Grande-Marlaska cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y ya se ha dirigido a los tres administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) que gestionan la entidad para que le remitan cualquier documentación de la que se deriven indicios de irregularidad.
El querellante, un abogado de Murcia llamado Diego Ramón, sostiene que la situación que vive la caja alicantina, intervenida desde el mes de julio por el Banco de España y que ha declarado pérdidas de casi 1.200 millones de euros, es imputable a la gestión de Amorós. La entidad, que hasta el mes de marzo aseguraba estar en beneficios, está en una situación límite, con un agujero estimado de 5.000 millones de euros, que podrían aumentar hasta 16.000 por su elevada exposición al ladrillo.
Amorós llegó a la dirección de la CAM el pasado enero, en sustitución de Roberto López Abad, máximo ejecutivo de la caja durante los años del 'boom' inmobiliario y que se prejubiló meses antes de la intervención con una indemnización de seis millones de euros.
La ex directora de la CAM se asignó un sueldo vitalicio de 360.000 euros cuando la caja estaba colapsada y después fue despedida sin indemnización por el Banco de España. No obstante, ha solicitado judicialmente su reingreso en el cargo y se ha apuntado al paro.
fuente: elmundo
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