El presidente del comité de empresa de Imtech, José María Reula, adelantó la celebración hoy de una reunión interna del comité para valorar qué medidas tomar tras la aprobación del expediente temporal.
Tras este encuentro previo, la intención del comité es programar una asamblea con los trabajadores afectados en la que “tomaremos decisiones”.
En este sentido, Reula prevé que “seguramente” se acuerde la convocatoria de huelga, previo paso por la mediación del Sercla, como respuesta a las condiciones que el expediente recoge en el caso de Imtech. El presidente del comité mantiene que “no hemos dado por bueno el ERTE, ya que entendemos que el periodo de consultas ni se ha abierto ni se ha cerrado”.
Por otra parte, Reula alega que “las condiciones de las contratas vuelven a ser peores. Nosotros vamos al 50% del salario y los trabajadores de Acerinox al 100%. Hay distintas varas de medir y parece que somos de tercera categoría”. Reula aseguró también que “la Junta se ha columpiado otra vez” con la aprobación del expediente ya que “es responsable.
Cabe señalar que el director de Imtech España, Ignacio Labella, fue cesado de su cargo el pasado día 6 de julio. Para Reula, la destitución se basa “en su mala gestión, con amenazas contantes de traslados y despidos a la plantilla. No ha cogido ningún trabajo nuevo más allá de los que tenía Mavisa. Ha habido dejadez en la empresa”.
Expediente aprobado
La Delegación Provincial de Empleo ha autorizado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitado por Acerinox para un plazo de seis meses y sustentado en las previsiones de bajada de producción. Paralelamente, la Administración andaluza ha dado luz verde a las peticiones de las empresas auxiliares de la acería ya presentadas.
El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, derivó las responsabilidades de la aprobación del ERTE hacia la legislación laboral vigente. El delegado adelantó que es “posible” que el expediente no tenga sentido más allá del mes de octubre”, fecha en la que los problemas de producción planteados por la acería estarían resueltos.
En este sentido, cabe recordar que, tradicionalmente, la producción suele descender cada año en los meses estivales por la disminución de la demanda. Así, el presidente del comité de empresa de Acerinox, Francisco Mora, confirmó ayer domingo que la factoría opera actualmente al 70% de su capacidad. Si embargo, con los pedidos registrados hasta ahora para agosto, la planta operaría en ese periodo al 50%.
Si bien Bouza había mantenido un discurso netamente contrario a la solicitud, las peores previsiones de las empresas auxiliares de la acería tomaron forma tras la aprobación del expediente temporal.
Las plantillas de las contratas pidieron negociar de forma conjunta las condiciones ya que, mientras la acería completará el salario hasta el 100%, los empleados de auxiliares no disfrutarán de la misma situación.
Mientras, la plantilla de Acerinox respira tranquila ya que mantendrá sus condiciones económicas y salariales, alejando el fantasma de posibles despidos de personal.
Si bien Acerinox no planteó esta opción de forma directa, sí que hizo referencia a los despidos de sus competidores directos en otras plantas europeas. Esta amenaza velada, y el mantenimiento de las condiciones del Plan Social de Acompañamiento, provocaron el respaldo del 78% de la plantilla a la solicitud.
Con todo, la aprobación del expediente, que en principio afectará a 1.663 trabajadores durante el 50% del mes, choca frontalmente con los beneficios obtenidos por la acería en el primer trimestre del año.
En ese periodo, la factoría comarcal acumuló unas ganancias de 15,5 millones de euros, dentro de los 67,8 millones totales logrados por el conjunto del Grupo.
Bouza
El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, lamentó que “la legislación laboral en materia de regulaciones de empleo hace que tenga que autorizar este ERE, registrado con acuerdo entre empresa y trabajadores, y justificado en una bajada de la demanda que, según la empresa que lo presenta, tendrá lugar en los próximos meses”.
Aún así, el delegado provincial recalcó que “las empresas que tienen beneficios deberían de contar con una regulación especial que impida que los gastos de sus ERE corran a cargo del erario público, especialmente en momentos de crisis económica como el actual. Eso sería una actitud enmarcada dentro de lo que es la Responsabilidad Social Corporativa”.
Bouza se mostró contrario, semanas atrás, a aprobar “expedientes preventivos” pero la resolución ajustada a derecho ha contravenido los deseos del delegado provincial.
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