Las empresas de Francisco Correa no sólo hicieron caja gracias al trato de favor de Gobiernos del PP que concedieron cientos de contratos, muchos de ellos adjudicados sin ningún tipo de concurso, por los que facturaron varias decenas de millones de euros en los últimos ocho años. Además, la trama corrupta investigada en el caso Gürtel intervino, y cobró millonarias comisiones por ello, como intermediaria en operaciones inmobiliarias para favorecer a determinados constructores en concursos de suelo o en la concesión de obras públicas cuya aprobación dependía de dirigentes del PP situados en puestos claves de distintos organismos, según apunta la investigación judicial.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió el pasado 8 de junio a la Fiscalía Anticorrupción un exhaustivo informe sobre contratos de determinadas administraciones públicas gobernadas por el PP y que tuvieron tratos con la trama corrupta. En ese informe se apuntan "diversas irregularidades" en contratos adjudicados por dirigentes del PP "tanto a empresas de eventos vinculadas a Francisco Correa, como a determinadas empresas constructoras".
Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos
[de la red de empresas de Francisco Correa]".
La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.
No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.
La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".
Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:
1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.
2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.
3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.
De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.
Un escrito de la fiscalía destaca, citando expresamente el informe de la Intervención General del Estado, "las irregularidades detectadas en las obras adjudicadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en fechas en que se encontraba en el mismo Jesús Sepúlveda Recio (PP), quien aparece en las hojas de reparto [de comisiones ilegales] como receptor de fondos
[de la red de empresas de Francisco Correa]".
La Intervención General del Estado se encarga de verificar que la actividad económico-financiera del sector público se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Su informe pone de manifiesto cómo las administraciones del PP investigadas por sus relaciones con Francisco Correa adjudicaron múltiples contratos sin adecuarse a esos principios de legalidad.
No es el único organismo que ha observado esas deficiencias. El Tribunal de Cuentas valenciano ya advirtió hace varios años que el concurso por el que se adjudicó el montaje del pabellón de Fitur a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, lugarteniente de Correa en Valencia, estuvo plagado de irregularidades.
La fiscalía ha defendido en un escrito remitido al Tribunal Supremo la necesidad de seguir investigando dado que "las actuaciones administrativas a comprobar son ahora algunas más" y señala que habría que "analizar algunos expedientes de contratación en particular".
Lo investigado hasta ahora por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido dibujar un triángulo de supuesta corrupción donde figuran, en cada uno de sus lados, los siguientes actores:
1.- Dirigentes del Partido Popular que gobiernan en instituciones que adjudican contratos, obras o suelo.
2.- La trama empresarial de Correa, que logra contratos de servicios de ayuntamientos y comunidades del PP e intermedia para que otros empresarios del sector inmobiliario logren obras o suelo para viviendas.
3.- Constructores o promotores que pagan a Correa para conseguir el trato de favor de dirigentes del PP en la adjudicación de obras o suelo.
De la actividad conocida donde se han puesto de acuerdo esos tres supuestos actores de la corrupción, la relación que sigue está siendo investigada por los tribunales.
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