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miércoles, 16 de septiembre de 2015

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Anticorrupción pone en el punto de mira al ex ministro Manuel Pimentel

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos que impute al ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel Siles (PP), en relación con las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo de más de un millón de euros a diez ex trabajadores de las empresas Graficromo y Taller de Libros.

En un escrito que tiene fecha del pasado 10 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la magistrada que acuerde la imputación de 25 personas -algunas de las cuales ya están imputadas con anterioridad en la causa de los ERE- por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude; y ha pedido la imputación del ex ministro Manuel Pimentel, como "empresario promotor de la nueva sociedad" Taller de Libros, que surgió del plan de liquidación y enajenación de la empresa cordobesa Graficromo.

Dice el Ministerio Público que según la documentación obrante en la causa y el contenido de las declaraciones que se recogen en el atestado de la Guardia Civil, para esa enajenación se mantuvieron reuniones entre la representación de los trabajadores de Graficromo -el comité de empresa asesorado por una persona de CCOO-, "el empresario promotor de la nueva sociedad, Manuel Pimentel Siles", y la administración autonómica -representada por el director de Trabajo Javier Guerrero y el delegado de Trabajo en Córdoba Antonio Fernández-, "con el objeto de incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores de Graficromo".

La compañía Taller de Libros presentó a su vez concurso de acreedores el 28 de julio de 2008, por lo que se nombró una administración concursal que, de acuerdo con los empleados, solicitó al juez la suspensión temporal de los contrato de la plantilla por seis meses prorrogables automáticamente hasta 24 y por tres días semanales.

Ese acuerdo fue autorizado por el juez pero ante el impago de las nóminas, el comité de empresa mantuvo reuniones con el delegado provincial de Empleo en Córdoba y con el director de Trabajo Juan Márquez, quien "de forma verbal les dijo que daba una ayuda de 300.000 euros", detalla la Fiscalía Anticorrupción. El 15 de enero de 2009 se suscribió un convenio entre la dirección de Trabajo y la agencia Idea para el abono de esa ayuda sociolaboral con un importe máximo de 300.000 euros.

La Fiscalía ha pedido que dentro del tercer bloque de piezas separadas en el que ha sido dividida la causa de los ERE se proceda a la formación de una "pieza separada para la instrucción y enjuiciamiento compresiva de los pagos realizado por la Junta de Andalucía en los expedientes de Graficromo -incluida la asociación de ex trabajadores- y Taller de Libros". También ha solicitado que se fije un calendario para la declaración de los 25 imputados por estas ayudas.

Entre los 25 imputados, además del ex ministro, se encuentran el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los tres ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), el que fuera delegado de Trabajo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez, varios responsables de la agencia Idea y de la consultora Vitalia -que gestionaba las pólizas de las prejubilaciones-, y seis miembros del comité de empresa de Graficromo y un asesor de CCOO.

La sociedad Graficromo se constituyó en 1966 para la realización de todo tipo de actividades correspondientes al sector y comercio de artes gráficas y fue declarada en concurso voluntario en febrero de 2005. En diciembre de 2005 presentó un plan de liquidación de bienes y derechos que contemplaba la enajenación de la empresa a favor de Taller de Libros, de nueva creación, y una extinción parcial colectiva de los contratos de trabajo. En febrero de 2006, el juzgado de lo Mercantil autorizó la extinción parcial de los contratos de 23 trabajadores y fijó una indemnización total de 300.000 euros. En marzo de 2006, el entonces director general de Trabajo y uno de los principales imputados en el caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, dirigió un escrito a la aseguradora Personal Life para que realizara una transferencia a favor de Apra Leven para formalizar la póliza de prejubilación de diez trabajadores de Graficromo, comprometiéndose a abonarles en dos vencimientos la cantidades de 100.000 y 957.263,29, lo que hace un total de 1.057.263,29 euros.

La Fiscalía señala que "no consta" que las indemnizaciones percibidas como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo de los asegurados en la póliza se hayan destinado al pago de las primas, "habiendo manifestado algunas de estas personas que fueron entregadas, total o parcialmente, a los miembros del comité de empresa sin que se haya acreditado hasta la fecha la aplicación dada a estas cantidades".

Anticorrupción añade que en la tramitación de estas ayudas, al igual que en otras concedidas por la dirección general de Trabajo, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", al tiempo que no consta solicitud formal de las ayudas ni que se hayan aplicado criterios de "publicidad, concurrencia y objetividad", y tampoco fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa, por lo que concluye que "no existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan las subvenciones".

Por último, los fiscales delegado de Anticorrupción urgen a la juez a que, de acuerdo con el auto del pasado 30 de julio, por el que se acordó la división de la causa de los ERE, se procede a la "formación de las piezas singulares" de cada una de las ayudas para "iniciar/concluir la instrucción y posterior enjuiciamiento en términos análogos a los que se interesan en este escrito", concluyen.


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