La jueza argentina admite el escrito contra Martin Villa,
Utrera Molina, Fernando Suárez y Billy el Niño, entre otros
(la foto no pertenece al articulo) Los ex ministros
franquistas Martín Villa, Fernando Suarez González y José Utrera Molina (suegro
del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), los policías de la brigada
social Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), el guardia civil Jesús
Muñeca Aguilar famoso por su intervención en el golpe de estado del 23-F o el
juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro, son algunos de los
nombres presentes en el escrito de imputación que ha admitido la jueza
argentina María Servini de Cubría quien investiga los crímenes del franquismo,
según ha manifestado a ELPLURAL.COM fuentes de los querellantes. La jueza debe
presentar un exhorto ante el Fiscal General del Estado para que estas personas
comparezcan ante ella. Si no lo hacen, la magistrada emitirá orden de busca y
captura a través de Interpol.
“Es el mismo
procedimiento que Garzón siguió con Pinochet”, ha explicado a ELPLURAL.COM José
María Galante “Chato”, miembro de la Asociación de expresos y presas del
franquismo La Comuna que figuran entre los promotores de esta querella quien
valora de forma muy positiva la admisión de este escrito de imputación en que
“se piden diligencias indagatorias y se solicita se ordenen detenciones
internacionales”.
Lo que plantean es la
imputación por crímenes de lesa humanidad de responsables concretos y aún vivos
que los querellantes consideran protagonistas de la represión franquista. Entre
ellos figuran los ex ministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González,
José Utrera Molina, los policías de la Brigada Social Juan Antonio González
Pacheco (Billy el Niño), José Ignacio González Giralte, y Celso Galván Abascal;
el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar, el juez del Tribunal de Orden Público
Rafael Gómez Chaparro y el capitán Jesús Cejas Mohedano. Todos ellos figuran en
alguna o varias de las querellas presentadas ante la jueza María Servini de
Cubría como presuntos autores de distintas acciones represivas.
Más de 300 querellas
La red ciudadana
contra los crímenes del franquismo, red AQUA, ha recogido más de 300 querellas
de víctimas de franquismo y más de 6.800 adhesiones, que han sido presentadas
ante la jueza argentina. Estos testimonios incluyen crímenes relacionados con
la guerra civil, presos condenados a trabajo esclavo, niños robados, torturas del
aparato policial franquista y ejecuciones ordenadas por el Gobierno de Franco
entre otros delitos en un periodo de tiempo que va del 17 de julio de 1936 al
15 de junio de 1977. El PLURAL.COM ha sido publicado de forma continuada buena
parte de estos relatos desde que el conjunto de asociaciones decidieron
realizar esta acción ante la justicia argentina que se inició cuando dos
ciudadanos residentes en ese país denunciaron ante la magistrada la muerte y
desaparición de sus familiares en España.
Martín Villa y las muertes de Vitoria
La petición de
imputación de Rodolfo Martín Villa se refiere a su etapa como ministro de
Relaciones Sindicales ya que le señalan como presunto corresponsable de la
muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga que tuvo
lugar el 3 de marzo de 1976. Los representantes de las empresas en lucha se
reunían en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa y aquel
día la Policía asaltó el templo y disparó contra los más de 5.000 obreros que
habían acudido a la asamblea. Cinco personas murieron. Otras 150 resultaron
heridas.
La ejecución de Puig Antich
Otro de los citados
es el falangista José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón. En enero de 1974 fue nombrado Ministro Secretario
General del Movimiento en el primer Gobierno de Carlos Arias Navarro. La
querella contra el franquismo que resalta su firma en el decreto o “enterado”
para la ejecución de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig
Antich. Puig Antich fue condenado a muerte por un tribunal militar tras ser
acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político
Social, Francisco Anguas Barragán. El consejo de ministros dio vía libre a su
ejecución.
Condenas a muerte
En el caso del ex
ministro Fernando Suarez González Fernando Suárez quien era ministro de Trabajo
en 1975 el escrito de imputación le cita como posible corresponsable en la
sentencia a muerte aprobada por el Consejo de Ministros del que formaba parte,
de los últimos ejecutados por el franquismo en septiembre de 1975: José
Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot
y Ángel Otaegui.
Billy el Niño el más denunciado
Juan Antonio González
Pacheco, el policía conocido como Billy el Niño, aparece en 17 querellas de las
presentadas en Argentina por delitos de tortura. También se incluye en el
escrito a otros miembros de la Brigada Política Social, acusados de presuntas
torturas. Se trata de José Ignacio Giralte Gonzalez, Celso Galván Abascal o
Jesús Muñecas Aguilar, capitán de la guardia civil destinado en Euskadi famoso
por su participación en el golpe de Estado del 23 F quien anunció a los
diputados que había que esperar “ a la autoridad militar, por supuesto”.
A Jesús Cejas Moheadano,
capitán militar que fue vocal auditor en el Consejo de guerra que juzgó a
Manuel Blanco Chivite, José Humberto Baena Pablo Mayoral Rueda y Vladimiro
Fernández Tovar los querellantes le denuncian por formar parte del juicio y por
firmar las condenas de muerte. Finalmente solo fue ejecutado Baena, ya que los
demás resultaron indultados.
El juez del TOP que “no creía en torturas”
Por último, se piden
diligencias para la personación de Rafael Gómez Chaparro quien fue juez del
Tribunal de Orden Público. En este caso hay diversas querellas en que se le
cita por el motivo de que se presentaron ante él denuncias por torturas y no
las atendió. Jose María Galante comenta: “Normalmente, los jueces del TOP daban
curso a las denuncias y, eso sí, podía aparecer un médico cinco meses después
del acontecimiento cuando ya no se veía nada. No tenía realmente ningún valor.
Pero Gómez Chaparro, no admitía estas denuncias, no llegó a aplicar ni siquiera
la exigua legalidad de entonces sobre la tortura. Por ese motivo se le ha
incluido, porque había gente que llegaba hecha un auténtico cuadro…”
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