El exdirector general de la Junta dio ayudas a su suegra
Un atestado de la Guardia Civil remitido a la juez que
investiga los ERE fraudulentos afirma que el exdirector general de Trabajo de
la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero incluyó como
"intrusos" a cinco personas de su entorno y consiguió para su suegra
varias ayudas y un "trato preferente".
Un atestado de la Guardia Civil recoge que la suegra de
Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, fue adjudicataria de una ayuda mensual
fija de 1.300 euros hasta cumplir los 65 años en el expediente de la empresa
SOS Cuétara, pese a que nunca había trabajado en ella. La Guardia Civil afirma
que, en el registro de las oficinas de Vitalia, se encontró un sobre con el
nombre de esta beneficiaria y en su interior un documento de 6 de julio de 2004
enviado desde un fax que corresponde a la dirección general de Trabajo cuando
Guerrero era su titular. Según un auto del propio juzgado que investiga los ERE
irregulares, Victorina Madrid ha cobrado en total 119.699 euros por una póliza
de Vitalicio. Por otra parte, datos del Consorcio de Compensación de Seguros
indican que esta mujer "es tomadora y beneficiaria de otra póliza de Personal
Life" por la que percibió, entre diciembre de 2004 y septiembre de 2009,
un total de 46.283 euros, añade el informe.
Tras su imputación en abril de 2011, Victorina Madrid
"decidió, en connivencia con su esposo, desprenderse de todo su
patrimonio, para lo cual disolvió la sociedad de gananciales y enajenó una
propiedad", según la Guardia Civil.
En otra parte de su atestado, la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil enumera los casos de cinco personas que obtuvieron
ayudas "a las que no tenían derecho, prevaliéndose de su relación de
amistad con el director general de Trabajo".
Se trata de dos vecinos de Guerrero en El Pedroso (Sevilla):
Antonio Arquero, a quien le prometió "solucionar su problema hasta la
jubilación", y Alejandro Millán Torres, a quien le dijo que le llevase
toda su documentación laboral y médica a su despacho de la Junta para
arreglarle una ayuda. Además, Rafael Ruiz García, amigo personal de Guerrero
que firmó los papeles de su ayuda en las oficinas de la Consejería de Empleo;
Rafael Rosendo Villavieja, exalcalde de El Pedroso y amigo personal de
Guerrero; y Cristóbal Martínez Victoria, que era un "compromiso" del
exdirector general.
Inclusión en una póliza del exfutbolista 'Pizo' Gómez
En estas irregularidades, la Guardia Civil incluye la
inclusión en una póliza del exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido
como 'Pizo' Gómez, que trabajaba para la empresa Cenforpre. Explica el atestado
que entre los años 2004 y 2006 esta empresa desarrolló para la Junta un
proyecto de divulgación de la Ley de Riesgos Laborales y "ante la falta de
presupuesto para pagarle, el propio Guerrero le propuso afrontar el pago de sus
servicios mediante la suscripción de una póliza" cuyo titular debía ser
una persona física.
La utilización de este método "era conocido por el
consejero y viceconsejero, los cuales no se opusieron a su utilización",
dice la Guardia Civil en relación a quienes entonces ocupaban esos altos
cargos, Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos imputados en una causa que
ya acumula 116 acusados.
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