Cobra 327000 € de un ERE falso, lo imputan y se queja de injusticia

No tenían respuesta o no quisieron dársela. Dos de los beneficiarios de prejubilaciones fraudulentas citados ayer por la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, se acogieron a su derecho a no declarar para no aclarar ningún detalle de las pólizas supuestamente ilícitas que le abonó la Junta de Andalucía por ser incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados por empresas donde nunca habían trabajado.


Se trata de Victorina M.P., suegra del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, imputado por facilitar jubilaciones anticipadas a familiares, amigos y afiliados del PSOE, así como el ex futbolista «Pizo» Gómez, que suscribió con la Junta una póliza individual de 460.742 euros. La Fiscalía Anticorrupción solicitó para ella una fianza de 256.000 euros. Victorina M.P. fue «colada» en un ERE que presentó el grupo SOS Cuétara pese a no tener ninguna vinculación laboral con él. La Consejería de Empleo abonó 3,4 millones de euros por los despidos de 32 empleados de la firma. La suegra de quien gestionaba el llamado «fondo de reptiles» fue receptora de dos pólizas, una de 155.900 euros correspondiente al ERE y otros 74.176 más procedentes de una póliza individual.

Quien sí hizo declaraciones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla fue Antonio G.P., un delegado sindical de UGT que fue incluido en un ERE de la empresa Muebles de Madera Promi SL, ubicada en la localidad cordobesa de Cabra, a pesar de que dos años antes ya había sido despedido por esta empresa (cobrando 60.000 euros de finiquito) y no tenía derecho a otra póliza que ascendía a 327.157 euros.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, este intruso relató que «el único culpable de esta situación es la Junta de Andalucía y los cargos que la ocupan, que han estado revisando y aprobando dichos EREs». Es más, añadió que tanto él como su familia «lo que están padeciendo es una injusticia», pues su nombre está «por los suelos» y «los últimos días en los medios lo dieron por prófugo y su familia padeciendo. ¿Quién se responsabiliza de todo esto?», se quejó. El Ministerio Fiscal ha pedido que se le imponga una fianza no inferior a 110.000 euros.

Silencio de «Pizo» Gómez

También fue citado en los juzgados sevillanos el ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como «Pizo» Gómez, que se negó a declarar. Su abogado, José María Calero, protagonizó un incidente con la magistrada cuando ésta le preguntó al ex jugador del Athletic de Bilbao y del Atlético de Madrid por qué aparecía como titular de nueve cuentas bancarias. Ante las sucesivas preguntas que le fue planteando Mercedes Alaya, el letrado del ex futbolista empezó a hacer gestos a su defendido, lo que provocó que la juez le llamara la atención. Finalmente, el abogado acabó abandonando la sala y continuó el interrogatorio sin que «Pizo» Gómez, receptor de una póliza individual de 460.742 euros, contestara a ninguna de las cuestiones. En su declaración previa ante la Policía Judicial, afirmó que la Junta recurrió a esta fórmula para pagar a su empresa, de la que él era delegado en Navarra, unos cursos de prevención de riesgos laborales, y el documento se puso a su nombre.

fuente: ABC