La medida, que se acordó por unanimidad en la Mesa General del Empleado Público del pasado 23 de dicembre, se hará efectiva mediante la modificación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Este documento fue suscrito por el Gobierno regional y los sindicatos UGT, CSI-CSIF, CCOO, SAE-USCAL y CEM-SATSE en junio de 2006, en un contexto económico muy distinto del actual. De ahí que a finales de 2011 la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, iniciara un proceso de diálogo con las organizaciones firmantes del acuerdo con el objetivo de acomodarlo a las restricciones presupuestarias de este momento.
Según informa la Junta, la negociación fructificó en la decisión de rebajar el 31% el número de empleados públicos que, por desarrollar tareas sindicales a tiempo completo, están eximidos de acudir a sus centros de trabajo. Es decir, que el número de liberados en la Administración regional pasará de 950 a 658, lo que supone un descenso de 292. La disminución se efectuará en dos fases: este año se eliminará el 40 por ciento de esa cantidad, y en 2013 el 60 por ciento restante.
El acuerdo incluye una cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía, que determina que sólo se retornará a la situación inicial si el Producto Interior Bruto (PIB) interanual de la comunidad supera el 2,5% durante dos trimestres consecutivos.
La nueva regulación entrará en vigor con carácter general el próximo 1 de marzo. La única salvedad es el sector educativo, donde será efectiva a partir del 1 de julio para acomodar su aplicación al curso escolar. En cuanto a su duración, está previsto que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2017.
fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/23/castillayleon/1330004692.html
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