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martes, 21 de agosto de 2012

EL ULTIMO AÑO DEL CHOLLO PARA UGT-CCOO Y LA PATRONAL


El último año del chollo para UGT –CCOO y la patronal

(la foto no corresponde al articulo) La gallina de los huevos de oro hace ya tiempo que dejó de dar alegrías. La crisis ha propiciado la caída del negocio privado y, por ende, de los impuestos con los que se han nutrido las administraciones públicas. La Generalitat se encuentra azotada por el huracán económico hasta tal punto que incluso ha tenido que pedir al Gobierno ayuda financiera que se eleva a 10.500 millones. Eso sí, el Consell inició hace poco más de un año un proceso de adelgazamiento en su estructura que no solamente va a alcanzar de pleno al sector público empresarial y fundacional, sino también a aquellas entidades que viven a costa del erario público valenciano, los llamados agentes sociales: los sindicatos y las organizaciones empresariales.

 El actual es el último año en el que estos organismos van a nutrir sus presupuestos de las subvenciones públicas de la Generalitat, que en este 2012 ascienden a casi 23 millones de euros.

 El actual es el último año del chollo porque en 2013 el presidente Alberto Fabra quiere que Les Corts aprueben la ley de Participación y Colaboración Institucional, con la que poner coto a estas subvenciones que prácticamente se concedían por ser estos organismos los que eran, ha comentado en más de una ocasión el vicepresidente del Consell, José Císcar, e incluso el propio jefe del Consell. A partir de entonces sólo podrán tener asegurado casi un tercio de esos 23 millones. Al margen queda la deuda económica que mantiene el Consell con esas entidades, especialmente por cursos de formación, que, según las fuentes consultadas, irá pagando.

 Hasta ahora los sindicatos mayoritarios en el ámbito económico de la Comunitat y sus partenaires, las organizaciones empresariales, han nutrido las cuentas de sus bancos desde la subvención autonómica. Ha sido esta una manera de que el PP tuviera calmados durante años a las fuerzas sociales, por un lado, y por otro, fidelizados a los empresarios que han puesto su cara y su aplauso a la hora de respaldar iniciativas políticas en los años de bonanza. La Generalitat ha contribuido en ambos casos a mantener la representación de los agentes sociales a los que se supone representativos de la sociedad aunque no sea la sociedad en general la que elija a sus representantes entre esas tres entidades sociales.

 El caso es que a partir del año que viene, cuando se apruebe la ley que impulsa el presidente Alberto Fabra, UGT-PV puede ir olvidándose de tener en sus cuentas de manera directa 6,5 millones de euros como los que se llevará este 2012 del Gobierno de todos los valencianos.

 CCOO-PV tendrá que empezar a hacer lo mismo que el sindicato socialista y despedirse de los 6,3 millones de euros que obtendrá durante el actual ejercicio.

 Mientras tanto, la organización patronal autonómica, Cierval, deberá mirar también a sus ya viejos compañeros de baile en esta democracia valenciana y empezar a pensar que los 10 millones de la Generalitat que recibirá este año en sus cuentas pasarán a la historia como los últimos que obtengan sin efectuar un esfuerzo y su consiguiente resultado.

 UGT, por ejemplo, tiene previsto percibir este año de los presupuestos de la Generalitat poco más de 4,48 millones de euros por sus actuaciones en materia de fomento de empleo. Por los mismos conceptos, CC OO consigue prácticamente la misma cantidad que su sindicato casi hermano, 4,46 millones de euros. Cierval, por su parte, eleva ligeramente la cantidad a 4,58 millones de euros por asuntos relacionados con la formación.

 El sindicato socialista obtiene, además, 90.000 euros de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente para efectuar acciones medioambientales. En el mismo caso se halla CCOO, que también engrosa sus arcas con esa cantidad.

 En este apartado medioambiental es la organización empresarial la que más pesca de la Conselleria de Infraestructura y Medio Ambiente, con 252.000 euros por este concepto.



Durante el proceso negociador entre los sindicatos y el Consell a finales del pasado invierno los representantes sindicales en la Mesa de General se quejaban de que les echaran en cara que cobraban por asistir a ese tipo de reuniones. Y lo negaban. En los presupuestos de la Generalitat para 2012 destinados a UGT, CCOO y Cierval hay una partida de 5.000 euros para cada sindicato y 10.000 para la patronal con el fin de satisfacer lo que parece ser la prestación de un servicio.

