La lista de cargos públicos de la provincia que están siendo investigados por un posible mal uso del dinero público sigue creciendo. En algunos casos los sospechosos quedan libres de culpa al archivarse las actuaciones judiciales que pesan sobre ellos; y en otros, terminan sentados en el banquillo de los acusados como ha ocurrido con el alcalde de La Línea. Esta vez le ha tocado al regidor de Paterna, el socialista José María Barrera García, que ha sido imputado por la Guardia Civil en delitos tan graves para un munícipe como la prevaricación, el tráfico de influencias y fraude sobre bienes públicos cometido por una autoridad.
A esta conclusión ha llegado el equipo de Policía Judicial del cuartel de Barbate, que recibió en octubre del año pasado la orden de investigar los hechos que exponían los concejales del grupo mixto de ese Ayuntamiento en una denuncia que admitió a trámite el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Chiclana.
Los agentes acaban de cerrar esas pesquisas encomendadas por el juez y han vistos indicios de irregularidades en un proceso de adjudicación, cuyo beneficiario es un funcionario del mismo Consistorio, que además es familiar de la mano derecha de Barrera García, el primer teniente de alcalde, Alfonso Caravaca Morales. Este concejal también dirige las carteras municipales de Cultura, Turismo y Hacienda.
Esta contratación endogámica, que no salió a concurso público, consistió en la adquisición del material necesario para renovar las farolas y mejorar la iluminación de la avenida Blas Infante de la localidad. La adjudicación de esa compra fue concedida a dedo a la empresa Electro Paterna S. L. U., cuyo administrador es un empleado del mismo Ayuntamiento. La Guardia Civil ha constatado que Cristóbal L. M. trabaja en la sección Vías y Servicios del Consistorio y que a su firma le habían concedido el suministro de unos materiales por valor de 93.000 euros.
Pese a que pueda parecer poco decoroso que la adjudicación de una compra para una obra municipal recaiga en la empresa de un funcionario que trabaja en la entidad que licita, la Ley de Contratos Públicos permite que determinadas contrataciones no sean sometidas a concurso público y puedan ser encomendadas «a cualquier empresario con capacidad de obrar», dice textualmente la regla. Sin embargo, la norma limita esa excepción a los trabajos menores que cuenten con un presupuesto inferior a 50.000 euros y otro tipo de contratos, donde se podrían encuadrar esta polémica compra de material, siempre y cuando el dinero público que se destine no supere los 18.000 euros. Y aquí reside el meollo de la querella que interpuso el grupo mixto del Ayuntamiento paternero.
Un contrato despiezado
La denuncia que llegó al juzgado nº 4 de Chiclana iba acompañada de seis decretos firmados por el alcalde, entre el 5 y el 19 de junio del año pasado, por el que se iba aprobando por partes el montante total del presupuesto que se le entregaba a la empresa suministradora Electro Paterna. Cada decreto autorizaba librar una cantidad inferior a los 18.000 euros; por tanto, se justificaba que el método de concesión fuera bajo el arbitrio del Gobierno local y no mediante un concurso público. Sin embargo, los denunciantes sostienen que fue una artimaña para poder acogerse a un tipo de contratación que permitía elegir a la empresa a dedo. Precisamente, la propuesta para realizar ese contrato fue lanzada en pleno por la concejalía de Turismo, cuyo delegado tiene lazos familiares con el administrador de la firma a la que le han encargado el suministro.
El ejemplo de la Gürtel
El subterfugio de despiezar un contrato en pequeñas cantidades para eludir el concurso público apareció durante la investigación de la trama Gürtel; el caso de corrupción que salpicó de lleno a la Generalitat valenciana. La empresa Orange Market, cuyo gerente es Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y núcleo del escándalo, recibió numerosos contratos del Gobierno mediante esa fórmula de troceo que le permitía no tener que competir en un concurso con otras empresas. Ese informe fue elevado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los propios dirigentes populares de la Generalitat; y la Sala aceptó las alegaciones de los imputados, como el presidente Francisco Camps, exculpándolos del delito de cohecho. Sin embargo, un recurso del fiscal contra esta decisión ha elevado el caso al Supremo.
Regresando a Paterna, la Guardia Civil no limita su imputación al alcalde de la localidad, también ve indicios de supuesta participación en los mismos delitos contra la Administración Pública en las personas del primer teniente del Gobierno local, Alfonso Caravaca Morales, el funcionario, dueño de la empresa Electro Paterna y familiar de Caravaca; y el interventor municipal, Manuel B. M.
Con las conclusiones de la investigación policial, el juez puede darlas por válidas y ordenar el procesamiento de los cuatro implicados o archivar las actuaciones como en su día hizo también el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
fuente: La Voz
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