140 hectáreas de las 527 que ocupará el parque industrial de la Bahía en su conjunto quedan protegidas.
20.000 nuevos puestos de trabajo es la previsión que maneja la Administración regional. .Las fiestas navideñas de 2009 unieron a políticos, empresarios y sindicatos de la provincia en la elaboración de una estrategia conjunta para sacar adelante el proyecto de Las Aletas, tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo tumbó en octubre de ese mismo año. El 'lobby' gaditano urdía así un plan para reivindicar, en Madrid, la necesidad de este parque industrial que prevé la creación de alrededor de 20.000 puestos de trabajo.
Justo un año después de esta declaración de intenciones, el proyecto sigue varado en una marea de trámites para ajustar su construcción a la sentencia del Supremo. En enero de este año, la Abogacía del Estado confirmaba que había una «salida factible» al parque de Las Aletas tras el fallo judicial, pero esta solución obligaba, sin embargo, a recomponer su ordenación urbanística. De esta forma, comenzaba una nueva diligencia para apuntalar un proyecto empresarial que se gestó a finales de la década de los noventa y que recibió el impulso oficial en octubre de 2004.
Las negociaciones políticas al más alto nivel han servido, por lo menos, para mantener vivo un proyecto cargado de altibajos a lo largo de su historia. Pese a todo, no hay fecha en el calendario para reanudar las obras que paralizó el Tribunal Supremo, a raíz de un recurso interpuesto por la organización ecologista Adena. El Consejo Rector de Las Aletas siguió adelante con la tramitación y, en mayo de este año, encargó a la empresa Tragsa, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, la elaboración de un nuevo plan de usos urbanísticos para ajustar las 527 hectáreas del parque a los criterios del Supremo y respetar así el dominio público marítimo terrestre. No se equivocaron entonces algunos expertos en suelo cuando anunciaron que esa tramitación sería larga y llevaría casi un año.
La presidenta del Consorcio, Juana Lázaro, aclaró que el estudio ordenaría las 287 hectáreas afectadas por la sentencia y marcaría las bases para el resto. Esta situación ha terminado por crispar a los agentes sociales de la provincia que ven como el proyecto de Las Aletas sigue cubriendo etapas en el calendario, «pero no se aprecia la luz al final del túnel».
La solución salomónica llegó en septiembre de este año cuando los técnicos de Tragsa presentaron al Consorcio las líneas maestras del informe urbanístico y destacaron la necesidad de ampliar en 20 hectáreas la zona de protección ambiental del dominio público. Es decir, hasta ahora había solo 120 hectáreas protegidas, pero Tragsa ha considerado que se deben ampliar en 20 más. De esta forma, la zona ambiental intocable suma 140 hectáreas.
Reajuste de los espacios
La modificación del plan urbano inicial de Las Aletas ha llevado además a reajustar los espacios y acoplar la actividad industrial. En este paso se encuentra metido de lleno el Consorcio. De momento, no se ha presentado la configuración o disposición final del parque de Las Aletas. La finca en cuestión donde se levantará el polígono consta de 527 hectáreas, ubicadas en Puerto Real y a tiro de piedra de autovías, líneas de tren y del aeropuerto de Jerez. La distribución del terreno queda de la siguiente forma: 120 hectáreas son propiedad de la Junta y en ellas se iniciaron las obras en septiembre de 2009. Esta porción de suelo se reserva para los servicios generales y comerciales, además del uso industrial. Otras 140 hectáreas están protegidas, mientras que 267 son las que albergarán las actividades especiales, el área logística y la zona destinada a los transportes. Resta ahora encajar todo.
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