Las trabajadoras pagan el conflicto de Obrerol

Las trabajadoras pagan el conflicto de Obrerol, S.A. x Miguel Ángel Llana Los "Agentes Sociales": Gobierno, Patronal y Sindicatos no dependen ni consultan a sus representados, se arrogan su tutela y sus intereses de modo exclusivo y excluyente. Acaparan y usurpan su representación que utilizan a espaldas y en contra de los propios trabajadores. El Gobierno de Asturias subvenciona el despido y fomenta el precario con contratos de formación inexistentes.
Dos trabajadoras fueron despedidas, con premeditación, sólo unos días antes de las vacaciones, después de 35 años de trabajo, por no alcanzar el 75% de rendimiento fijado como límite mínimo de producción de acuerdo con los baremos y tiempos fijados hace más de una década, cuando ni siquiera se han renovado las máquinas aunque sí los tipos y modelos a confeccionar y otras circunstancias. Más del 80% de las trabajadoras no logran alcanzar ese mínimo del 75% que depende, además, del tipo de prendas asignadas.
Una de las trabajadoras despedida es representante sindical de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, y la otra ha sido considerada por la empresa afiliada o al menos simpatizante porque, sin duda, el despido de ambas se deriva de la actividad sindical desarrollada a juzgar por las declaraciones, directas e indirectas, manifestadas por el propio Director y propietario Amador Sierra Sánchez en una asamblea convocada recientemente por él mismo en donde curiosamente las trabajadoras no podían intervenir, sólo escuchar, o lo mismo que su Gerente José Antonio Mateos, directivo de la más importante sociedad deportiva de Gijón, aunque su papel parece no ser tan relevante directamente, aunque sí indirectamente.
La empresa, que confecciona prendas para el vestuario industrial, Obrerol, S.A., contaba en 2001 con 137 trabajadoras, recibió una subvención de 540.000 euros de los Fondos Mineros y 360.000 del Gobierno Regional para incentivar el empleo y mantenerlo, además de contratar a una veintena de trabajadoras en período de formación con las subvenciones y ayudas correspondientes con el resultado de un año de trabajo pero con menos salario y cotización para realizar el mismo trabajo sin que se haya impartido formación alguna. En el 2003 la plantilla, a pesar de las subvenciones oficiales, quedó reducida a 110 trabajadoras después de los despidos efectuados previa presión y coacción, como fácilmente se puede deducir. Los acuerdos para las subvenciones y para los contratos en formación no son conocidos, pero, en cambio, sí lo son los resultados y la falta de control sobre estas subvenciones o la alegría e irresponsabilidad gubernamental y sindical con que se dispensan, cuando por otro lado, la empresa envía trabajo al extranjero.
Aunque las dos despedidas están pendientes de juicio en el Juzgado de lo Social, la conculcación de Derechos Fundamentales de las trabajadoras es más que evidente como se desprende de la actitud coactiva manifestada en la asamblea convocada por Sierra Sánchez y J. A. Mateos ejercida directamente sobre las trabajadoras o por la presión y vigilancia continuada para mantener los ritmos de trabajo inalcanzables a los que hay que sumar la exigencia de mayor calidad y rendimiento sin que se hayan renovado ni mejorado procesos ni máquinas y, mucho menos, actualizado la medición de tiempos de las distintas tareas. Los resultados son evidentes, estrés, bajas por enfermedad y despidos pactados bajo coacción que sólo favorecen a la empresa y nunca a las trabajadoras.
Los recursos que el Gobierno destina al control de la seguridad e higiene en el trabajo son tan ridículos como los que esta empresa subsidiada, Obrerol, S.A., destina a la formación de sus propias trabajadoras, es decir, cero euros años tras año así hasta 35 años, pero sin que ello sea obstáculo para seguir exigiendo más y más para acabar en despidos por la sencilla razón de haber puesto en cuestión el sistema y contradecir y poner en evidencia a los Agentes Sociales: Gobierno, Patronal y Sindicatos -CC.OO. y UGT-.
Llama la atención oír hablar de Agentes Sociales cuando se negocia un convenio o cuando se pretenden establecer las bases legales de actuación que regularán el marco de la vida laboral. Resulta irónico que estos Agentes Sociales: Gobierno, Patronal y Sindicatos -sólo CC.OO. y UGT- que se auto denominan Sociales no tengan relación directa con los trabajadores y, mucho menos, dependencia de los trabajadores a los que dicen representar. Este trío de Agentes que no dependen ni consultan a sus representados se arrogan su tutela y sus intereses de modo exclusivo y excluyente. Acaparan y usurpan su representación para ser utilizada a espaldas y en contra de los propios trabajadores.
Es muy grave un despido después de toda una vida de trabajo, de 35 años, es muy grave unas subvenciones millonarias con dinero público sin que se sepa con pelos y señales el por qué y el cómo de hasta el último céntimo de ese dinero, ni cómo y por qué tanto dinero para tan poca prestación social por parte de la empresa, pero es más grave aún que en 2005 la representante sindical, ahora despedida, haya sido condenada en el Juzgado de lo Social por bajo rendimiento por el testimonio -por la declaración personal y directa ante el Juez- de la Presidenta del Comité de Empresa Rosario Fernández de CC.OO. contra esta trabajadora sabiendo, además, que muy pocas compañeras pueden alcanzar los baremos de productividad.
Más grave es aún que su sindicato CC.OO. consienta que su representante declare en contra de una compañera, sea o no de su sindicato y tengan o no razón, cuando además, como en este caso, no la tiene en absoluto y, todavía más grave, que con estos antecedentes Rosario Fernández sea dirigente de CC.OO., forme parte del consejo político Regional y Local de Izquierda Unida y que haya formado parte de la lista de Izquierda Unida en las pasadas elecciones municipales.