Echar fotos de una manifestación ó de la represión policial
30000 € de multa
La "Ley Mordaza" o la inauguración del Estado
autoritario
Si alguien tenía
dudas acerca de si nos encaminamos o no hacia la consolidación de un Estado
autoritario, el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes dio cumplida respuesta a las dudas que pudieran existir al respecto. En
efecto, en su última reunión el gabinete ultraconservador de Mariano Rajoy ha
dado carta de legalidad a lo que hasta ahora venía siendo una práctica
cotidiana - aunque no legalizada - de los Cuerpos represivos del Estado. La
nueva "Ley Mordaza", en efecto, viene a otorgar reconocimiento
institucional a lo que ya sucedía en las calles desde hacía tiempo, aun con la resistencia de unos pocos
jueces que tercamente se negaban a
aceptar exclusivamente el testimonio policial.
A partir de ahora, las sanciones económicas contra los
llamados delitos de "orden público" sufrirán un astronómico
incremento. Por ejemplo, convocar manifestaciones sin comunicarlo previamente a
la policía - lo que hasta el momento presente no era ilegal, aunque la policía
actuara como si lo fuera - , podrá ser drásticamente sancionado. El texto de la
ley dice, textualmente, "que podrán
ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en
torno a las consideradas infraestructuras críticas".
QUEDA FUERA DE LA LEY TOMAR TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS DE LA
REPRESIÓN POLICIAL
La llamada "Ley Mordaza" consagra también la
impunidad ante los desafueros policiales, considerando como faltas graves la
toma de fotografías y vídeos a los integrantes de los llamados Cuerpos de
Seguridad del Estado. El "delito" de tomar testimonio mediante una
cámara fotográfica o de vídeo de lo que sucede en la calle durante una acción
de represión policial puede ser condenado
hasta con 30.000 euros. Es decir, con cinco millones de las antiguas
pesetas. En una expresión de cínico descargo, en el apartado de la ilegalización de los testimonios
fotográficos los legisladores del Ministerio del Interior han añadido que ello se producirá "sin menoscabo del derecho fundamental
a la información".
De esta forma, a partir de la puesta en marcha de la ley
tomar testimonio gráfico de la represión policial estará más duramente
reprimido que en los años de la dictadura franquista, en los que atreverse a
tomar una fotografía de una manifestación o de la represión policial
consiguiente no implicaba otra consecuencia
que la pérdida de la cámara, un
sonoro bofetón o pasar tres días en los sórdidos calabozos de las comisarías de
la época. Esa eventualidad no estaba prevista durante la dictadura, entre otras
razones porque las límitaciones técnicas impedían la rápida difusión de las
imágenes. Los legisladores herederos de la dictadura han venido a poner remedio
a ese vacío legal mediante las nuevas disposiciones, con las que tratan de
cortocircuitar la libre circulación de la información.
Con esta insólita medida, el régimen monárquico se
autoprotege del impacto que en el exterior estaban teniendo los duros testimonios de la represión
policial en España. En el interior del país, la "Ley Mordaza"
contribuirá, por otra parte, a que la
ciudadanía disfrute de la sensación de que, pese a las manifestaciones y protestas,
las "fuerzas del orden público" son incapaces de traspasar los
límites que impone la existencia de la Constitución y el "Estado democrático".
LA POSIBILIDAD DE "DISOLVER Y DETENER" PASA A
MANOS DE LOS CENTURIONES DEL SISTEMA, SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL ALGUNA
En otro orden de cosas, y como también sucedía en tiempos pretéritos, los supuestos por los que una persona podrá ser
conducida a comisaría para proceder a su identificación, en el caso de que no
porte el DNI, son generosamente ampliados. El cacheo y los minuciosos registros
corporales tendrán, asimismo, a partir de ahora, 'barra libre" legal.
Según la nueva ley, las fuerzas policiales también podrán
dar la orden de disolución de una
manifestación de manera verbal y sin
motivarla, si estiman que puede existir
una "situación de urgencia".
Así, la policía tendrá en sus manos una amplísima
discrecionalidad a la hora de disolver manifestaciones en el momento que lo
deseen. Serán ellos los administradores
que decidan cuándo nos encontramos ante una "situación de urgencia".
