Días de limpieza.
Dijo Amadeo I de
Saboya antes de abdicar como monarca y marchar a Lisboa, que este país es
ingobernable. Y aunque las tensiones sociales actuales difieren mucho en
cantidad de las de entonces, actualmente no es por una intensa agitación social
como ocurría en aquella época o en vísperas de la Guerra Civil, sino por estar
gobernados por una pandilla de inútiles, parásitos y corruptos.
En aquel periodo revolucionario entre 1936 y 1939, los
trabajadores se echaron a la calle a defender las colectividades arma en mano,
de la ofensiva del fascismo, para defender todas las mejoras conseguidas en
años y años de lucha y sangre, e ir más allá y superar ese dogma absoluto que
es el Estado. Fueron aniquilados por los fascistas, realizando una carnicería
de inmenso calibre. Estos se mantuvieron a lo largo de 40 años de franquismo a
través de un régimen autocrático y católico denominado "Movimiento
Nacional", cuyas bases eran el partido único, el sindicato corporativista
vertical, otras organizaciones como el Frente de Juventudes o el Auxilio
Social, el militarismo y la exaltación tradicionalista.
Después del aislamiento del principio, fue apoyado por EE UU
en los años 50, tras la caída de los fascismos europeos y con el comienzo de la
Guerra Fría, lo que llevó al abandono del aislamiento, y a abrirse al
capitalismo a través de un aperturismo progresivo.
Estas circunstancias económicas y políticas internacionales
fueron el germen del modelo político de transición democrática, con la ayuda de
todos aquellos falangistas y demás alta burguesía cuyo único interés es ampliar
sus capitales, poseer más y no tener tantas limitaciones a la hora de
especular.
La Transición
española
La Transición se realizó dentro una profunda crisis
económica con una alta tasa de desempleo, una fuerte agitación del fascismo no
renovador con continuas amenazas de golpe de Estado y la violencia constante en
la calle por parte de grupos de ultraderecha, así como de organizaciones
independentistas o autoritarias. El proceso se desarrolló mediante la legalidad
franquista vigente a través de la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977),
que fue aprobada por las Cortes y sometida a referéndum el 15 de diciembre de
1976, y por la cual se convocarían elecciones generales, se crearía un sistema
bicameral (Congreso y Senado) y se legitimaría el proceso mediante un
referéndum.
Mediante el Real Decreto Ley 20/1977 del 18 de marzo se
instauró el sistema D'Hont, el 13 de junio de 1977 se desarrollaron las
primeras elecciones generales, saliendo representados los partidos Unión de
Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido
Comunista de España (PCE), Alianza Popular (AP), y varios partidos
nacionalistas.
Los diversos representantes comenzaron entonces un proceso
de negociación de una constitución a través del consenso (para dar estabilidad
al proceso político), que llevó a la aprobación de la propuesta por el Congreso
y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 se realizó el referéndum ganando el sí
por mayoría, no siendo apoyado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por
obviar su reclamación histórica de los fueros Vascos y Navarros y un tipo de
soberanía distinta al conjunto del Estado. Esta carta magna define a España
como un Estado social y democrático de derecho con un régimen político en forma
de monarquía parlamentaria descentralizada.
Vacío de ideología de
partidos
Es de vital importancia para el nuevo sistema político y el
fortalecimiento del capitalismo, el destruir cualquier tipo de ideología que
intente superar la democracia representativa y el capitalismo. La mejor manera
de hacerlo es vaciar de contenido cualquier tipo de ideología que salga de las
pautas pactadas.
El PSOE en su congreso extraordinario de Madrid de 1979,
bajo el lema "Forjando el Socialismo", abandonó el marxismo como
ideología oficial, pasándolo a un plano secundario y obsoleto, o, como lo
denominaron, instrumento teórico, crítico y no dogmático, adoptando una
ideología cercana a la socialdemocracia, estructurándose de manera federal.
El PCE realizó el IX Congreso, el más vergonzoso de su
historia. Abandonó el leninismo, apoyando la figura de la monarquía, y adoptó
como suya la bandera monárquica. Más tarde hubo una ola constante de
expulsiones y luchas internas entre renovadores, leninistas y carrillistas.
Después, los carrillistas son expulsados y se pasan al PSOE. Su deriva actual
gira en torno al "eurocomunismo" y la socialdemocracia.
