Propuestas del Gobierno y la CEOE

Las propuestas del gobierno y la CEOE x CAES Cuando en las palabras de los conflictos se mezclan las palabras de los trabajadores (salario, asamblea, readmisión, salud, jornada, solidaridad) con las palabras del capital (productividad, consenso, competitividad y crecimiento económico), estamos perdidos
El 18 de Octubre de 2005, tras un año de tiras y aflojas en medio de una gran opacidad, el gobierno presentó un documento de 18 folios titulado DOCUMENTO PARA LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE MERCADO DE TRABAJO. Con el objetivo declarado de reducir la alta temporalidad de los contratos (5,1 millones de contratos son eventuales, el 34% del total), propone un conjunto de medidas entre las que cabe destacar: 1) ampliar los colectivos a los que se aplique el contrato de “fomento del empleo” que contempla una indemnización de 33 en lugar de 45 días por año, 2) rebajar el margen de intervención de los jueces para decidir si un despido por causa objetivas (económicas, organizativas o productivas) se ajusta a derecho; 3) reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en un 0,5% de aquí al 2008; 4) aumentar el ámbito de intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para asumir la indemnización de empresas de menos de 50 trabajadores (actualmente de menos de 25) en caso de despidos improcedentes.
El 25/X/05, siete días después de la propuesta del gobierno, la CEOE contestó con un documento de 44 folios en los que propone: 1) un nuevo contrato indefinido, de carácter general, con una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades; 2) pasar a fijos los contratos eventuales sucesivos, en contratas y subcontratas, a condición de que la indemnización por despido sea de 8 días el primer año trabajado, 10 días el segundo año, 12 días para el tercer año y 13,5 días para el cuarto, a partir del cual, la indemnización sería de 33 días, como en el contrato indefinido expresado anteriormente, 4) rechazo de cualquier responsabilidad subsidiaria de la empresa principal respecto a las subcontratas; 5) reducción en tres puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social, 6) mejorar la contratación a tiempo parcial a cambio de una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo; 7) supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos, 8) revisar las causas de despido objetivo, 9) que el juez no intervenga en la valoración de este tipo de despidos; 10) ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal.
Afrontar lo que se nos viene encima con el “Monólogo Político - Social” exige desvelar los contenidos que se ocultan tras la máscara de reformismo y consenso con que se presenta.
La ausencia de ciertas palabras convierte las luchas en impotentes. Las palabras que faltan son las que nombran un trabajo sin capital en lugar de un capital sin trabajo; una economía sujeta a las necesidades humanas, en lugar de unas necesidades humanas sujetas a la economía; un sindicalismo que coordine las luchas desde abajo, en lugar del sindicalismo que, hoy, coordina la desmovilización social desde arriba; unos representantes que, en lugar de hacer buenos negocios para ellos mismos a costa de los representados, hagan buenos negocios para los representados a costa de la participación y el esfuerzo de tod@s; un empleo que se adapte a los cuidados de las personas y no un cuidado que debe - aunque no pueda - adaptarse al empleo; un sindicalismo de participación y no de gestión; unas relaciones sindicales y políticas que destapen la violencia de las condiciones de trabajo en lugar de ocultarlas tras el consenso; una fuerza sindical que brote de la suma, la coordinación y la organización de las luchas que se libran cada día y no de su dispersión, invisibilización o neutralización.
Cuando en las palabras de los conflictos se mezclan las palabras de las personas que trabajan, salario, asamblea, readmisión, salud, jornada, solidaridad con las palabras del capital, productividad, consenso, competitividad y crecimiento económico, estamos perdidos.
Cuando Fidalgo dice que “el mercado de trabajo es el reflejo del aparato productivo”, clausura toda esperanza. El aparato productivo formado por edificios, tecnología, instalaciones, energía, organización y fuerza de trabajo es un conjunto de mercancías que cobran vida por el impulso y la voluntad del capital. Si la fuerza de trabajo, que en su naturaleza no es una mercancía, se comporta como una mercancía, entonces, la economía y el trabajo, se convierten en un instrumento para los fines exclusivos del capital.
Si se obliga al trabajo a adaptarse a un mercado donde rigen la productividad y la competitividad, que son determinaciones del capital, cualquier solución que no respete dichas determinaciones es políticamente imposible. El paro no puede resolverse rebajando la jornada laboral, es decir repartiendo las horas de trabajo necesarias para la producción social entre el conjunto de trabajador@s. Esta forma de resolver el paro es atentatoria para las necesidades del capital porque al rebajarse la jornada laboral desciende la productividad y en una economía abierta y competitiva, los beneficios se resienten. Aceptar este hecho supone aceptar que la economía no esta para resolver los problemas de la gente, sino que por el contrario, es la gente la que está para resolver los problemas de la economía.
Partiendo de la propiedad privada de los puestos de trabajo en manos de los empresarios y de la mayor fuerza legal de los derechos del capital sobre los derechos de las personas trabajadoras, la única forma de resolver el paro creado por la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y por la deslocalización, es la redistribución del tiempo de trabajo. Es decir, repartir el volumen de trabajo que la economía necesita en cada momento entre el número de personas que necesitan un empleo y adaptar constantemente ese reparto a las inestabilidades de los mercados. Esto es incompatible con la regulación política de la relación entre la persona trabajadora y su puesto de trabajo, del salario suficiente, de una jornada laboral respetuosa con las necesidades sociales y con los cuidados.
Si partimos de que el beneficio, la productividad y la competitividad son la clave para el empleo estable, con derechos (para empezar con el derecho a la vida, a la integridad física y mental y a cuidar y ser cuidados), tenemos un problema. Desde la globalización y la competitividad no hay más remedio que desregular la protección legal a la jornada (límite de horas y garantía de espacios de vida social, de cuidados, de cultura, de política, al margen del tiempo productivo), a la relación entre el tipo de contrato laboral y el tipo de actividad que supone el puesto de trabajo ocupado (principio de causalidad) y a un salario suficiente para una vida digna.