El pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó ayer el informe definitivo de la auditoría realizada en el Ayuntamiento de San Fernando, que se amplió en 2009 a raíz del desfalco de casi ocho millones de euros perpetrado en la caja municipal.El polémico documento -del que ya ha trascendido que pone en entredicho prácticamente toda la gestión económica municipal desarrollada desde 2002- se hará público en aproximadamente unos diez días, según informaron ayer fuentes del órgano fiscalizador andaluz.
Aunque se desconoce todavía si algunas de las alegaciones presentadas por parte del Gobierno municipal isleño han sido finalmente incluidas en el texto, el contenido sustancial del informe no se ha visto especialmente modificado durante la recta final del proceso que ha llevado hasta su aprobación, en la mañana de ayer. Es decir, que dicho documento sigue siendo especialmente crítico con la gestión económica desarrollada por el Ayuntamiento bajo el Gobierno andalucista de la última década.
Tanto es así que el informe apunta en sus conclusiones a la existencia de posibles responsabilidades contables en el área de Economía y Hacienda, afectada por el robo millonario. Ésta fue una de las novedades relativas al polémico documento que ayer pudo conocer este periódico y que supondrá una cuestión clave en el proceso a seguir en los próximos meses. El área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando es, desde luego, una de las que con mayor detenimiento se ha analizado en la auditoría al haber sido el escenario directo del desfalco.
El informe, de esta manera, constata aquí la falta de controles -en la que ya insistía el informe policial y que, supuestamente, permitió que se produjera el robo de manera diaria y sistemática durante años- cuya ausencia pone de manifiesto. De hecho, en el documento se constata que no se hacían los arqueos diarios de la caja municipal.
Así, en el informe definitivo que ayer aprobó el pleno de la Cámara de Cuentas se concluye en la existencia de posibles responsabilidades contables. Precisamente, de dirimir si realmente se da esa responsabilidad contable -y de darse, en qué grado lo hace- se encargará ahora el Tribunal de Cuentas una vez que reciba también este informe que evidencia los errores de gestión detectados en el Ayuntamiento de San Fernando.
El Tribunal de Cuentas abrirá ahora un largo proceso administrativo en el que, si constata su existencia a raíz de la auditoría realizada, imputará dichas responsabilidades contables a quienes considere correspondan y en qué grado. En el ojo del huracán se encuentran los funcionarios responsables del funcionamiento de dichos controles y garantías, tesorera e interventor, aunque tampoco se descarta por completo la posible implicación ni de la delegada de Economía, Mercedes Espejo, ni del alcalde, Manuel de Bernardo.
Las medidas o sanciones a adoptar, en su caso, dependerán del grado de responsabilidad que el Tribunal de Cuentas determine y podrán ir desde la inhabilitación o la suspensión temporal hasta -en el mayor de los casos- la reposición del capital público desaparecido.La auditoría realizada por la Cámara de Cuentas no ha repasado directamente ninguno de los órganos autónomos municipales -Fundación Municipal de Cultura, Servicios Sociales, Mujer, Patronato de Deportes y Juventud, Instituto Municipal de Promoción de La Isla- ni la Empresa de Suelo Isleña, pero sí ha efectuado un análisis exhaustivo de la gestión de las restantes áreas del Ayuntamiento, en las que encuentra de manera reiterada la existencia de fallos de procedimiento y errores de gestión.
Para el equipo de gobierno, la recepción del documento provisional -en el pasado mes de abril- supuso un durísimo varapalo en tanto que pone en entredicho su gestión. Por los datos conocidos, el informe, en este sentido, resultaba realmente demoledor al advertir de la existencia constante y reiterada de múltiples fallos y errores de gestión: trámites que no se han realizado debidamente, procedimientos que no se ajustan a lo establecido, múltiples partidas sin consignación, ausencia de los decretos necesarios para garantizar la correcta utilización de algunas cantidades... La lectura que se extrae del informe es concluyente: la gestión desarrollada por el Ayuntamiento era un absoluto caos.
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