Las posibilidades que se abren a la arbitrariedad policial son infinitas. En un
momento determinado, la policía podrá alegar que dio la orden de disolver sin
que ello se pueda acreditar en ninguna parte, ya que el único testimonio
válido, como se ha constatado hasta la fecha, será el de los propios agentes.
Ahora, no será ni siquiera el juez, sino la propia Administración - arte y
parte en el contencioso - la que
determine si corresponde o no imponer una sanción.
OLEADA DE CRÍTICAS
Apenas fue conocido el texto de la Ley Mordaza, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. Estas han partido no sólo desde diferentes
movimientos sociales - más de sesenta, por el momento - sino, incluso, desde organismos y organizaciones como el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, la
Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional,
Intermon Oxfam y Greenpeace, para los que
la que chapuza legal inspirada por el opusdeísta ministro Fernández Díaz
resulta intragable. Aunque los leguleyos del Ministerio del Interior se
empeñaron en maquillar con diversas
modificaciones el increíble
borrador inicial, la parodia del retoque resultante no es digerible para
aquellos grupos e instituciones que pretenden aparecer ante la opinión publica
como distantes de los dislates gubernamentales.
La plataforma ciudadana "No Somos Delito", por
ejemplo, rechazó de plano "una Ley cuya justificación se basa en
la existencia de una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito
por parte de la ciudadanía. Tal demanda no existe sino que "consideramos que se trata de
una legislación innecesaria que viene motivada por criterios claramente
políticos".
Por su parte, el presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer,
manifestó que este proyecto de
ley tiene aspectos "inconstitucionales" y que la entidad a la que
representa velará por los derechos de los ciudadanos.
"Con leyes de
este tipo, Rajoy y los suyos no hacen más que lo que otros, en su misma
situación, han hecho a lo largo de la Historia en circunstancias
similares:tratar de preservar con vida al monstruo que los parió".
El portavoz de la
asociación socialdemócrata "Jueces para la Democracia", Joaquim
Bosch, calificó como "innecesario" el proyecto, asegurando que lo
único que pretende es impedir determinadas críticas que son "especialmente
incómodas" para el poder político a costa de "restringir
libertades". Afirmó, además, que el texto "no está justificado por la
realidad social", puesto que "no existen problemas relevantes de
seguridad ciudadana".
Asimismo, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales,
Álvaro García Ortiz, rechazó el
"marcado carácter represivo" de la ley y estimó como
"insuficientes" los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo
para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, unidos a la
modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. En la nueva ley -
dijo - "hay una confusión entre seguridad ciudadana y orden público",
así como "una tendencia policial muy acentuada", en lugar de una
"visión garantista de los derechos fundamentales de los
ciudadanos". García Ortiz advirtió
que la evaluación de determinadas actuaciones policiales, como por ejemplo un
caso de insultos a un policía, dejará de ser investigada o sancionada en el
ámbito penal y pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa. Subrayó,
además, que en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá
que pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá
garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del
funcionario público que no existe en el caso de un juez de instrucción.
BAJO LA PROTECCIÓN DEL "ESTADO AUTORITARIO"
En síntesis, y aunque pocos parecen haberlo advertido, el Estado español inaugura con esta nueva ley
lo que históricamente se ha caracterizado como
"un estado autoritario". Es decir, aquel en el que la
delimitacion de los límites del ejercicio de las libertades formales queda al
arbitrio de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. No es este un hecho nuevo. Es simplemente una
línea de continuidad con nuestro pasado más inmediato. La novedad viene dada, en cualquier caso, por el hecho
de que el desvencijamiento del aparato montado sobre los cimientos de la
institucionalidad franquista ha quedado al descubierto, con todas sus lacras y
corruptelas . Y el hedor de sus excrecencias pestilentes empieza a
resultar insoportable para todos. Con
leyes de este tipo, Rajoy y los suyos no hacen más que lo que otros, en su misma
situación, han hecho a lo largo de la Historia en circunstancias similares:
tratar de preservar con vida al monstruo que los parió. Con esta ley se abre, pues, una nueva etapa
política. Sus características vendrán definidas no solo por lo que haga el
poder sino, sobre todo, por la audacia e inteligencia que mostremos aquellos
que nos oponemos a él.
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