El informe pericial apunta a un posible desvío «ilegal» de
ayudas públicas
El informe pericial que está aportado en el procedimiento
judicial planteado en el TSJA por el despido colectivo de 159 trabajadores de
UGT-Andalucía no sólo ahonda en la sangría de gastos «superfluos o de difícil
justificación» que a juicio de una perito economista han generado un problema
de tesorería en la organización. Como muestra de ello, pone como ejemplo los
costes que soporta la central sindical por reuniones, desplazamientos, comidas
en restaurantes y complementos que genera la comisión ejecutiva regional.
Algunos detalles fueron desgranados ayer por LA VOZ al publicar en exclusiva el
contenido de este informe que está admitido como prueba en el Alto Tribunal
Andaluz, y que recoge los más de 400.000 euros que cargaron a sus tarjetas de
crédito los miembros de la Ejecutiva entre enero y noviembre del año 2010; o el
dato que ha desatado más crítica en las redes sociales: los 852 euros que pagó
el líder ugetista andaluz, Manuel Pastrana, con su Visa Corporate Oro del
sindicato en un restaurante de lujo de la ciudad sudafricana de Durban el mismo
día que se anunciaba el ERE que truncaba el futuro laboral más inmediato de 159
trabajadores de la central en Andalucía.
Pero este
contrainforme guarda más conclusiones, basadas en la información que maneja el sindicato
de manera interna, en la documentación justificativa aportada a los
trabajadores al anunciar el ERE y en el contenido de una auditoría que encargó
la propia comisión ejecutiva regional a una empresa y que certificó un
superávit de casi un millón de euros en UGT-Andalucía meses antes de anunciar
que se desprendía de 159 trabajadores; la mayoría administrativos.
La central sindical
tiene dos vías de ingresos: las cuotas de los afiliados y las subvenciones
públicas. Y sus trabajadores se dividen entre los que pertenecen a la
estructura de la organización y los que dependen de programas finalistas que se
nutren de las ayudas que convocan las administraciones públicas. Así, de los
159 empleados despedidos, 130 eran fijos-discontinuos (algunos con una antigüedad
de 20 años en la 'empresa') a los que se les comunicó que se les ponía en la
calle con 20 días de indemnización porque el programa Orienta, del que
dependían, había sido eliminado por la Junta. Si bien, no existe ninguna
publicación oficial de la Administración andaluza que indique esa supresión.
Rastreando en las
convocatorias de ayudas, concesiones y los ingresos de las subvenciones que
recibió la central sindical andaluza a lo largo de 2012, la perito economista
detecta, según recoge en su informe, cómo se ha destinado dinero de
subvenciones que sólo tienen como fin costear el desarrollo de un determinado
programa para pagar otros gastos corrientes de la estructura del sindicato como
alquileres, mobiliario, asesoría externa jurídica o las nóminas de trabajadores
que no están vinculados a estos programas y que debían cobrar por los ingresos
propios de la organización. «Ello supone claramente, salvo autorización expresa
de los órganos cofinanciadores, una desviación presupuestaria (...) que no está
permitido por las entidades que los financian, en la mayor parte de los casos
cofinanciados por los fondos europeos y las consejerías de la Junta».
Devolución de
partidas
La propia organización reconoció en las cartas de despido
que entregó a los 130 trabajadores fijos-discontinuos que estaban destinando
recursos propios para el desarrollo de unos programas que vienen dotados
presupuestariamente para unos objetivos específicos y no para sostener el
funcionamiento interno del sindicato. La perito concluye de esta manera su
argumentación: «Consideramos que se está incurriendo en una acción que podría
ser hasta ilegal, y que conllevaría la devolución de los importes
subvencionados».
Una y otra vez, el informe subraya la inconsistencia de las
cifras que aporta el sindicato para justificar el recorte de personal; cómo la
organización maneja distintos presupuestos en los que aparecen y desaparecen
capítulos sin explicación alguna. Así ocurre con la entrada de dinero a través
de los programas de fomento de empleo de carácter finalista. En la
documentación entregada a los trabajadores aparece la subcuenta sobre este
concepto «a cero» cuando a fecha de noviembre del año pasado la central
andaluza había percibido más de 23 millones.
141 millones
concedidos
Este dinero, como refleja el documento de la primera página,
corresponde a la convocatoria de 2011, ya que estos programas se abonan tras su
ejecución. Pero como consta en la documentación entregada al Alto Tribunal,
entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, al sindicato le aprobaron programas
por importe de 141 millones de euros la Administración andaluza. Y lo que
cuestiona aún más la justificación de los despidos de trabajadores porque se ha
cerrado el grifo de las ayudas, según alega la organización: Para este año,
UGT-Andalucía ha concurrido a convocatorias de programas como el Orienta o
Fomento que supuestamente se habían eliminado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario