AQUALIA - SE HA ABIERTO LA VEDA (ARCOS-JEREZ-EL PUERTO)
A una velocidad del rayo, con un proceso que se inició poco
antes del verano, el Ayuntamiento de Arcos, con graves problemas de liquidez,
sacó provecho el pasado miércoles al vencimiento de una concesión, la del
servicio del agua. Por el cambio de concesión, pendiente de la aprobación del
pleno por la mayoría del PP, va a recibir en los próximos días 2.500.000 euros,
el primer ingreso de los siete millones y medio de euros en plazos por el canon
inicial, que se eleva a 12 millones a los largo de 25 años, el tiempo que dura
la adjudicación a la operadora Aqualia, una de las dos grandes empresas
privadas nacionales del agua, que depende del gigante de la construcción FCC.
Con ello, Aqualia, que ya tenía la concesión de la depuradora, arrebata el
servicio a Gestagua, cuarta operadora del país y que depende de otra
multinacional, la francesa Saur.
Sin embargo, la que es la primera batalla del agua en la
provincia de Cádiz de las próximas que se avecinan dada la situación de asfixia
económica de los municipios no ha terminado aquí. Gestagua planteó un recurso
por supuestas irregularidades en los pliegos de condiciones iniciales, unos
pliegos que ya asumen que los arcenses experimentarán por este cambio de
concesión un incremento en el precio del recibo del agua de nada menos que el
35% de media, y un 70% en los tramos más altos. La oferta de Gestagua para
mantener la plaza no incluía un incremento tan alto en el precio del agua,
pero, pese a ello, la consultora independiente Ingeagua valoró el proyecto
técnico de Aqualia muy por encima del de los otros competidores, la propia
Gestagua y Valoriza, la empresa de agua con la que la constructora Sacyr
intenta introducirse en este lucrativo mercado.
Aqualia, según fuentes del sector, suele agradar mucho en
sus proyectos a Ingeagua, ya que con informes de esta consultora ha ganado
siempre los concursos a los que se ha presentado. Ha sucedido en Sanlúcar,
Moguer, Lepe o Priego de Córdoba. El principal problema en la gestión de
Aqualia se ha producido en Moguer, donde el alcalde socialista, Gustavo
Cuéllar, llegó a calificar de "brutal" la subida que pretendía
Aqualia de un 36%, que es prácticamente la misma que ahora se va a aplicar,
desde enero, en Arcos. En aquella ocasión, la filial del agua de FCC justificó
su pretensión en un desfase entre la previsiones que había hecho con el
anterior gobierno popular y el cobro real.
La provincia de Huelva, de hecho, ha sido un campo de
pruebas para batallas del agua de mayor enjundia. La privatización de los
servicios de agua van a ser una constante a partir de ahora en toda Andalucía.
Lo explica un técnico de una de las grandes operadoras: Hasta ahora, durante la
burbuja, los municipios se financiaban con suelo. Si el municipio tenía espacio
para crecer, mucho suelo, el dinero entraba fácil y continuamente. Ahora, las
empresas municipales de agua, que en su gran mayoría eran enormemente rentables
y que también servían para financiar a los ayuntamientos con sus beneficios,
son las joyas de la corona. Lo que pasa es que el agua sólo se puede vender una
vez cada 25 años. Es dinero contante y sonante que se inyecta directamente en
ayuntamientos que, en muchos casos, no tienen ni para pagar las nóminas. El
agua es oxígeno económico.
Ese es el oxígeno que ha buscado Arcos y el motivo de que,
pese a la existencia de un recurso que ni se ha estimado ni se ha desestimado,
el proceso haya finalizado para caer en manos de quienes todos los que conocían
el concurso sabían que era el favorito. Sebastián Ruiz, concejal de
infraestructuras de Arcos y senador del PP, restaba importancia al recurso
presentado por Gestagua el pasado viernes. E incluso no lo entendía muy bien:
"A Gestagua no le han gustado los pliegos, pero el concurso no ha
terminado". En realidad, las tres operadoras que concursaban sabían ya
cuál iba a ser el resultado del concurso.
