El rosario de acciones judiciales sigue marcando como una letanía el desarrollo de Las Aletas. El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite un recurso presentado por los propietarios Derqui y Dehesa Norte para revisar, y en su caso fijar definitivamente, los justiprecios de compensación por la expropiación de las parcelas donde se proyecta el nuevo parque empresarial de la Bahía.La relevancia de este nuevo paso es que el TS, a través de una sala específica de admisión, rechaza la inmensa mayoría de las apelaciones recibidas, según argumentaron fuentes de la defensa de estos propietarios que reclaman "una expropiación" justa.
El conflicto en este caso surgió tras la anulación del primer proceso de enajenación, a finales del año pasado. La Junta, por medio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, se allanó en el procedimiento y abrió uno nuevo en el que, además, ofrece unas cantidades inferiores. Sin embargo, los antiguos inquilinos de Las Aletas consideran que la valoración debe seguir adelante porque la Administración no ha restituido las fincas, ha derribado todas las existentes salvo La Cerería -donde se pretende establecer la sede principal del Consorcio- y, a cambio, abonó (por acuerdo o no) unas cantidades que fueron recurridas por aquellos expropiados disconformes, entre los que se encontraban Dehesa Norte y la familia Derqui.
La reclamación económica es, además, bastante elevada, porque frente a los siete céntimos o 2,54 euros abonados, las dos representaciones legales piden 49 euros. Ahora el Supremo tendrá que analizar esta demanda y podría llegar a pedir un tercer informe pericial para determinar el valor de estas compensaciones patrimoniales.Este procedimiento ya está en marcha, pero ambos litigantes ya preparan otro: la impugnación de la sentencia también del Supremo dictada el pasado 30 de octubre a favor del grupo ecologista WWF España.
Las defensas han acordado solicitar un incidente de nulidad porque consideran que, "como afectados y titulares de un derecho de concesión sobre este suelo" tenían que haber sido consultados durante el procedimiento, según explicó un portavoz. Además, tratarán de demostrar que el deslinde del dominio público realizado por Costas en 1971 "es nulo y no hubo una nueva declaración con la nueva ley de 1988". Estos hechos les convierten, según su postura, en propietarios del terreno en vez de concesionarios, como actualmente son considerados por la Administración, y, por lo tanto, tendrían derecho al mayor justiprecio abonado a los titulares de parcelas.Las principales sentencias dictadas sobre el proyecto hasta ahora han sido la anulación por parte del TSJA del Plan de Delimitación de la zona de reserva que fijaba el perímetro de 527 hectáreas del polígono y justificaba las expropiaciones, anuladas en consecuencia por este fallo. Luego llegó el de mayor impacto: la estimación del recurso ecologista y la declaración de nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros que permitía la intervención en las 287 hectáreas adscritas al dominio público marítimo terrestre. Esta resolución obligó a paralizar las primeras obras emprendidas en estos terrenos de Puerto Real y a realizar un nuevo estudio por parte de la Abogacía del Estado para reencauzar el desarrollo de esta nueva área industrial y empresarial.
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