El gran pacto de la
paz social. Los Pactos de la Moncloa
Los Pactos de la Moncloa (Acuerdo sobre el programa de
saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación
jurídica y política) fueron sendos pactos firmados el 25 de octubre de 1977, en
medio de una fuerte conflictividad social, entre el gobierno de Adolfo Suárez
(UCD), los principales partidos políticos con representación parlamentaria
antes mencionados, las asociaciones empresariales y el sindicato CC OO. Más
tarde se uniría la UGT. Su objetivo no es más que procurar la estabilización
del proceso de transición y adoptar una política económica determinada que
contuviese la enorme inflación de entonces y la salida de la crisis económica y
social.
El único sindicato que se negó a firmarlo fue la CNT, por
coherencia con su postulado ideológico y su finalidad comunista libertaria, lo
que conllevó un tremendo montaje policial (caso Scala), su posterior división,
y el surgimiento de otra organización que sí aceptaría las nuevas "reglas
del juego".
Así pues, se garantizó la paz social entre las clases
sociales, y la consagración de la Constitución Española, la cual refuerza la
sacrosanta propiedad privada y la dependencia del sindicalismo del propio, y su
posterior conversión en enormes gestoras profesionalizadas de conflictos, que
se desenvuelven en un entorno laboral cada vez más complejo, así como en lo que
se denomina agentes sociales orientados a fortalecer la paz social.
La España de la
democracia
Un pueblo feliz de haber conseguido una cierta estabilidad
política y social, un poco de miedo infundido orquestando un golpe de Estado
(23-F de 1981), el cada vez mayor distanciamiento del pueblo de la política a
la hora de delegar su responsabilidad social y económica en elecciones
parlamentarias o laborales, la pérdida de interés por el asociacionismo, la
búsqueda del asistencialismo en el Estado, el aniquilamiento de cualquier tipo
de organización e ideología coherente que quisiese superar el capitalismo o
intentase crear un poco de agitación, han sido las claves para que la política
y la economía se eliticen en manos de unos pocos que creen tener la potestad de
administrar a los demás.
Así pues, la grata costumbre española del enchufismo y la
corrupción se ha hinchado, multiplicando la casta de vagos y parásitos del
Estado que no producen nada de nada en su día a día, pero que reciben sueldazos
de júbilo, hacen concesiones económicas a empresas de amigos o familiares, o
dan retiros a costa de todos aquellos que día a día tenemos que ir a nuestro
puesto de trabajo y a enriquecerles a ellos y a los empresarios que se lucran
de nuestra producción. No hay color político, PP, PSOE, IU, CC OO, UGT y la
Iglesia católica son los gestores del capitalismo y los responsables directos.
Muchos carniceros de la transición, protagonistas de
montajes políticos y asesinatos, tienen puestos políticos, y en las
administraciones de Interior o Defensa, o retiros de lujo. Como el caso de
Emilio Hellín Moro, asesino de Yolanda González, militante del Partido
Socialista de los Trabajadores (PST), actualmente con un alto cargo en el
Ministerio del Interior.
Tenemos multitud de políticos mediocres que, mientras van
escalando puestos en los partidos, se dedican a colocar y recolocar a sus
familiares, amigos, etc., en diversos puestos del partido, de la
administración, del sindicalismo, cajas de ahorros, justicia, etc.
En todas las administraciones del Estado se han ido creando
cargos y más cargos, cada cual más inútil que sus predecesores, mientras que
los servicios básicos de limpieza, infraestructuras, etc., se han ido
externalizando y precarizando.
El mejor ejemplo de parásito vividor actualmente lo tenemos
en el personaje Ángel Carromero, cachorrito cabeza de las Nuevas Generaciones
(NN GG) del PP de Madrid como vicesecretario general y presidente de NN GG del
distrito de Salamanca, cuya responsabilidad era la de organizar eventos en
Madrid. Fue expulsado de la Universidad Pontifica de Comillas de la carrera de
Derecho y Administración de Empresas. Comenzó sus pinos como empresario con un
gimnasio en el barrio de Salamanca, poco rentable y moroso con Hacienda, hasta
que se desprendió de él. Le fue retirado el carnet de conducir en 2012 por 42
multas de tráfico desde 2009. Después de ser deportado de Cuba por el accidente
de tráfico en el que murió un disidente, y vista su incapacidad para hacer nada
socialmente útil, ha sido enchufado como asesor de una concejala en los
distritos de La Latina y Moratalaz, y desde marzo de 2013 es asesor del grupo
municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Otro ejemplo de enchufismo, parasitismo y derroche lo tenemos
en Ana Botella y la ciudad de Madrid. El único motivo de que esta señora sea
alcaldesa de Madrid no es ni más ni menos que ser la esposa de José María
Aznar. Gracias a ella y a su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, el
Ayuntamiento actualmente está en el Palacio de Correos, cuya remodelación ha
costado más de 500 millones de euros. Algunos lujos y caprichos son: un
mayordomo cuya única función es servirle café, 260 asesores personales y altos
cargos que cobran de media 60.000 euros o 267 coches oficiales para uso
personal. En una ciudad como la de Madrid, en la que existen más de 258.000
personas desempleadas, con más de 15.000 jóvenes menores de 25 años en paro,
según las estadísticas oficiales, donde la mitad de estas personas carecen de recursos
o ayudas (no se sabe cómo afrontarán sus gastos), y en la que los recortes y
privatizaciones en materias de servicios sociales es descomunal (en 2013 el
presupuesto de lucha contra el paro del Ayuntamiento bajó 17 millones de euros,
un 17,8 por 100, y el presupuesto de la Agencia para el Empleo bajó a los 27
millones, desde los 43,7 millones).
