El juez de Madrid Santiago Torres reactivó ayer el caso Guateque (la trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos de Madrid) y citó como imputado a otro ex alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de Ramón Sánchez López de Luzuriaga, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento entre el 14 de marzo y el 6 de junio de 2006. Tendrá que comparecer ante el juez el próximo 4 de junio.
Ramón Sánchez tendrá que declarar ante el juez Torres el 4 de junio
La llamada Operación Guateque, que ya tiene casi un centenar de imputados, estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención en Madrid de 16 personas; entre ellos, funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales. También hay implicados varios concejales de distrito.
En un auto hecho público ayer, el juez Torres imputa a Sánchez López de Luzuriaga un supuesto delito de tráfico de influencias. Le atribuye "haber otorgado prioridad a la concesión de un informe favorable en materia medioambiental en favor del restaurante La Hacienda Argentina, situado en la calle de Ibiza, 41". Según Torres, este restaurante era "propiedad de Teresa Gabarra Ballsels y de la sociedad patrimonial que tal señora mantiene con su marido, el señor Alberto López Viejo, a través de la compañía La Pampa Hostelera, SL".
Del auto se deduce que Gabarra y López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre, dispusieron de un trato de favor para conseguir la licencia medioambiental que el Ayuntamiento otorgó en 2006 al lujoso restaurante que tiene dos plantas, un aforo para 100 personas y que está situado junto al parque del Retiro. López Viejo es diputado en la Asamblea de Madrid desde 2003 y uno de los principales implicados en el caso Gürtel.
El juez Pedreira le atribuye haber recibido supuestos sobornos millonarios de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
Tras verse implicado, dimitió como consejero de Aguirre y, junto a otros dos diputados también implicados fue forzado a dejar el grupo del PP en la Asamblea de Madrid. Los tres forman permanecen como diputados no adscritos, aunque votan siempre igual que el PP.Detrás de la imputación en el caso Guateque del ex alto cargo del Ayuntamiento de Madrid Ramón Sánchez López de Luzuriaga se hallan las grabaciones telefónicas que el juez Torres realizó a los principales implicados de la trama durante los meses previos al inicio de las primeras 16 detenciones.
En concreto, hay una conversación entre un funcionario del Ayuntamiento madrileño y Victoriano Ceballos (jefe de División en la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid y uno de los principales conseguidores de licencias para particulares a cambio de comisiones). En esa grabación, según fuentes de las partes, Ceballos deja entrever un supuesto chanchullo sobre el restaurante de la esposa de López Viejo.
El juez pidió la documentación sobre este local al Consistorio y ahora ha decidido citar al entonces responsable de Calidad y Evaluación Ambiental.
Asimismo, el instructor del caso Guateque ha decidido citar, también para el próximo día 4 de junio e igualmente en calidad de imputado, a Óscar Acero Fernández. El magistrado no detalla el cargo de Acero en el Ayuntamiento, si bien señala que lo va a interrogar en relación con una licencia otorgada "por la Gerencia Municipal de Urbanismo a un edificio situado en la calle de Trafalgar, número 17".
Hacía meses que el juez Torres no citaba a nuevos implicados. En la última época, el magistrado ha seguido recabando decenas de expedientes sobre los que hay sospechas de que pudieron resultar beneficiados con licencias tramitadas por miembros de la trama Guateque. El juez también indaga en la actualidad decenas de denuncias anónimas sobre locales públicos que supuestamente fueron beneficiados por algunos miembros de la trama a cambio de dinero.
Las nuevas citaciones de implicados se producen después de que la Audiencia de Madrid rechazase la intención del juez Torres de que el caso Guateque fuera enjuiciado por un jurado popular. De entre la maraña de delitos descubiertos, Torres entendió que prevalecía el de cohecho, que es una de las infracciones que el Código Penal deja en manos de un jurado popular para su enjuicimiento.
El juez sostuvo que el delito de cohecho prevalecía sobre los delitos urbanísticos y los de falsedad documental hallados en la investigación.
Sin embargo, la Audiencia de Madrid no lo ha visto así al estimar un recurso de la fiscalía contrario al criterio del juez. La fiscalía alega que se trata de una causa extraordinariamente compleja y que la proliferación de imputados e imputaciones hace prácticamente imposible la vinculación de todos esos delitos con las infracciones penales asignadas al jurado popular.
La Audiencia Provincial de Madrid se ha unido finalmente al criterio de la fiscalía y ha ordenado al juez que continúe el proceso penal pero por el cauce del procedimiento abreviado, sin jurado.
fuente: el pais
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