Julio Delgado, concejal del PSOE en Arcos, que ha estado en
todo momento en la mesa del concurso, tiene claro lo que votará en el pleno en
el que cambie la concesionaria: "No. El proceso ha sido muy oscuro y yo no
soy quién para decir si Gestagua tiene razón o no en su recurso, pero sí parece
claro que el informe inicial de los pliegos que se aprobó no era el mismo que
habían redactado el secretario y el interventor. En cualquier caso, el
principal problema en todo esto es que los ciudadanos van a sufrir un
incremento en el recibo del agua que a nosotros nos parece
desproporcionado".
Por su parte, Gestagua, que ya litigó en 2002 cuando el
gobierno popular le arrebató la concesión para entregársela a Aqualia
argumentando mal servicio y reconquistó la concesión en el TSJA en 2006, no
está dispuesta a dejar las cosas así. Su recurso sigue adelante. De momento,
son los técnicos municipales, no políticos, los que tienen que estimar o
desestimar, pero el cambio de concesión puede tener un recorrido en los
tribunales. Es mucho dinero lo que está en juego. Los tribunales no fallarían
antes de dos o tres años y al Ayuntamiento de Arcos, como sucedió en 2006, le
podría costar una indemnización.
Pero el caso de Arcos es sólo un ejemplo de lo que queda por
pasar dentro del negocio del agua. Las operadoras, que no son muchas -las dos
principales son Aqualia y Aquagest, pero hay muchas pequeñas y medianas, como
Gestagua, que buscan tajada en la privatización del agua-, están dispuestas a
librar grandes batallas por quedarse con una porción de un mercado muy
apetecible. Consiste en quedarse con las concesiones, encarecer el servicio y
recuperar las cantidades que hayan tenido que aportar como canon a 25 años. Por
eso, las constructoras, como Sacyr, se reconvierten en operadoras de agua.
En la provincia los dos municipios que el sector tiene
marcados con una diana son El Puerto (Apemsa) y Jerez (Ajemsa), una vez que
Algeciras haya llegado a un acuerdo de buen entendimiento entre un grupo de
empresas para repartirse los distintos apartados de la gestión del agua. En El
Puerto y Jerez ambas son empresas municipales, con lo que de lo que se está
hablando es directamente de la privatización de un servicio público.
Estos movimientos han propiciado la creación de plataformas
ciudadanas en contra del proceso. Simón Candón, colaborador de la Coordinadora,
ha enviado a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo una carta en la
que explica la postura de los detractores de la privatización: "Con un
bien escaso y de primera necesidad, no se juega (...) Usted tiene una gran
responsabilidad ante los ciudadanos de Jerez. Ya dijo su teniente de alcalde,
Antonio Saldaña, que si fracasaba el plan A (venta de Aguas de Jerez), no tendría
más remedio que sacar el Plan B. Pues empiece primero con el Plan B y deje en
paz al Plan A, que es el pan duradero de todos los ciudadanos de
Jerez".
A lo que se refiere
Candón es a los dos intentos de subasta de Ajemsa, que han quedado desiertos. Las
operadoras consideran que Ajemsa es una empresa sobredimensionada en el
personal, con sueldos muy altos y un porcentaje muy bajo de personal
cualificado. Esa fue la excusa. La realidad es que se intentaba bajar el precio
del canon. Los propios operadores reconocen que el proceso de Jerez "está
siendo muy limpio". Limpio significa que la privatización de Ajemsa, que
pilota Antonio Saldaña, un valor emergente del PP, se hará, básicamente, al
mejor postor. El favorito es Acciona, de la familia Entrecanales, que se ha
convertido en el tercer operador español tras ganar el concurso de Aguas de
Llobregat. Acciona está apostando fuerte por el agua y eso supone disponer de
mucho dinero para pagar cada canon en el que se presenta. En el caso de Jerez,
pese a la situación calamitosa de las arcas municipales, el Ayuntamiento se
está manteniendo firme. Por menos de 80 millones de canon para 25 años, Ajemsa
no se privatizará.
El caso de El Puerto es distinto. Aqualia, al igual que en
Arcos, lleva meses posicionándose para quedarse con Apemsa. Hay curiosidad en
el sector por saber en cuánto se va a poner el canon, que se moverá, según
explican los expertos entre 10 y 15 millones. Dependiendo de ese canon, se
sabrá hasta qué punto sube el precio del agua. Porque lo que es seguro es que
el agua ya es un impuesto indirecto para pagar las asfixias municipales.
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