Gracias al escándalo de la contabilidad secreta del PP, a
raíz del "caso Bárcenas", se ha demostrado cómo este partido hace
trato de favor con ciertas empresas: en forma de cesión y ejecución de
contratos públicos, leyes a medida, amnistías fiscales, inestabilidad laboral o
reducción de personal a cambio de jugosas comisiones, tanto al partido como a
sus miembros durante más de 20 años, así como conceder puestos de directivos a
los que se retiran. Estos sobresueldos salpican a la presidencia de José María
Aznar poco después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy, Jaime Mayor Oreja,
Javier Arenas, Álvarez Cascos, etc. Entre las empresas encargadas de aportar
las comisiones destacan Sacyr Vallehermoso, OHL, Constructura Hispánica, Cedesa
o Mercadona. Así otras organizaciones ligadas al PP, como Basta Ya o el portal
Libertad Digital, también reciben suculentos ingresos de esta contabilidad,
asegurando su máxima docilidad.
No podemos olvidarnos de la otra cara de la misma moneda: el
PSOE, IU y los agentes sociales CC OO y UGT. Estos, aparte de las enormes
subvenciones que da el Estado, reciben suculentos beneficios gestionando la
desgracia del trabajador. La reconversión industrial, con su consiguiente
desmantelamiento de la industria, la temporalidad y la precariedad en la
contratación, vino de la mano del PSOE, con Felipe González a la cabeza. La
gestión de los "agentes sociales" CC OO y UGT, de defensa y mantenimiento
de la paz social, al otro lado de la lucha de clases, trae consigo un gran muro
en el que se suavizan, vacían de contenido y anulan cualquier tipo de
movilizaciones, reivindicaciones, etc. Gestionan ERE en los que reciben dinero
por negociar el despido de los trabajadores. En 2012, con la entrada en vigor
de la nueva reforma laboral y la pasividad de los sindicatos oficiales, el
número de ERE aumentó a un total de 29.958, con 406.810 personas despedidas.
Incluso en varias fundaciones en las que estos sindicatos tienen asalariados,
fue aplicada la reforma laboral, con ERE en los que se dejó en la calle a
decenas de personas. Este método, que tan poco protege los intereses de los
trabajadores, deja la puerta abierta a la plena corrupción, como en el caso de Andalucía.
El caso de los ERE de Andalucía salpica al PSOE de
Andalucía, que se presenta como acusación particular para lavar su imagen. Este
fraude consiste en un respaldo económico de la Junta de Andalucía tanto a
empresas que se veían obligadas a presentar ERE para realizar prejubilaciones o
despidos, como a los trabajadores afectados. La gestión del dinero puesto a
disposición de la Junta es irregular. Se concedieron prejubilaciones
fraudulentas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas,
un total de 12,3 millones de euros. Se concedieron subvenciones a empresas que
no estaban presentando ERE o a personas que ni siquiera crearon ninguna
empresa, en un total de 73,8 millones de euros. Se dieron comisiones a
intermediarios, como consultoras, abogados y los sindicatos CC OO y UGT, que
llegan hasta los 68 millones.
