Una treintena de colectivos decidirán el 7 de febrero si legalizan sus casas

En los próximos quince días, el proceso para legalizar más de 15.000 casas en Chiclana debe dar un paso adelante que será decisivo para su éxito. Antes del próximo 7 de febrero está previsto que, en torno a una treintena de asociaciones de vecinos y comunidades compuestas por propietarios de viviendas irregulares de todo el municipio, decidan si suscriben o no las nuevas Ordenanzas que regirán este proceso.
Mediante asambleas públicas o decisiones directas de sus juntas directivas, estas entidades -que defienden los intereses de los denominados 'ilegales', y que a su vez se concentran bajo el amparo de la Plataforma Chiclanera de Vecinos Afectados por la Regularización-, darán así su última palabra sobre las futuras Ordenanzas.
La predisposición general es bastante buena, sobre todo si se tienen en cuenta los «grandes avances», favorables a los intereses de los propietarios de las últimas semanas. Estos avances se traducen en una mejora de las condiciones de pago y de una reducción de los mismos para las casas sin licencia. Así, en estos momentos los propietarios han conseguido que la obtención de papeles en sus domicilios y la acometida de servicios básicos como el agua, la luz o el alcantarillado, pueda abonarse mediante un canon mensual prorrogable hasta los 25 años. Además, el primer pago (en metálico) que deberán realizar para iniciar el expediente de legalización de su casa también ha sido reducido en cuantía, y será de 5, 4 ó 3 euros por metro cuadrado en función al tamaño de la parcela. En el borrador de las Ordenanzas, que actualmente maneja la Plataforma y que aún no está cerrado con el Consistorio, hay además otros cambios sustanciales para los propietarios de inmuebles sin licencia que se ubican dentro de las denominadas Áreas de Gestión Básica (en torno a 18 millones de metros cuadrados de suelo). Uno de ellos es el hecho de que sea un anteproyecto de obras el que, previo acuerdo, permita el inicio de las obras de dotación de servicios en cada AGB. Otro es la reducción, en un porcentaje aún por concretar, de la sanción administrativa en aquellos casos en los que se dé por finalizado el expediente sancionador por construcción al margen de la legalidad, y el compromiso de que no se producirán más derribos con la adopción en determinados casos de una figura similar a la de «fuera de ordenación tolerada».
Además, se distinguirán claramente entre tres fases de obras, y se tendrán en cuenta los pagos realizados hasta el momento para iniciar el proceso de adaptación a la legalidad de las construcciones.