El exalcalde de Puerto Real utilizó el dinero del
soterramiento para tapar agujeros
El crédito suscrito por el Ayuntamiento de Puerto Real en
2009 con La Caixa y Cajasol para afrontar la obra del soterramiento del tren se
destinó a pagar nóminas de los funcionarios y a rebajar parte de la deuda
municipal. El entonces alcalde de la localidad, José Antonio Barroso, de IU,
aprovechó la concesión de este préstamo, valorado en 9,6 millones de euros,
para mantener con vida la hacienda municipal. En ese momento, el consistorio
puertorrealeño estaba en bancarrota, sumido en una deuda que superaba los 138
millones de euros. Estos son algunos de los apuntes que figuran en la documentación
que maneja la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Puerto
Real para aclarar el desvío de estos fondos y de los que ha tenido conocimiento
LA VOZ.
La comisión se constituyó el pasado 5 de abril y está
compuesta por representantes de las seis formaciones políticas que integran la
Corporación local. El pasado martes 23 de abril tuvieron la segunda reunión en
la que debatieron sobre la información aportada por las distintas áreas del
Ayuntamiento en la que se recoge como ese dinero se solicitó para pagar parte
de una obra pública y, sin embargo, se destinó a otros fines.
Este periódico ha podido saber que la situación económica
del consistorio de Puerto Real era especialmente grave en la última etapa de
gobierno de Barroso. Un año antes de las elecciones municipales de mayo de
2011, Barroso pactó un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE. En ese momento,
el Ayuntamiento debía más de 30 millones de euros a la Seguridad Social, 27
millones al servicio de limpieza y recogida de basuras, casi 43 millones a
proveedores y 26 millones a los bancos. La situación era insostenible. Además,
el Estado había cortado su aportación a la hacienda local ante los débitos que
acumulaba con la Agencia Tributaria.
La obra del soterramiento del trazado ferroviario de Puerto
Real forma parte de un acuerdo a tres bandas, firmado en 2007. El Ministerio de
Fomento, la Junta y el Ayuntamiento de la localidad se comprometían a sufragar
este proyecto de tal forma que el Estado asumía el 60% de su coste, mientras que
las otras dos administraciones se repartían el 40% restante a partes iguales.
La obra se adjudicó en 2008 a la UTE Sando-Azvi por 46 millones de euros y un
plazo de ejecución de 30 meses. Los trabajos se paralizaron en 2010 por los
impagos de las certificaciones de obra correspondientes a la parte municipal.
El Ayuntamiento, entonces en manos de Barroso, no cumplió con el acuerdo,
mientras que el Estado y la Junta afrontaban los principales desembolsos. La
comisión de investigación confirma ahora que ni un euro del préstamo suscrito
por el Ayuntamiento se destinó a la obra.
La obra se reactivó a finales de 2012 gracias a la mediación
de la alcaldesa, Maribel Peinado, que logró firmar en verano un nuevo acuerdo
con el Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento ya ha pagado su parte. Los diez
millones que necesitaba el Consistorio puertorrealeño los ha sacado, por un
lado, de una línea de crédito ICO (6,7 millones de euros) y, por otro, de la
expropiación de los terrenos en el Trocadero para continuar con la línea
ferroviaria de La Cabezuela. Este suelo se ha permutado al Estado por la deuda
del soterramiento. No obstante, en su cuenta de resultados aparece la deuda de
9,6 millones de euros del préstamo suscrito en 2009 y que ahora toca pagarlo.
Argucia legal
El exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, ha
asegurado en varias ocasiones que el crédito solicitado fue una «argucia legal»
para rebajar la carga financiera del consistorio. Ha insistido en que el dinero
del soterramiento se obtuvo a través de un convenio con la Junta en Las Aletas,
de la expropiación de suelo en La Cabezuela y de un acuerdo para la
urbanización de la superficie que quedaría tras la desaparición de las vías.
Las conclusiones de la comisión de investigación se
conocerán en breve y será entonces cuando se decida si este caso se eleva a
pleno para exigir responsabilidades o, por el contrario, se traslada a la
Justicia. La solicitud de una comisión de investigación se aprobó el pasado
septiembre. El grupo de Los Verdes, que cuenta con representación en el pleno
local, pidió entonces la puesta en marcha de una comisión para depurar
responsabilidades y averiguar dónde fueron a parar esos fondos. La iniciativa
contó con el apoyo del actual Gobierno municipal, que cuenta con mayoría en la Corporación.
La comisión se constituyó en abril, justo cinco meses después de ser aprobada
la propuesta. Está comisión está formada por los ediles Jesús Plaza (PA), Ana
Mosquera (PSOE), José Alfaro (IU), Christian Castaño (PP) Iván Canca (Los
Verdes) y Ricardo Jiménez (Ciudadanos por el Río).
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