El supuestamente “democrático” ayuntamiento de Móstoles tiene unas ordenanzas que prohíben a los vecinos/as del pueblo el pleno ejercicio de sus derechos.
El pasado 15 de abril a las 17,30 horas varios miembros de nuestra Asamblea pusieron una mesa informativa y de recogida de firmas en la salida de la estación de Renfe de Móstoles-Central, para exigir al gobierno estatal y de la comunidad, así como a los diferentes grupos parlamentarios, que no se implante ningún nuevo tipo de “copago, tasa o ticket moderador” para el acceso de la población a los servicios sanitarios públicos. Se repartieron octavillas “en mano” a las personas que por allí pasaron informando sobre los peligros que para su salud supone la adjudicación en Móstoles de un nuevo mini-hospital privado a la empresa Capio e informales sobre la convocatoria de una manifestación en Madrid el 22 de abril en contra de la Privatización de la Sanidad.
No queremos continuar sin antes, dar las gracias a todos los mostoleños/as que por allí pasaron por sus muestras de apoyo y la favorable acogida que tuvimos de todos ellos.
Para ello se hicieron los trámites oportunos: el día 26 de marzo se comunicó a la autoridad competente, en este caso el *Ayuntamiento de Móstoles, dirigido por el PP de Esteban Parro, la intención de colocar el 15 de abril dos mesas una en la Avenida de Dos de Mayo número 2 y otra en la salida de la estación de Renfe Móstoles-Central, explicando cual era el objetivo y detallando todo lo que se iba a hacer; al no recibir respuesta, el mismo día 15 de abril se envío faxes a dos concejalías del ayuntamiento (Presidencia y Participación Ciudadana) exponiendo que si no se recibía respuesta se entendía que estaba autorizada la colocación de las dos mesas.
Habiéndolo solicitado en tiempo y forma, al no recibir respuesta y teniendo en cuenta, que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en artículo octavo establece como plazo de comunicación el de 10 naturales, como mínimo, y 30 como máximo, se decidió colocar una sola mesa, en el sitio arriba mencionado. Al poco de estar allí aparecieron 2 agentes de la Policía Local, que una vez vieron la documentación que les aportamos y después de consultarlo, nos dijeron que nos dejaban seguir allí, pero que iban a levantar acta de todo, para hacer comprobaciones.
A fecha de hoy, no sabemos si el acta levantada va a suponer algún tipo de sanción por parte del ayuntamiento. Lo que si sabemos, es que en una conversación telefónica, una persona del ayuntamiento dijo que, no se nos iba a contestar por escrito ni autorizando ni desautorizando, pero que lo que íbamos a hacer lo prohíben las ordenanzas de Móstoles. Es decir, parece ser que las ordenanzas de Móstoles prohíben o bien que los vecinos/as nos expresemos libremente o bien la recogida de firmas para pedir algo a nuestros gobernantes o no sabemos exactamente el qué.
El supuestamente “democrático” ayuntamiento de Móstoles, o lo que es lo mismo el PP de Móstoles, tiene unas ordenanzas que al parecer prohíben a los vecinos/as del pueblo el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Hay muchos colectivos en Móstoles a los que de forma sistemática, cada vez que comunican que van a poner una mesa informativa, no se les contesta, limitando así su derecho a expresarse libremente.
El pasado 15 de abril a las 17,30 horas varios miembros de nuestra Asamblea pusieron una mesa informativa y de recogida de firmas en la salida de la estación de Renfe de Móstoles-Central, para exigir al gobierno estatal y de la comunidad, así como a los diferentes grupos parlamentarios, que no se implante ningún nuevo tipo de “copago, tasa o ticket moderador” para el acceso de la población a los servicios sanitarios públicos. Se repartieron octavillas “en mano” a las personas que por allí pasaron informando sobre los peligros que para su salud supone la adjudicación en Móstoles de un nuevo mini-hospital privado a la empresa Capio e informales sobre la convocatoria de una manifestación en Madrid el 22 de abril en contra de la Privatización de la Sanidad.
No queremos continuar sin antes, dar las gracias a todos los mostoleños/as que por allí pasaron por sus muestras de apoyo y la favorable acogida que tuvimos de todos ellos.
Para ello se hicieron los trámites oportunos: el día 26 de marzo se comunicó a la autoridad competente, en este caso el *Ayuntamiento de Móstoles, dirigido por el PP de Esteban Parro, la intención de colocar el 15 de abril dos mesas una en la Avenida de Dos de Mayo número 2 y otra en la salida de la estación de Renfe Móstoles-Central, explicando cual era el objetivo y detallando todo lo que se iba a hacer; al no recibir respuesta, el mismo día 15 de abril se envío faxes a dos concejalías del ayuntamiento (Presidencia y Participación Ciudadana) exponiendo que si no se recibía respuesta se entendía que estaba autorizada la colocación de las dos mesas.
Habiéndolo solicitado en tiempo y forma, al no recibir respuesta y teniendo en cuenta, que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en artículo octavo establece como plazo de comunicación el de 10 naturales, como mínimo, y 30 como máximo, se decidió colocar una sola mesa, en el sitio arriba mencionado. Al poco de estar allí aparecieron 2 agentes de la Policía Local, que una vez vieron la documentación que les aportamos y después de consultarlo, nos dijeron que nos dejaban seguir allí, pero que iban a levantar acta de todo, para hacer comprobaciones.
A fecha de hoy, no sabemos si el acta levantada va a suponer algún tipo de sanción por parte del ayuntamiento. Lo que si sabemos, es que en una conversación telefónica, una persona del ayuntamiento dijo que, no se nos iba a contestar por escrito ni autorizando ni desautorizando, pero que lo que íbamos a hacer lo prohíben las ordenanzas de Móstoles. Es decir, parece ser que las ordenanzas de Móstoles prohíben o bien que los vecinos/as nos expresemos libremente o bien la recogida de firmas para pedir algo a nuestros gobernantes o no sabemos exactamente el qué.
El supuestamente “democrático” ayuntamiento de Móstoles, o lo que es lo mismo el PP de Móstoles, tiene unas ordenanzas que al parecer prohíben a los vecinos/as del pueblo el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Hay muchos colectivos en Móstoles a los que de forma sistemática, cada vez que comunican que van a poner una mesa informativa, no se les contesta, limitando así su derecho a expresarse libremente.
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