La trama Obra Nueva Chiclana suma ya 58 personas imputadas

Nada menos que 58.

Ésta es la cifra oficial de personas imputadas, a día de hoy, en la trama Obra Nueva Chiclana, dedicada a la regularización de viviendas ilegales. La diligencias, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 3 de Chiclana, sufrieron un parón importante porque el órgano quedó vacante, estando mucho tiempo sin titular. Al frente ya se halla una nueva juez, nueva también en la carrera judicial, que trabaja a marchas forzadas para ponerse al día en el asunto.La Fiscalía de Cádiz sigue muy atenta el caso. De hecho, una vez que culmine la instrucción, el Ministerio Público se plantea solicitar al Juzgado que la causa se desglose por grupos de delitos/acusados. Con ello, se pretende "facilitar la pronta celebración de juicio", según ha avanzado a este periódico la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso.La investigación comenzó en mayo de 2007, a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por un particular.

Fue un vecino de Chiclana, que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario, que le prometió la venta de una finca suya. Al darse cuenta de que habían falsificado datos de su propiedad (como la división en cuatro fincas, con una vivienda en cada una, cuando en sus terrenos no había inmueble alguno), interpuso la denuncia que dio paso a la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a la Guardia Civil.Entre los 58 imputados, se hallan el abogado con bufete en Cádiz José Ignacio Rosano, pieza importante de la trama, según la Guardia Civil, junto al arquitecto Joaquín Pallí Selga, detenido por agentes de la Benemérita hasta en cuatro ocasiones en los últimos dos años, por rubricar presuntamente certificados falsos de antigüedad de viviendas tanto en Chiclana como en El Puerto.Junto a ellos, están imputados cinco aparejadores, dos empleados de banca (entre ellos, el director del Banco Santander de Cádiz, Enrique Antonio A.A.), tres tasadores de fincas para entidades de crédito (Julio G.G., Agustín J.S. y Jaime Valentín R.C.), varios gestores inmobiliarios, corredores de fincas y un buen número de propietarios. La primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo en el verano de 2007. Desde entonces, en sucesivas oleadas, se han ido registrando nuevas detenciones e imputaciones, hasta sumar en la actualidad la cifra oficial de 58.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil sacó a la luz una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable, sobre las que los imputados procedían a realizar escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas en realidad inexistentes. Para ello, contaban con la participación de algunos arquitectos y arquitectos técnicos, que emitían certificados falsos haciendo constar que las edificaciones tenían más de cinco años de antigüedad, con objeto de que, al haber transcurrido de este modo los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra las viviendas actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad.A continuación, procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y vendían las parcelas resultantes.Y aquí entraba en acción el otro gran delito atribuido a esta trama, la estafa. Porque a los compradores de esas parcelas en las que no había vivienda alguna, se les ofrecía financiación para construirlas sin problemas (al haber logrado ya 'probar' la existencia de la casa con las escrituras y la inscripción en el Registro de la Propiedad), a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias, con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes. Lograban así la constitución de una hipoteca sobre una vivienda fantasma consiguiendo el dinero necesario para la edificación.La Guardia Civil ha detectado irregularidades en más de 200 hipotecas impulsadas por esta trama. Más de 100 se habrían tramitado en oficinas de Unicaja, y 6o en el Banco de Andalucía.

fuente:diario de cadiz