Un sobresueldo de 1.800 euros

35.621, dato arriba, dato abajo. Ésta es la cantidad de informaciones confidenciales que el juez al cargo del caso, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, calcula que pasó el funcionario de la Seguridad Social portuense implicado en la red de venta de datos que montaron dos jerezanos.


Este trabajador de la Administración estatal, Rafael P.H., se convirtió en un fijo en la nómina del entramado tejido hace diez años por los empresarios radicados en Jerez José C.M. y Leonardo N.M., que obtenían informaciones confidenciales, para venderlas a bancos y empresas, de al menos otros cuatro organismos oficiales: de las Comisarías de El Puerto y Jerez (lo que deparó la detención de un policía en cada municipio, J.T.C., ya fallecido, en el primero, y Manuel R.R., en el segundo); de la oficina del Inem en El Puerto y de la propia Jefatura Provincial de Tráfico. Si bien en estos dos últimos casos los responsables de la venta a mansalva de informaciones reservadas no han podido ser identificados.

Tanto en el caso del funcionario de la Seguridad Social como de los dos policías, las investigaciones, llevadas a cabo por policías de Asuntos Internos de Madrid, determinaron que se relacionaban con asiduidad con los jerezanos. Fueron fotografiados en distintas rondas de seguimiento, y sorprendidos negociando informaciones y precios en infinidad de llamadas telefónicas en base a las escuchas autorizadas por el l juez.

Fue sin duda un negocio lucrativo para el funcionario, que reconoció durante su declaración ante Asuntos Internos, que obtenía informaciones reservadas de la Seguridad Social sobre altas y bajas.

Las pesquisas acabaron determinando que al mes obtenía unos 1.000 datos, que pasaba al jerezano Leonardo N.M., quien le abonaría por ello entre 200.000 y 300.000 pesetas, hasta 1.800 euros de hoy en día.

El policía destinado en la Comisaría de Jerez que fue detenido también habría obtenido ingresos nada desdeñables por su 'colaboración' con la red desmantelada a principios del 2001. Entre octubre del año 2000 y febrero del 2001, habría vendido un total de 5.415 datos. Dado que él cobraba supuestamente por cada información 250 pesetas (Leonardo se llevaba cien, puesto que era su socio José el que daba para ambos 350 pesetas, cobrando luego él cantidades bastante más elevadas a los bancos y las empresas implicadas), se estima que en total en esos cinco meses 'facturó' 1.353.750 pesetas.

Este agente cayó en la segunda fase de la investigación iniciada a raíz de detectar el inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Madrid, en las bases centrales del Cuerpo, una elevada petición de datos obtenidos del terminal policial en la Comisaría portuense. De allí, se llegó a Jerez, donde acabó comprobándose que el agente Manuel R.R. utilizaba las claves de otros ocho funcionarios de la plantilla jerezana, no implicados en el negocio, y hasta las de un policía ya muerto para lograr los datos.