En concreto, la deuda de las empresas que integran Nueva Rumasa se debe al impago de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El grupo sí que habría satisfecho la parte correspondiente a las cuotas que se deduce del sueldo de los trabajadores, no hacerlo supone un delito de apropiación indebida.
Para evitar que cualquiera de los acreedores instara un concurso necesario (obligatorio), el pasado jueves Nueva Rumasa anunció que 10 empresas del grupo se acogían a un periodo preconcursal por el que se abre un plazo de tres meses para negociar ellos. Si al final estas firmas acudieran a un concurso de acreedores, la prioridad en el cobro la tienen, en primer lugar, los préstamos con garantía hipotecaria. Inmediatamente después cobrarían los trabajadores y la Seguridad Social. Por último, bonistas y créditos sin garantía.
El pasado miércoles -después de que EL PAÍS publicara que Nueva Rumasa acumula 76 millones en impagos a la banca-, el director general de la Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar, advirtió al conglomerado empresarial que si seguía incumpliendo con los pagos y saltándose los aplazamientos concedidos dictaría más embargos. Además, Aibar admitía que el instituto público ya había dictado varios embargos contra activos de compañías Nueva Rumasa, como la láctea Clesa.
A la hora de dictar aplazamientos o embargos, la Seguridad Social tiene en cuenta que la empresa deudora pueda ser viable o no. "Hay que analizar caso por caso", explican desde el entorno del Gobierno en referencia a cada una de las empresas del grupo .
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