Chiclana - "Rompió seis precintos y continuó con las obras pese a la orden de derribo"

Hoy se reabre el plazo para que pueda ejecutarse la sentencia de derribo que existe contra las diez viviendas ilegales construidas en la zona de Majadillas Bajas, una circunstancia que, según apuntaron ayer fuentes municipales, el constructor ya conocía en 2007, cuando las obras se encontraban en su primera fase."Ese año", resaltaron, "él ya era consciente de que no podría vender estas viviendas y que habría de restituir la legalidad (demolerlas), a pesar de lo cual prosiguió con la edificación hasta terminarla, incluyendo una calle para poder acceder a las mismas"."Fue en este mes (febrero de 2007, hace casi tres años) cuando los inspectores urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo denunciaron la carencia de la obligada licencia de construcción de la edificación de estas casas, que se estaban levantando en una parcela de 4.700 metros cuadrados", añadieron.

Dicho desarrollo urbanístico se observa en las tres ortofotos que ayer proporcionó el Ayuntamiento, en las que, según argumentó, "se muestra el estado inicial de la parcela, sin ninguna construcción, en el año 2005; posteriormente, ya en 2007, iniciada la edificación, como se ha dicho anteriormente, se procede a la denuncia y a comunicarle al promotor que pare las obras de forma inmediata"."Además", añadieron dichas fuentes, "se da notificación al Registro de la Propiedad para que realice una anotación marginal en la inscripción registral, con el objetivo de impedir la venta de las viviendas, fin para que estaban siendo construidas y cuya continuación, por consiguiente, ya carecía de sentido".

"A pesar de todo ello, a sabiendas de que no iba a poder enajenarlas, el constructor prosiguió con sus fines especulativos, llegando a romper hasta en seis ocasiones los precintos que les fueron colocados por parte de la Administración para parar los trabajos", resaltaron."Incluso después de que el anterior alcalde y delegado de Urbanismo, Ernesto Marín y José Pedro Butrón, firmasen en septiembre de 2007 la orden de demolición", apostillaron, "el constructor, lejos de cumplirla, continuó con la edificación de las casas hasta concluirlas, en 2008.

Dado que no había llevado a cabo con su obligación de restaurar el ordenamiento urbanístico, la Gerencia, en junio de 2008, decretó la demolición subsidiaria (sería la propia Administración la que lo haría, cargando los costes sobre el promotor). Para llevar a cabo el derribo, la Gerencia pidió al Juzgado permiso para entrar en el domicilio (se trata de un paso obligado desde un punto de vista legal), el 13 de noviembre de 2008, autorización ahora concedida por el Juzgado, que ha dado como plazo máximo el 26 de diciembre de 2009 para tirar las viviendas".

Por todo ello, el gobierno municipal volvió a recalcar ayer que "el constructor conocía todos estos pasos perfectamente, a pesar de lo cual, primero, siguió con las obras, y, luego, una vez terminadas las casas, cedió algunas a sus propios familiares y alquiló otras (no informando a los inquilinos de las circunstancias en que se encontraban).

Desde el pasado 26 de octubre, además, el promotor tenía conocimiento de que la ejecución era inminente, según el plazo dado por la jueza, y que se podía producir en cualquier momento. A pesar de ello, no informó a los inquilinos.

En cuanto a la demolición de las 10 construcciones, el Ayuntamiento realizó ayer las gestiones para iniciar las labores de derribo, dado que éstas deben comenzar antes del próximo día 26 de diciembre.