Interpol solicita a España la detención preventiva de varios
ex ministros franquistas
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La sección de Interpol radicada en Argentina ha cursado una
comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid
solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte
personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante
el franquismo, entre los que se encuentran los ex ministros José Utrera Molina
o Rodolfo Martín Villa.
Así lo expone en un escrito con fecha del 4 de noviembre,
recogido por Europa Press, presentado ante el juzgado del que es titular María
Servini de Cubría en el que le pide todos los datos identificativos de los
imputados como requisito "indispensable" para el caso de emitir una
orden de captura internacional y evitar detener a personas con su mismo nombre,
"casos de homonimia", dice.
Esta información permitirá a Interpol hacer extensiva la
medida de la detención a todas las policías de los países miembros de la
Organización Internacional de Policía Criminal OIPC-Interpol para el supuesto
de que los imputados se encuentren fuera de las fronteras españolas.
No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial
internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha
reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean
sobre los investigados por crímenes de lesa humanidad.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina
(CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires, ha explicado que una
vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las
autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la
detención de los reclamados para ponerles a disposición del Juzgado Central de
Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no
superior a las 24 horas.
La organización, que alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de
Extradición Pasiva española, añade que la Audiencia Nacional podrá ordenar la
prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas
a un juzgado, retirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras.
El Juzgado español deberá después comunicar su decisión al
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos
Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine. En caso de
ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de
cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de
extradición, según CEAQUA.
Estas disposiciones coinciden con lo establecido en el
artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en
materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de
España y la República Argentina.
La juez Servini imputó y ordenó detener recientemente a una
veintena de personas por crímenes del franquismo, aunque una de ellas el ex
ministro Antonio Barrera de Irimo falleció recientemente y por lo tanto se ha
extinguido cualquier acción penal.
EXMINISTROS, EXPOLICÍAS Y EXJUECES ACUSADOS
La magistrada imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación
entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia
Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las
Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.
Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio
Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente
(vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura
(ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de
presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el
pasado septiembre.
En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente,
Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de
Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil
en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la
represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de
1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos
muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de
convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos
del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y
Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís
Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui
Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las
sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al
igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su
responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige
contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico
del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso
(coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor
del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas,
Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado,
Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de
Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital
Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde
trabajaba como médico ginecólogo.
DEFIENDE LA JURISDICCIÓN DE ARGENTINA
La magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó
extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán
de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que
numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.
Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a
víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente
para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa
humanidad.
"En el terreno de los crímenes de derecho
internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la
territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", dice Servini,
que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a
la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril
de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora
CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936
constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a
españoles" por su ideología y de sustracción de menores.
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