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viernes, 26 de febrero de 2010

NO a la Reforma Laboral


Considera que el comportamiento de las dos centrales mayoritariasdurante esta crisis "no les da crédito para encabezar la lucha de los trabajadores".
La CNT de Tenerife ha convocado para este sábado 27 una concentración frente a la Delegación de Gobierno de Santa Cruz con el objeto de protestar por la propuesta de Reforma del sistema de pensiones que el Gobierno del Estado ha planteado, así como contra la Reforma Laboral cuyas premisas están siendo dadas a conocer, sin que ninguna de ellas venga a suponer más que pérdida de derechos laborales y de poder adquisitivo, como es el caso del acuerdo firmado recientemente entre patronal, CCOO y UGT.
Precisamente CNT quiere desmarcarse de las movilizaciones convocadas por esas dos centrales sindicales, las cuales tienen la poca catadura moral de argumentar, tras haber estado todo este tiempo diciendo que la crisis no la iban a pagar los trabajadores, que acuerdos como el mencionado suponen un factor para el fomento del empleo, cuando realmente implican pasar a los trabajadores y trabajadoras una parte de la carga que la crisis financiera y especulativa ha creado y que bastante les ha perjudicado. Además, se pretende congelarles los salarios por varios años mientras que los sindicatos, excepto CNT que no admite subvenciones, reciben 25 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para la "actividad sindical". ¿No sería mejor decir para "la inactividad sindical"?
La movilización no se reduce sólo a esa protesta contra las reformas, sino que va dirigida a hacer llegar a la población información sobre quiénes son los que proponen estas medidas: partidos políticos que se embolsan cerca de 90 millones al año, una clase privilegiada de 76 mil políticos que suponen 720 millones de euros anuales, unas Cortes Generales que tienen un presupuesto de 231 millones, unos parlamentarios cuyo sueldo sobrepasa los 6000 € al mes y que se incrementan si forman parte de comisiones parlamentarias y demás, alcanzando cifras tan escandalosas como la del Presidente del Congreso, el socialista José Bono, el cual se embolsa 194 mil euros al año.
Ante estos hechos, que demuestran la catadura moral de quienes hacen propuestas que son lesivas para las clases más desfavorecidas, CNT aporta como medidas de ahorro y aunque se nos acuse de demagógicos, la reducción de salarios de los cargos políticos, la supresión de las subvenciones a partidos y sindicatos, la eliminación del sistema por el cual se regala a la Iglesia más de 250 millones anuales, la minoración del presupuesto de la Casa Real, actualmente de 25 millones al año, la eliminación del privilegio que tienen los parlamentarios de cobrar pensiones del 80 % durante 2 años desde el final de su mandato, así como la pensión vitalicia de que gozan los ex-Presidentes de Gobierno, y que actualmente está en 90 mil euros al año, tan sólo 2000 mil euros por debajo de su sueldo normal. Esto lo complementamos con la propuesta de que se elimine la figura del personal político-administrativo o "de confianza", el cual lastra las cuentas de las Administraciones Públicas además de ser contraria su forma de acceso a lo que son criterios básicos para trabajar en el sector público: igualdad, mérito y capacidad, así como el acceso por proceso selectivo. Y, por último, la declaración de incompatibilidad de todo cargo público electo con la realización de cualquier otra actividad laboral, mercantil o económica, así como un mayor control sobre el absentismo en el desempeño de las funciones en Congreso, Senado y Parlamentos Autonómicos y Europeo.
Todas estas propuestas se hacen aún a sabiendas de que difícilmente serán tenidas en cuenta y que en unos casos desatarán la ira y en otros la hilaridad pero, desde luego y sin temor a equivocarnos, podemos decir que supondrían una mejoría notable en las cuentas públicas. Suficiente para controlar los déficits previstos y, lo que también es muy importante, tendrían una menor repercusión social, pues afectaría a quienes más tienen y no como lo que se está proponiendo y firmando entre Gobierno, Patronal, CCOO y UGT.

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