En los albores del escándalo, la Junta de Andalucía aseguró que la partida 31-L, el famoso «fondo de reptiles», era una cosa de «cuatro golfos». A medida que sigue la investigación y la juez Mercedes Alaya, que advirtió que estaba «en el último escalón de la pirámide», continúa avanzando, se demuestra que no es menor.
Mercasevilla, ERE o Invercaria ponen nombre al mayor escándalo de corrupción de Andalucía, que revela un total descontrol del dinero público y que tiene contra las cuerdas no solo a este Gobierno, sino a los que le precedieron.
Los abusos se prolongaron durante más de una década. Dicen fuentes judiciales que solo ha salido un veinte por ciento, pero de momento el escándalo no se limita a un ex director general de la Junta en prisión (Francisco Javier Guerrero). Va más allá. En el ámbito penal ya hay un exconsejero, un exviceconsejero, un ex delegado provincial y tres directores generales imputados. Pero el cerco se va estrechando y afecta a lo más alto de la pirámide.
Manuel Chaves. El que fuera presidente andaluz casi veinte años era máximo responsable cuando todo comenzó y mantuvo diez años a Guerrero en la dirección general repartiendo ayudas a su antojo. Ha dicho que no conocía a Guerrero, pero el ex director general antes de ir a la cárcel dejó claro que tanto Chaves como Viera (exconsejero) o Mar Moreno (portavoz del Gobierno) lo sabían.
Denunció que recibió una carta del gabinete de Presidencia para que solucionase un problema de Vilore porque Chaves iba a acudir a visitar esa empresa. No es el único escándalo que le salpica. También fue responsable de mantener a Tomás Pérez Sauquillo (amigo de la infancia del exconsejero Francisco Vallejo) al frente de Invercaria, la agencia que prestaba dinero sin control ni criterio y que ordenó elaborar informes falsos a posteriori.
José Antonio Griñán. El presidente de la Junta tiene a un alto cargo de su gobierno imputado, el director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor, también miembro de su gabinete, Juan Márquez, que ayer se negó a declarar ante la Guardia Civil alegando que quiere conocer a fondo el sumario antes.
Negó los hechos y dijo que hablará ante la juez. También está imputado de su gabinete el exviceconsejero Agustín Barberá. A eso se une que rubricó un incremento de 1,2 millones de una partida, la 32-H, a la 31-L (la bautizada por Guerrero como «fondo de reptiles»).
Pese a todo Griñán no ha permitido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento durante todo este tiempo. El escándalo Invercaria le da de lleno por poner de presidenta a Laura Gómiz, que fue pillada en una grabación cuando admitía que se hicieron informes falsos.
José Antonio Viera. El exconsejero de Empleo y ex secretario general del PSOE de Sevilla es una pieza clave. Durante los tres días que declaró Guerrero, no paró de insistir en que obedecía criterios del consejero. Y que su influencia siguió tras dejar el cargo. Guerrero aseguró que Viera, muy vinculado a la Sierra Norte de Sevilla, fue quien le indicó que concediese las ayudas a las empresas de Borbolla, hermano del exvicepresidente de la Junta.Todo apunta a que la juez podría inhibirse y enviar el caso al Tribunal Supremo, ya que Viera es aforado por ser diputado.
Gaspar Zarrías. Fue señalado por Guerrero como conocedor de todo lo que estaba ocurriendo. Y Zarrías, que ha aparecido en una foto con Guerrero, presidía los consejillos a los que, segun Guerrero, llegaba el tema de las ayudas.
Antonio Fernández. El exconsejero de Empleo está imputado en la trama y ayer se conoció que la juez Alaya lo ha citado a declarar el próximo 19 de abril.
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