Incluso uno de los partidos socialdemócratas que hacen gala
de ser una izquierda auténtica, pero que tanto defiende el sistema, como es el
caso de IU, también tiene implicación en los casos de corrupción que salpican a
los sindicatos. Así, el teniente alcalde de Sevilla, de IU, fue imputado por
participar en la venta del suelo de Mercasevilla (empresa fraudulenta que forma
parte del conglomerado). Otro tanto se puede decir de Esquerra Unida i
Alternativa (coaligada con ICV) en el gobierno tripartito, donde, desde la
Conselleria de Interior -dirigida por esa fuerza política-, se llevaron a cabo
auténticas salvajadas y golpes represivos constantes contra los movimientos políticos
y sociales ajenos al sistema. Otros casos conocidos son el de la alcaldesa de
Maldiva, de IU, que tenía 17 miembros de la lista de IU y 57 familiares
directos con contratos municipales, y pagó facturas por un importe de 69.854
euros a dos empresas de su esposo, e imputada de un delito contra la ordenación
del territorio.
La Iglesia católica no podía ser menos. Gracias a ese ser
metafísico que dicen representar y por el cual dicen tener autoridad moral
sobre toda la humanidad, el gobierno español le concede como institución más de
once mil millones de euros en conceptos como asignaciones vía IRPF, exenciones
y bonificaciones tributarias (IBI, impuesto de sociedades, impuestos de la
renta), enseñanza, obra social y asistencial, hospitales, mantenimiento de
patrimonio histórico y artístico, eventos religiosos, etc., etc. El genocidio
practicado por esta institución a lo largo de los siglos se cuenta por millones
de víctimas en nombre de su dios. Todos sus sacerdotes ejercen de guías morales
de la población, que es adoctrinada en escuelas e iglesias a la más estricta
sumisión y obediencia a través del miedo infundido por su dios y a los
constantes discursos que hablan de su deber devoto y de servicio a la iglesia.
La caridad de esta institución, financiada por el Estado, solo consiste en
mantener y perpetuar la miseria. Su enorme influencia en la política española e
internacional ha llegado a conseguir que la asignatura de Religión sea
computable con otro tipo de asignaturas a través de la LOMCE del ministro ultra
Wert. Los casos de corrupción y escándalos sexuales (destacando la violación de
niños) de esta institución se cuentan por miles a lo largo del globo terráqueo.
Hora de tomar las
riendas de nuestro destino
Actualmente, mucha gente identifica la política como una
actividad turbia y despreciable. Ese sentimiento de descrédito se traslada
enseguida a los políticos, quienes ocupan los puestos más bajos en las
encuestas que miden la estima social de los políticos y las instituciones del
Estado. Este distanciamiento de la persona de su responsabilidad económica y
política en el puesto de trabajo, ha llevado a la profesionalización de la
política y el sindicalismo. Así pues, la política es asunto de los políticos,
como el sindicalismo es asunto de los sindicalistas, y solo a los políticos y a
los sindicalistas les corresponde generalmente arreglar cuanto haga falta de
los asuntos comunes, y por supuesto los particulares, porque, como resalta otro
tópico que sigue justificando la profesionalización y elitización, para eso les
pagamos. Así, nuestra única responsabilidad es contribuir con Hacienda y votar
cuando nos digan, para que se sigan legitimando con la que debería ser nuestra
responsabilidad. Por lo que todo lo que el asociacionismo ha conseguido se
pierde a pasos agigantados, y por todo lo descrito anteriormente nuestra
dependencia de ellos y del Estado seguirá perpetuándose y expandiéndose.
Es por esto, que es nuestro deber como individuos políticos
y sociales ser los precursores del asociacionismo autónomo en las aulas, en los
puestos de trabajo, en las plazas, etc., construyéndonos así como personas
autónomas y únicas, fomentando la defensa y promoción de nuestros intereses de
clase a través del anarcosindicalismo, construyendo una sociedad donde compartamos
intereses económicos y sociales comunes con otros individuos, podremos
plantearnos para qué nos sirven los obispos, los militares, los partidos
políticos, los banqueros, los jueces podridos, los policías torturadores, o los
sindicalistas. Nos podremos plantear para qué seguir dando de comer y mantener
a toda esta panda de vagos, parásitos y vividores, y mantener las caducas
estructuras de los Estados a los que se agarran.
Es hora de señalar que esta farsa de sistema democrático y
el capitalismo no son más que sistemas que se han montado unos cuantos para
perpetuar el poder, y acumular la riqueza por encima de las calaveras y los
huesos de aquellos miles de trabajadores que asesinaron hace 77 años, sobre la
sangre de todo trabajador asesinado en el puesto de trabajo, y sobre el sudor
de los parados que se buscan la vida para subsistir y de los actuales
trabajadores en activo.
Grupo Tierra
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