La trama de las prejubilaciones falsas crece a medida que la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla supervisa los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados ante la Junta de Andalucía en la última década y que han recibido indemnizaciones de esta. Según ha podido saber este periódico, el número de empresas en las que se han detectado posibles irregularidades en sus expedientes de regulación de empleo asciende ya a 36, repartidas por todas las provincias.
Entre ellas se encuentra la empresa pública de la Junta, Egmasa, y la relación de 12 que la Consejería de Empleo remitió el pasado martes a la jueza Mercedes Ayala, que instruye la investigación de las prejubilaciones falsas derivada del 'caso Mercasevilla'. La policía judicial de Sevilla ya ha detenido y puesto en libertad con cargos a once personas por el escándalo de las prejubilaciones, entre ellos al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Garrido.
En estas nuevas 24 empresas con supuestas irregularidades en sus ERE también se han encontrado 'intrusos' en el listado de indemnizados y prejubilados, aunque fuentes consultadas aseguran que no se ha podido precisar todavía cuántos. La Consejería de Empleo había detectado hasta el momento sólo en doce ERE hasta 37 prejubilaciones falsas, es decir, de personas ajenas a las empresas. Entre ellas hay varios ex cargos socialistas de la provincia de Sevilla y ex sindicalistas de UGT de Jaén y familiares de estos.
Entre los nuevos ERE con supuestas irregularidades figuran los siguientes: Aglomerados Morell, Astilleros Huelva, Azucareras Reunidas de Jaén, Acyco, A Novo, Altadis, Bilore, Ceramizas Syre, Confecciones del Sur, Coosur, Cuerotex, Delphi, Egmasa, Fertiberia, Fundiciones Caetano, Hytasal, Incosol, Intersur, La Instaldora Moderna, Mac Puarsa S.A., Matadero de Fuente Obejuna, Tecnología Andaluza de mecanizados y componentes SL y Tioxide.
Varias fueron empresas con despidos sonados, como la norteamericana Delphi, con sede en Puerto Real (Cádiz), al que se le aprobaron 705 prejubilaciones cuando cerró en 2007. Los ERE de la tabacalera Altadis afectaron en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz a miles de trabajadores. Sólo en Cádiz fueron 200 las pólizas para prejubilaciones.
Confecciones del Sur, perteneciente a Cortefiel, también contó con ayudas para la prejubilación de 106 personas a partir de los 54 años, e indemnizaciones para despidos de otros 172 empleados cuando la fábrica cerró su actividad y pasó a ser centro logístico en Málaga en 2006. La también malagueña A Novo, antigua Alcatel, de capital francés, indemnizó a 182 trabajadores con jubilaciones, cuyo montante en 2005 supuso alrededor de doce millones de euros.
Un año antes, en 2004, Egmasa, la empresa pública de la Junta dedicada, entre otras actividades, a la extinción de incendios, prejubiló a 400 personas. En esta empresa también se han detectado posibles 'intrusos', según confirmaron ayer fuentes de la investigación.
A estas empresas se suman Mercasevilla, de donde partió la investigación, Río Grande y la lista remitida por la Junta a la jueza: SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer, Arteferro y Germans. Los expedientes de todas estas empresas fueron tramitados por Vitalia, cuyas sedes han sido registradas por la policía.
El matrimonio Lanzas
Según el atestado de la Policía Judicial remitido a la jueza Ayala en enero, esta aseguradora o 'broker' está siendo investigada por supuesta implicación en la trama de las prejubilaciones falsas. Por este motivo fue detenido y puesto en libertad con cargos uno de sus directivos, Francisco González. La policía relaciona a este con el sindicalista de UGT Juan Lanzas, al que considera 'conseguidor' en la trama, y al que también relaciona con el ex director general de Trabajo, Javier Garrido. Lanzas y su mujer, Patrocinio Sierra García, que también han sido detenidos y puestos en libertad, figuran como beneficiarios de una prejubilación en Hitemasa, sin haber nunca trabajado en la textil malagueña. El matrimonio pudo haber cobrado 360.000 euros (60 millones de pesetas) en indemnizaciones, según la investigación.
La policía también detectó en el ERE de Hitemasa a la esposa de otro sindicalista de UGT de Jaén, Luis García de los Reyes, quien ayer presentó su dimisión como responsable de administración y organización en la Federación de Trabajadores Agroalimentarios en dicha provincia, donde conoció y coincidió con Lanzas hace años. Su esposa, María José Martínez Elvira, fue candidata socialista en Torredonjimeno en 1999.
Además de Vitalia, la policía investiga a otra aseguradora, Uniter, con sede en Jerez, que también ha tramitado numerosos ERE, entre ellos los de las bodegas González Byass y parte de Delphi. Por ahora no se han hallado irregularidades.
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