actuara de mediador
con los patrones de las firmas salitreras extranjeras (ingleses) para
solucionar sus demandas. Por su parte, los patrones se negaban a negociar
mientras los obreros no reanudaran sus actividades.
Órdenes oficiales desde Santiago determinaban que los
huelguistas abandonaran la plaza y la escuela y se ubicaran en el Hipódromo,
para luego regresar en tren a las salitreras y reanudar sus faenas. Los
pampinos se negaron, pues intuían que si regresaban a sus labores, sus
peticiones serían ignoradas.
Frente a la creciente tensión que había ya entre los grupos,
el 20 de diciembre de 1907 los dirigentes efectuaron una reunión con el
intendente Eastman. En esos mismos momentos era declarado el estado de sitio,
haciendo que las libertades constitucionales fueran suspendidas, todo esto por
medio de un decreto publicado en la prensa. Mientras la reunión se efectuaba en
la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias
trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. Como
resultado de esta acción 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos.9
El 21 de diciembre de 1907 se efectuaron los funerales de
los obreros, e inmediatamente después de concluir las ceremonias se les ordenó
a todos los trabajadores que abandonaran las dependencias de la escuela y sus
alrededores y se trasladaran a las casuchas del Club Hípico. Los obreros se
negaron a ir, temiendo ser cañoneados por los barcos que apuntaban el camino
que deberían recorrer hacia dicho lugar.
El general Roberto Silva Renard, junto al coronel Ledesma,
tenían la misión de desalojar a los trabajadores en huelga. Se señaló a las
14:30 horas, a los dirigentes del comité de trabajadores, que si no salían del
edificio abrirían fuego contra ellos. Ante la negativa de éstos, el jefe
militar reiteró que abriría fuego sobre los huelguistas a las 15:30 horas. Pese
a las amenazas reiteradas, sólo un pequeño grupo de trabajadores abandonó la
plaza.
A la hora señalada por Silva Renard, éste ordenó a los
soldados disparar a los miembros del comité que se encontraban en la azotea de
la escuela, quienes cayeron muertos con la primera descarga. La multitud,
desesperada y buscando escapar, se arrojó sobre la tropa y ésta repitió el
fuego al que se le añadió el de las ametralladoras. La tropa, después de lanzar
fuego graneado desde la plaza, entró ametrallando por los patios y las salas de
clase, matando mujeres y niños sin clemencia. Los sobrevivientes de la matanza
con posterioridad fueron escoltados con sables hasta el Club Hípico, y desde
allí a la pampa.
El número de víctimas que dejó la matanza es discutible.6 En
primera instancia, el informe oficial del general Silva Renard habla en un
primer momento de 140 muertos, para posteriormente ascender a 195. Ese es el
número que otorga Nicolás Palacios[cita requerida], testigo de la matanza. Sin
embargo, esta cifra es considerada irreal, dada la cantidad de obreros que se
hallaban en el lugar. El número más alto conjeturado ha sido de 3 600, aunque
es considerado especulativo. La cifra más aceptada es de cerca de 2 200.1 2 3
Pese a lo anterior, sea cual fuere el número, al decir de Correa y otros,
«nadie duda de la singular magnitud de la matanza».9 8 6
Cualquiera que haya sido el número de víctimas, el gobierno
de la época ordenó no expedir detalladamente certificados de defunción de los
fallecidos, a lo cual el parte de defunción señalaba «muerte por herida de
bala» (ver registros del museo regional) enterrándolos a todos en una fosa
común en el cementerio de la ciudad. Sólo en 1940 se exhumaron sus restos, los
cuales fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico
Legal de dicha ciudad.
Con motivo de la conmemoración de los cien años de la
matanza, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet ordenó que se
exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento
especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.10
Consecuencias
El general Silva Renard informó al gobierno de Santiago
acerca de los hechos, minimizando su actuación y haciendo responsable de los
hechos a los huelguistas. El Congreso Nacional reaccionó muy tibiamente a estas
actitudes, ordenando crear una comisión investigadora, a la cual no se designó
a nadie y no realizó ninguna función. Recién los hechos fueron cuestionados e
investigados por una Comisión Oficial, la cual publicó un informe que comunicó
a la Cámara de Diputados en una sesión del 7 de noviembre de 1913.
La mejora de las condiciones de los obreros fue lenta, y no
sería hasta 1920 cuando se empezaran a dictar las leyes sociales mínimas, tales
como la de pago en dinero y jornada de trabajo. Por su parte, en 1914, el
general Silva Renard, escapó malherido de un intento de asesinato por parte del
anarquista Antonio Ramón Ramón, un español cuyo hermano Manuel Vacca fue muerto
en la Santa María. El general Silva Renard moriría unos años más tarde a causa
de estas heridas. La matanza sin embargo, no fue la última aunque sí la mayor
sucedida contra trabajadores que protestaban en Chile; el historiador chileno
Hernán Ramírez Necochea estima que entre 1901 y 1970 unas 15 000 personas
murieron en enfrentamientos con carabineros y militares.11
Durante el primer mandato de la presidenta Michelle
Bachelet, ésta accedió a que se decretase duelo nacional para el 21 de
diciembre del 2007, con motivo de la conmemoración de los cien años de la
matanza. Para dicha ocasión se creó un monumento en recuerdo de las víctimas,
además de realizar exposiciones e informaciones públicas acerca de los
hechos.12 10 13
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