Una importante contradicción sobre el papel. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado el inventario de las zonas inundables del país y recoge en la Bahía de Cádiz como el terreno destinado a albergar el polígono de Las Aletas forma parte de esta protección ambiental. El avance cartográfico, al que ha tenido acceso la organización Ecologistas en Acción, revela que el triángulo entre San Fernando y Puerto Real es un espacio protegido y reservado. De momento, este estudio no es vinculante.
El inventario trata de poner orden en las cuencas hidrográficas y en las costas españolas para evitar la ocupación tanto de los dominios públicos marítimos terrestres como de las áreas más próximas al cauce de los ríos. La portavoz de la organización ecologista, Lola Yllescas, reconoce que el contenido de este documento choca de plano con el proyecto de parque industrial que se desarrolla en la provincia en esa zona. Según Yllescas, la normativa prohíbe expresamente el desarrollo urbanístico e industrial en las zonas inundables y en el inventario de Medio Ambiente ya están reflejados hasta los espacios protegidos de la Costa Noroeste.
En opinión de Yllescas, «las administraciones públicas no están coordinadas en el asunto de Las Aletas». Según la portavoz ecologista, «se deja muy claro en el estudio algo que es una obviedad, Las Aletas es una zona inundable». Cabe recordar que el pasado 4 de febrero el Consejo Rector de Las Aletas anunció la reanudación de las obras en las 120 hectáreas del polígono, propiedad de la Junta, que no están afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo. La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, y el vicepresidente de este organismo, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, señalaron entonces que se habían tomado todas las medidas oportunas para sacar adelante el parque tecnológico y empresarial en esa zona de la Bahía.
Así, el estudio urbanístico de la consultora Tragsa, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, adaptó la disposición del terreno a las directrices marcadas por el fallo judicial. Es decir, el Alto Tribunal, a raíz de un recurso de la organización ecologista Adena, sentenció que el proyecto de Las Aletas vulneraba la propia Ley de Costas y, además, no estaba bien justificado el interés social y económico de este proyecto en un sitio tan sensible como el dominio público marítimo terrestre. Así, la sentencia judicial obligó a paralizar las obras.
El Consorcio aseguró que tras un año de trámites ya se han puesto las bases para que el proyecto cumpla totalmente con la legalidad. Así, se amplía en 20 hectáreas la zona de protección ambiental, que pasa de 120 a 140 hectáreas y se reduce el impacto en las 267 que son de titularidad estatal. En ellas solo se podrán ubicar empresas vinculadas con la acuicultura, la agricultura y las energías renovables.
Por lo que respecta a las 120 hectáreas de la Junta, la actuación sigue adelante y se reserva en ellas toda la actividad industrial.
fuente: Lavozdigital
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