 Cuando se nombran las palabras sindicato y patronal lo primero que a cualquiera bien intencionado le viene a la cabeza es la expresión negociación colectiva. Pues hasta de eso cobran unos y otros: 18.000 euros cada sindicato y el doble Cierval.

 Esta subvención se encuentra en un apartado de gastos diversos en el que la organización patronal es la que más dinero obtiene, 409.500 euros por un convenio entre la Generalitat, Cierval y la patronal nacional, COE, además de los ya mencionados 36.000, otros 52.000 por responsabilidad social de las empresas y 141.910 euros por la participación en el observatorio sobre la industria y sectores económicos.

 Los dos sindicatos no suman el casi medio millón de euros porque no tienen convenio con la Generalitat, pero sí consiguen cada uno de ellos 26.000 euros por la responsabilidad social de empresas y 68.930 euros más por su participación en el observatorio sobre la industria y la economía, donde acompañan a los dirigentes empresariales.

 Sin embargo, consiguen cada uno de ambos 11.000 euros de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte por el fomento del valenciano. Por fomentar los símbolos autonómicos desde luego que no, porque en sus manifestaciones no se suelen portar por parte de los organizadores ninguna Senyera, cuando sí incluyen enseñas propias de otras comunidades autónomas, incluso en sus propios logotipos y tanto UGT como CCOO llevan el apellido País Valencià que no reconoce el Estatuto como denominación oficial.

 Los agentes sociales tienen en su poder el proyecto de ley que quiere el presidente Fabra aprobar el próximo año y que entre cuanto antes en vigor. Cuando el jefe del Consell anunció a patronal y sindicatos sus intenciones no pareció que les agradara en demasía. Quizá por eso UGT, ante la previsión de la caída de sus ingresos, haya planteado su segundo ERE en los últimos nueve meses, con la esperanza de que le aprueben 35 despidos. En el que propuso el pasado 20 de noviembre consiguió que le autorizaran 13, aunque había solicitado hasta 34 despidos.

 Con la amplia denominación de «ley de la Generalitat de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales representativas de la Comunitat» -todavía es un futuro anteproyecto- pretende regular las ayudas y subvenciones del Gobierno valenciano a los agentes sociales «para el cumplimiento de sus fines propios de interés general».

 La futura ley «consagraría una distribución presupuestaria que otorgaría hasta el 30% de dicha consignación para la participación institucional. El resto, un 70%, iría destinado para la colaboración institucional», afirman fuentes del Consell. O lo que es lo mismo: de la cantidad que actualmente perciben sindicatos y patronal, a partir de la aprobación de la ley podrán contar con un 30% fijo y el restante 70% será variable en función de los puestos de trabajo que ayuden a generar las iniciativas que emprendan, acotaron las mismas fuentes.

 «La colaboración institucional consagra el principio de 'recursos por resultados'», señalan desde el Consell.

 Pero este anteproyecto, además, regula el régimen de esas ayudas. Quien quiera optar a las subvenciones dentro del apartado de colaboración institucional se la tendrán que ganar porque «se tramitará preferentemente en régimen de concurrencia competitiva».

 Además, habrá cuatro criterios objetivos de valoración para concederlas. El primero es que se tendrá en cuenta, en especial, «el número de beneficiarios a los que se dirijan los cursos de formación u otras acciones formativas» y se valorará que estas actuaciones se dirijan a los parados, y dentro de ellos, a los jóvenes sin empleo.

 El segundo es que se primará el desarrollo de planes, programas, proyectos o actuaciones institucionales distintos de la formación «que fomenten la igualdad de género en el empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral».

 El tercero de ellos se refiere a actuaciones que fomenten la integración laboral y social de personas con discapacidad o inmigrantes.

 El último criterio que prevé el anteproyecto legislativo es el que habla de evaluar «muy especialmente otras actuaciones que impulsen la actividad económica y sociolaboral o dinamicen el mercado de trabajo contribuyendo a la generación de empleo» o que contribuya a favorecer a los emprendedores o ayuden a la creación de nuevas empresas, con la consiguiente creación de puestas de trabajo.

 «Se trata de un texto normativo pionero en España que consolida un modelo valenciano de participación institucional vanguardista, innovador y transparente», aseguran desde el Consell.

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