Cerca de 200 mineros del pozo Cerredo toman el Ayuntamiento
de Degaña
"Estamos desesperados y tenemos que hacer algo",
asegura Luis Manuel Fernández del comité de empresa del Grupo Cerredo. Él es
uno de los dos centenares de mineros que han tomado esta mañana el Ayuntamiento
de Degaña para pedir la dimisión de todos los alcaldes del PP de las comarcas
mineras, "porque esto es cosa del PP", comenta este hombre, curtido
en la mina, y que ve cómo ahora la comarca se queda sin parte de su sustento
económico. "Las familias están en una situación límite", señala. Los
trabajadores se han reunido durante una hora con el alcalde del municipio, José
Manuel Fernández, y después han decidido no salir del consistorio. Aseguran que
permanecerán en él hasta las dos de la tarde, pero que esto solo es el
principio, porque cada día acudirán a un ayuntamiento diferente tanto de
Asturias como de León. "Lo único que nos ha dicho el alcalde es que se
tienen que regir por ACOM -la Asociación de las Comarcas Mineras- y que
valorará todas las propuestas", explica desde el consistorio y recuerda
que el ERE ya se está aplicando.
Los trabajadores han
sufrido un ERE de extinción que afecta a 169 mineros de los pozos Cerredo y
Tormaleo, ambos del Grupo Alonso Estas explotaciones cuentan con un total de
261 empleados que, además, ya se encontraban inmersos en un ERE de suspensión
que, en principio, iba a durar hasta marzo y que había dejado a alrededor de
sesenta trabajadores realizando labores de mantenimiento en las instalaciones.
La pasada semana las compañías del grupo de Victorino Alonso
-Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC)- solicitaron a un juzgado de lo
mercantil de Madrid el preconcurso para abrir un periodo legal de negociación
con sus acreedores y renegociar sus deudas. El grupo explicó a través de un
comunicado que se ha visto obligado a recurrir al preconcurso ante la
imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de refinanciación de su deuda
después de que el Gobierno le haya denegado las ayudas del plan del carbón que
le correspondían del ejercicio 2012 alegando que no está al corriente del pago
de las cuotas a la Seguridad Social. Uminsa debía haber recibido 29,3 millones
de euros y CMC 19,8 millones.
La empresa minera
también justifica su decisión en la drástica reducción de su producción,
después de que las eléctricas hayan impugnado la resolución que establecía las
condiciones para la compra obligatoria de carbón nacional en 2013 por
considerar que el precio fijado no cubre los costes reales al no incluir el
impuesto del 7% a la generación y el céntimo verde. «La conjunción de estas
contingencias impide de facto a ambas empresas suministrar su producción y, con
ello, la obtención de ingresos procedentes de la facturación de la misma»,
explica el grupo.
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