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viernes, 3 de julio de 2015

DETENIDOS TODOS LOS CARGOS DE LA JUNTA INVOLUCRADOS EN LA CONCESION DE AZNALCOLLAR

 
Detenidos todos los cargos de la Junta involucrados en la concesión de Aznalcóllar
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido en las últimas semanas a todos los cargos y técnicos de la Junta de Andalucía que intervinieron en el proceso de adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar. Así consta en un documento al que ha tenido acceso El Confidencial, relacionado con el procedimiento que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla para aclarar si hubo irregularidades en la concesión del proyecto al consorcio formado por las mercantiles Grupo México y Minorbis.
Entre los detenidos se encuentran los seis funcionarios que integraron la Comisión Técnica que se encargó de evaluar las tres ofertas que se presentaron al concurso para quedarse con la explotación del yacimiento. Se trata de los empleados públicos Pilar Orche, Aurora Gomera, Manuel Gil, Luis Cordero, Juan José García y Alberto Fernández.
Asimismo, los agentes también han arrestado a todos los componentes de la Mesa de Contratación que intervino en el proceso. Se trata de los técnicos Juan Manuel Revilla, Pastora Sánchez de la Cuesta, José Marcos Acosta, Julio Ramos, Salvador Camacho, Iván Maldonado y, por último, la presidenta de mesa, María José Asensio Coto, directora general de Industria, Energía y Minas, la dirigente de mayor rango de todos los implicados hasta ahora en el curso de esta investigación. Asensio fue la última en ser arrestada.
Según fuentes cercanas al caso, las detenciones comenzaron el pasado 15 de mayo y concluyeron el pasado 15 de junio. La UDEF tomó declaración a todos los funcionarios para tratar de averiguar su participación exacta en las presuntas irregularidades que ya fueron señaladas en un primer informe de los investigadores remitido al Juzgado número 3 de Sevilla el pasado 23 de abril. Entre otras conclusiones, los expertos en delitos económicos de la Policía señalaron que la empresa que resultó adjudicataria había incumplido puntos fundamentales del pliego de condiciones del concurso, como la ausencia de avales, la falta de un seguro de riesgos profesionales y la carencia de la plantilla y los medios materiales necesarios para poder gestionar el yacimiento, entre otros aspectos.
La UDEF habría concluido tras interrogar a los 13 técnicos detenidos y analizar su actuación a lo largo del proceso de adjudicación que presuntamente habrían prevaricado otorgando más puntuación de la merecida al consorcio formado por el Grupo México y Minorbis, en detrimento de la compañía Emerita Resources España, la sociedad que presentó la denuncia que ha dado lugar a este procedimiento.

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