El Gobierno paga 42 millones a comisionistas por la venta de ocho patrulleras a Chávez

José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana, de los que ya se han entregado cuatro. El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Pues bien, unos días antes, el 30 de septiembre de 2005, Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5% de la venta. El precio de los ocho buques es de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reserva casi 42 millones de euros.


Así lo refleja un documento interno de Navantia titulado “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial – Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela”, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que fue aprobado por la Dirección de Control y Auditoría el 26 de mayo de 2006. En esa fecha Rebazve Holding Ltd. ya había girado las dos primeras facturas, por un importe total de 3,66 millones de euros, ya que el intermediario cobra sus comisiones a medida que la Armada venezolana va haciendo los pagos a Navantia.

Según las fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los gobiernos de España y Venezuela. “Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un uno por ciento, porque es el que consigue al cliente, pero entre gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirma un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. Por su parte, un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”.

Es más. El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó públicamente en varias ocasiones que con el encargo “queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado”. El encargo fue una bendición para el astillero de San Fernando–Puerto Real, que se garantizó unos cinco años de trabajo. El ministro de Defensa en esa fecha, José Bono, que fue quien preparó la venta, acudió a la firma del contrato en Caracas junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.

Los comisionistas

Unos meses después de la firma del contrato, Rebazve Holding Ltd. abrió una filial en España, Rebazve Holding S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. La dirigen dos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides. Carvallo pertenece a la burguesía de aquel país que ha seguido haciendo negocios en la etapa de Hugo Chávez, una suerte de capitalistas adaptados al régimen. De hecho, Juan Rafael Carvallo ha aparecido en la prensa del corazón venezolana, sobre todo por la boda de su hijo arquitecto con una presentadora de televisión, Verónica Silva.

Por su parte, y según datos del Registro Mercantil de Tenerife, el nombre de Pedro Enrique Malavé, el otro administrador mancomunado de Rebazve Holding S.L., aparece al frente de una segunda empresa española, Fashion Canary Islands, dedicada al negocio de peluquería y belleza.

Lo que no está nada claro es qué ha hecho Rebazve para cobrar más de 40 millones de euros de Navantia, los astilleros militares públicos que nacieron en 2005 de la segregación del Grupo Izar. El entonces presidente de la empresa pública, Juan Pedro Gómez Jaén, ahora al frente de la filial Sainsel Sistemas Navales S.A., ha declinado responder a El Confidencial alegando que es un asunto competencia de Navantia. Fuentes oficiales de los astilleros públicos se han limitado a decir que “Rebazve ha estado históricamente en las operaciones de venta a Venezuela”. A la pregunta de por qué concepto se le paga una comisión de 42 millones de euros cuando fue una venta conseguida por Zapatero y Bono, las mismas fuentes sugieren: “Pregunta en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Pero el citado ministerio tampoco ha respondido a la petición de El Confidencial.

Por su parte, el domicilio social bilbaíno de Rebazve Holding S.L. coincide con el de una asesoría que reconoce a Carvallo y Malavé como “clientes”, a los que han trasladado la solicitud de información de este medio, que no ha recibido respuesta.

Comisiones del 3,5%

Navantia estableció con Rebazve que la intermediaria cobraría un porcentaje de comisión variable: un 5% en los primeros cien millones de euros, que iría descendiendo por tramos a medida que aumenta la facturación, hasta quedar en el 2% a partir de quinientos millones de euros.

El cómputo final de la comisión por los cuatro patrulleros BVL (Buque de Vigilancia Litoral) quedó en el 3,5%, el techo que marcaba el contrato: 17,80 millones de euros de los 508,68 que costaban los barcos. Ya han sido entregados tres. Por su parte, de las otras cuatro embarcaciones, las POVZEE (Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva), valoradas en 698,71 millones de euros, los comisionistas cobran 23,97 millones, un 3,43% del contrato. El pasado 14 de mayo se entregó la primera de estas cuatro embarcaciones. Esto significa que, aproximadamente, la mitad de la comisión total ya debe haber sido satisfecha.

Las comisiones ascenderán al final de la operación hasta la cifra de 41,78 millones de euros abonados por Navantia, una empresa cien por cien pública y que había conseguido el contrato gracias a las gestiones directas del presidente Zapatero y el ministro Bono con Hugo Chávez, en las que, a priori, no era necesario que un intermediario se adjudicara una minuta de ese calibre.

El documento que revelamos sirvió para aprobar las comisiones que había que pagar a Rebazve cuando ésta emitió sus primeras facturas. Dio el visto bueno a la “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial” la dirección de Control de Navantia.

Los tribunales investigan la operación

Tal y como destapó El Confidencial el pasado cuatro de abril, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995 por tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los ocho patrulleros a Venezuela. El holding Rebazve contrató a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que ésta los representara en España. Salas ha asegurado a los medios que “se trata de un error del Ministerio Fiscal y del juzgado que se aclarará en breve”.

La denuncia se presentó en el juzgado de instrucción número ocho de Madrid. La magistrada Rosario Espinosa Merlo ya ha tomado declaración a Salas, un político del entorno de lo que un día se llamó ‘beautiful socialista’. Además del INI, presidió Iberia. Actualmente es consultor y consejero de Red Eléctrica, entre otras empresas.

fuente: elconfidencial