Ser consejero en la Cámara de Cuentas de Madrid: 7.000
euros, coche oficial y chófer
Ver para creer, que diría el clásico. En España todavía hay
organismos públicos inmunes a la crisis. Este es el caso de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad Madrid, que ajena a los recortes, y, en general, al
ajuste del gasto público, mantiene sus privilegios en estado puro. Varios
ejemplos. El sueldo de cada uno de los siete consejeros -un presidente, un
vicepresidente y cinco vocales- supera los 7.000 euros mensuales (incluida
productividad); todos y cada uno tienen coche oficial y chófer, y lo que no es menos
relevante, disfrutan de los mismos beneficios extrasalariales que los diputados
de la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, en transportes o asistencia sanitaria.
n dato ilustra el
estado de la cuestión. El presupuesto anual de la Cámara de Cuentas se sitúa
(año 2012) en 7,73 millones de euros. ¿Mucho o poco? Lo relevante es que el
presupuesto se utiliza para elaborar informes destinados a fiscalizar las
cuentas de la Comunidad de Madrid, que ha creado un entramado de caso 200 entes
públicos, según la información remitida a Hacienda.
¿Y cuántos informes de fiscalización se redactan al año?
Pues en 2011 la cosecha se cerró con once informes, lo que supone que cada uno
de ellos costó al erario público algo más de 700.000 euros. El año pasado, sin
embargo, no fue mala cosecha, toda vez que entre 2007 y 2009 el número anual de
informes de fiscalización se situó en ocho, lo que supone a casi un millón de
euros el expediente. Y eso que la Comunidad de Madrid cuenta con 179 municipios
a quienes también debe fiscalizar el fiscalizador.
La función de la
Cámara de Cuentas, sin embargo, también se extiende a la realización de
informes de asesoramiento. ¿Y cuál es el resultado? Pues según el propio
organismo, en este caso la cosecha es mucho más magra: uno. Y desde luego que
con sabor añejo. El último se realizó en 2003, en plena bronca sobre el control
de la Comunidad de Madrid tras el llamado ‘tamayazo’.
Lo de los coches
oficiales para los altos cargos no es, desde luego, una pesada herencia
recibida. Muy al contrario, y como contó este periódico, en agosto del año
pasado, hace apenas catorce meses y en plena crisis económica, el diario
oficial de la Comunidad de Madrid publicó una resolución para renovar los ocho
coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la
secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente
directamente de la Asamblea, valoró el contrato en 471.380 euros, casi 60.000
por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. Según la resolución, la Cámara
podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016),
equivalente a 327.873 euros. O prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio
de otros 143.507 euros.
¿Y quienes lucen tan
preciadosos vehículos? Pues en su mayoría políticos profesionales que un día
tuvieron cargo público y que hoy han pasado a la reserva, aunque activa a la
vista de sus emolumentos.
Políticos profesionales
El presidente, por
ejemplo, es Arturo Canalda, quien en su perfil de la página de Linkedin acredita
haber sido administrativo de El Corte Inglés entre 1986 y 1991. A partir de ese
momento, ha hecho carrera política dentro del Partido Popular (PP) de Madrid,
valiendo lo mismo para un roto que para un descosido. Ha sido Defensor del
Menor, viceconsejero de Sanidad, delegado de seguridad del ayuntamiento de
Madrid y director gerente del Canal de Isabel II, además de haber asesorado a
los ministros del Interior y Educación durante los primeros años de Gobierno
del PP en la época de Aznar. Un completo periplo político que le ha llevado
hasta la presidencia de un órgano clave para controlar el gasto público en la
Comunidad de Madrid.
Canalda no es, desde
luego, el único con una dilatada carrera política. En la Cámara de Cuentas, por
ejemplo, se sientan dos veteranos políticos del PSOE madrileño: el abogado
Emilio García Horcajo y Ángel Luis del Castillo. El primero fue concejal de
Seguridad del ayuntamiento de Madrid en los tiempos de Enrique Tierno Galván
como alcalde, hace casi 30 años; mientras que el segundo fue diputado
socialista en la Asamblea de Madrid. Ninguno de los dos con experiencia
profesional en la auditoría de cuentas públicas o privadas.
García Horcajo y Del
Castillo no son, desde luego, los únicos, con amplia experiencia parlamentaria.
Un viejo conocido de la política, Marino Díaz Guerra, se sienta en la Cámara de
Cuentas madrileña. Díaz Guerra fue subsecretario de Presidencia y del
Ministerio de Trabajo en el anterior Gobierno de José María Aznar, y su
experiencia profesional en la fiscalización de organismos púbicos vuelve a ser
nula. Exactamente igual que Concepción Ruano, nombrada en la lista del PP.
Ruano es esposa de Ildefonso de Miguel, y en este caso, lo
relevante es que De Miguel fue durante años gerente del Canal de Isabel II, una
de las empresas que debería fiscalizar la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid. Tuvo que dimitir tras salir su nombre en la presunta concesión
irregular de algunos contratos. Como se ve, todo queda en casa.
Incluso el
presupuesto. Nada menos que el 84,2% del gasto se destina a pagar al personal,
que no es un personal cualquiera, al menos en los niveles altos. La Cámara
cuenta con 11 funcionarios directivos con categoría similar a la del nivel 30
(directores generales), cuyas retribuciones son las más elevadas del sector
público. Alguno, incluso, llegó a ocupar puestos de dirección en la antigua
secretaría general del Movimiento.
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