La asociación Ecologistas en Acción se ha mostrado su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 en lo que hace referencia al contencioso administrativo de Las Aletasa, que forman parte del dominio público marítimo-terrestre.
Ecologistas en Acción de Cádiz se muestra satisfecha tras llevar más de tres años oponiéndose al proyecto de Las Aletas "por considerar que los terrenos en los que se quería instalar son Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por ello, el proyecto es contrario a la Ley de Costas".
Asimismo, criticaron la "incomprensibilidad" del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Puerto Real de "estar dispuestos a cumplir una ley básica del ordenamiento jurídico".
En esta línea, Ecologistas en Acción criticó que "en estas horas bajas que vive la clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Tribunal Supremo, no deja de ser preocupante"; y es que según la asociación ecologista, resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo".
De esta forma, los ecologistas recordaron que habían estado alegando que el proyecto del polígono de Las Aletas es "contrario a la Ley de Costas", algo que por parte de la propia autoridad urbanística, la Consejería de Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y Hacienda resulta "lamentable" que se esté pretendiendo "destruir un espacio marítimo-terrestre y forzar el marco normativo que salvaguarda nuestras costas", el cual "no sólo protege el carácter público del espacio marítimo-terrestre, sino también sus características naturales".
Pero además, Ecologistas en Acción consideró que se trataba de un proyecto "innecesario", pues el incremento de suelo industrial de Las Aletas "no está justificado", ya que, "por ejemplo, en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 metros cuadrados sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, y el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 metros cuadrados, que tiene un índice de ocupación inferior al 30 por ciento.
El TS dictó ayer una sentencia en la que dejó "anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre "podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas".
También indica dicha sentencia que esta zona "posee unas características de alto valor ambiental que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible", además, en ella se recuerda que los fines que deben perseguir las administraciones en este DPMT son "asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación".
Ecologistas en Acción de Cádiz se muestra satisfecha tras llevar más de tres años oponiéndose al proyecto de Las Aletas "por considerar que los terrenos en los que se quería instalar son Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y, por ello, el proyecto es contrario a la Ley de Costas".
Asimismo, criticaron la "incomprensibilidad" del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Puerto Real de "estar dispuestos a cumplir una ley básica del ordenamiento jurídico".
En esta línea, Ecologistas en Acción criticó que "en estas horas bajas que vive la clase política, bajo sospecha en demasiados lugares y ámbitos, este descrédito al que ahora le somete el Tribunal Supremo, no deja de ser preocupante"; y es que según la asociación ecologista, resulta intolerable que sean los poderes públicos, estatal, autonómico y local, los que se empeñen en incumplir la Ley, como desvela la sentencia del Tribunal Supremo".
De esta forma, los ecologistas recordaron que habían estado alegando que el proyecto del polígono de Las Aletas es "contrario a la Ley de Costas", algo que por parte de la propia autoridad urbanística, la Consejería de Obras Públicas, y el Ministerio de Economía y Hacienda resulta "lamentable" que se esté pretendiendo "destruir un espacio marítimo-terrestre y forzar el marco normativo que salvaguarda nuestras costas", el cual "no sólo protege el carácter público del espacio marítimo-terrestre, sino también sus características naturales".
Pero además, Ecologistas en Acción consideró que se trataba de un proyecto "innecesario", pues el incremento de suelo industrial de Las Aletas "no está justificado", ya que, "por ejemplo, en la zona portuaria y Bajo de la Cabezuela quedan más de 500.000 metros cuadrados sin ocupar y de mayor valor estratégico que las Aletas, y el polígono industrial Las Salinas de 3.000.000 metros cuadrados, que tiene un índice de ocupación inferior al 30 por ciento.
El TS dictó ayer una sentencia en la que dejó "anulado y sin efecto" el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de abril de 2007. Dicho acuerdo consideró que 287 hectáreas de zona de marismas de la Bahía de Cádiz en dominio público marítimo terrestre "podían ser urbanizadas o formar parte del Polígono de Las Aletas".
También indica dicha sentencia que esta zona "posee unas características de alto valor ambiental que las obras e instalaciones previstas desnaturalizarían de forma irreversible", además, en ella se recuerda que los fines que deben perseguir las administraciones en este DPMT son "asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público, fines que no se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable su recuperación".
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