Un jurado popular tiene previsto juzgar desde hoy al antiguo responsable de la llamada Patrulla Verde de Cártama (Málaga), acusado de reclamar a los vecinos dinero para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. El fiscal pide para este ex empleado público un total de nueve años de cárcel, 12 de inhabilitación para cargo público y 250.000 euros de multa por delitos de cohecho y coacciones con carácter continuado.
En la vista oral, que se aplazó en noviembre de 2008 para que fuera juzgada por un tribunal del jurado, también se sentarán en el banquillo otras dos personas: una que accedió a pagar 9.000 euros al funcionario y otra, que ejerció de mediador en este cobro. Estas dos personas se enfrentan a una petición del fiscal de un año de cárcel y cuatro de inhabilitación por cohecho simple, informa Europa Press.
Según el relato inicial del fiscal, durante el año 2004 el principal procesado, "abusando de sus funciones", reclamaba a propietarios y vecinos, "el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística". El ministerio público relata 11 casos en los que el acusado reclamó una suma total de 129.000 euros.
En diciembre de 2004, el acusado pidió a un hombre 12.000 euros "para conseguir evitar, con su supuesta intermediación, que fuera sancionado por arrojar escombros de modo ilegal". Sólo uno de estos pagos -el que afecta al otro acusado en la vista oral- llegó a materializarse. Según la Fiscalía, el ex responsable municipal fue convocado para dar explicaciones sobre lo sucedido y presentó su renuncia irrevocable a su empleo municipal en enero de 2005.
Este juicio se iba a celebrar en noviembre de 2008 en la Sección Primera de la Audiencia, aunque fue aplazado para que se celebrara por el procedimento de la Ley del Jurado. El Ayuntamiento de Cártama está personado como acusación particular.
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