Diez directivos de bancos de Cádiz imputados por comprar datos secretos de sus clientes

La información es poder y por ella se paga. Ese axioma lo llevaron a su último extremo un grupo de empresarios, policías y directivos de bancos que participaron supuestamente en un tráfico a gran escala de información confidencial. Datos personales de ciudadanos que sin su permiso pasaron de mano en mano en uno de los grandes escándalos que golpeó de lleno a la protección de la privacidad; hoy en día fuertemente protegida por la ley. Ese gran caso nació en El Puerto y su juzgado nº3 lo ha investigado a lo largo de diez años. Un procedimiento mastodóntico que salpicó a más de 90 policías del país, y que ya ha concluido su fase de instrucción con un auto de procesamiento dictado por el juez Miguel Ángel López Marchena y al que ha tenido acceso LA VOZ.


Dicho auto, fechado el pasado mes de abril, ahonda en las entrañas de un mercadeo que se destapó en Cádiz pero que las pesquisas han confirmado que se trataba de una práctica muy extendida en toda la geografía nacional. Prueba de ello es la distinta procedencia de las 25 personas que han acabado imputadas por el juez instructor. La lista la completaba un agente de la Comisaría de El Puerto que falleció durante la investigación. Empresarios de Jerez, Málaga, Burgos, Sevilla y Madrid, un funcionario de la oficina del INEM de El Puerto, diez directivos de sucursales de la provincia y tres policías nacionales de Jerez y Ferrol están imputados en una gran trama que comenzaba con la extracción de datos, sin autorización, de las bases de las comisarías y otros servicios públicos como la oficina de Empleo o Tráfico. La información acababa, previo pago, en los despachos de determinados directivos de oficinas de Unicaja, La Caixa, BBVA, Caja San Fernando y Banco de Comercio, ubicadas la mayoría en Jerez, pero también en Barbate, Algeciras y Cádiz. Así conocían detalles de sus clientes, a sus espaldas, como la verdadera situación laboral, como aparece en el citado auto de procesamiento.

En el año 2000, la Policía Nacional encargó a Asuntos Internos que indagara el porqué de las constantes peticiones de información que desde sus ordenadores hacían algunos agentes de la Comisaría de El Puerto. «Peticiones desorbitadas que sorprendían a los propios mandos», se puede leer en el documento judicial. Tres de los agentes inicialmente investigados acumulaban en pocos meses más de 21.000 consultas. Cada vez que entraban en el banco de datos debían introducir su clave personal; de ahí que quedara registrado cada acceso que hacían a información relativa al DNI de los ciudadanos, matrículas o los antecedentes penales. Tirando del hilo, la investigación les llevó a dos empresas de Jerez (Inforec y Compbuss S. L.) y a sus administradores únicos, los cuales supuestamente pagaban a los funcionarios por cada dato que sacaban. Uno de ellos, José C. M., se destapó como el supuesto gran traficante de información. La persona que más contactos tenía para hacerse con un material que después vendía directamente a bancos o a otras empresas que se dedican a realizar informes para las entidades financieras.

Su teléfono fue intervenido y los agentes pudieron seguir durante más de un año sus continuos contactos con un policía de El Puerto, que ya ha fallecido. Su socio, Leonardo N. M. y dueño de Compbuss se había hecho con su propio contacto en la comisaría de Jerez. El agente cobraba supuestamente 250 de las antiguas pesetas por cada dato. Leonardo N. M. se llevaba otras 100 en concepto de comisión. Según el auto, el pivote central del entramado era José C. M., que revendía esa información a terceros, elevando su precio hasta superar las 900 pesetas por unidad, dependiendo del tipo de información.
 
fuente: Lavoz