Blesa descubre y tapa
que una inmobiliaria de CC.OO se lucra con cárceles, hospitales y centros de
inserción
“En el año 2004 se incorpora a SIEPSA como Director General
de la Sociedad, Juan José Azcona Olóndriz (destacado dirigente de CC.OO Madrid)
que es a la vez Consejero de Caja Madrid, Consejero de la Corporación
Financiera Caja Madrid, Consejero de la Sociedad Económica Social de Madrid,
S.L. (Sociedad de la propia CC.OO) y Consejero de Realia Business, S.A. La
actividad de Realia como inmobiliaria es suficientemente conocida para que no
haga falta destacarlo aquí. Por lo que se refiere a la Sociedad Económico
Social de Madrid, su objeto social es también inmobiliario”. ¿El sindicato
Comisiones Obreras actuaba como una empresa inmobiliaria “paralela” con la que
se financiaba en la desamortización de las instalaciones penitenciarias,
hospitales y centros de inserción social? Eso da a entender el “dossier SIEPSA”
que estaba en manos del banquero Miguel Blesa , que él mismo guardó en un cajón
y que forma parte del libro “Mano izquierda para las Comisiones en la Banca”. A
lo largo de sus más de 70 páginas revela, entre otros documentos, todos los
emails corporativos que los sindicalistas “Juanjo” Azcona y Rodolfo Benito
intercambiaban con la cúpula del banco.
“Pues bien, el Sr. Azcona en la declaración realizada en el
año 2005 para el Grupo Cajamadrid, de acuerdo con el Artículo 127 de la Ley de
Sociedades Anónimas, declaró su actividad en Realia y en la propia SIEPSA, por
tratarse de entidades con análogo o complementario género de actividad al de
Corporación Financiera Caja Madrid. Esta declaración de acuerdo con la
información que se posee, se realizó por el Sr. Azcona porque los servicios administrativos de la Corporación Financiera
Caja Madrid le hicieron ver la necesidad de declarar estas actividades. Sin
embargo cuando el Sr. Azcona cumplimentó la misma declaración del articulo 127
de la LSA para REALIA, esta vez personalmente sin que se la prepararan los servicios
administrativos de REALIA, declaró que “no participa en el capital de otras
sociedades ni realiza por cuenta ajena análogo género de actividad, salvo la
referida en Corporación Financiera Caja Madrid”: es decir, curiosamente se
olvidó declarar sus actividades como Director General de SIEPSA y administrador
de la Sociedad Económica Social de Madrid, que son, precisamente, las que
generan un claro conflicto de interés y concurrencia con SIEPSA”, dice el
“dossier”.
“Es bien sabido que la normativa de sociedades anónimas
española exige a los administradores ser leales y fieles al interés social de
la sociedad, lo que implica comunicar y abstenerse de intervenir en aquellas
situaciones que generen conflicto de interés o competencia con la sociedad
(artículos 127 y 132 de la Ley de Sociedades Anónimas), debiendo ser
comunicadas estas situaciones en los Informes de Gobierno Corporativo y en los
Estados Financieros anuales. Dentro del ámbito de actuación administrativa,
como ha señalado el Tribunal Supremo, se trata de elementales criterios de
“moralidad publica”, más exigibles aun que en el ámbito privado”.
Según la propia Ley de Sociedades Anónimas, articulo 132,
los administradores en tales supuestos “deberán ser inmediatamente destituidos,
aunque como prevé el articulo 124, no tenían que haber sido nombrados
(naturalmente si hubieran solicitado, como no ocurrió tampoco en el caso del
Sr. Azcona, la dispensa de compatibilidad previa al nombramiento), siendo tal
nombramiento nulo de pleno derecho (Uría, Menéndez, Olivencia, tomo VI del
Comentario al régimen legal de las sociedades anónimas, pagina 252). La
destitución, en este caso, se produciría por el accionista único, el propio
Estado, que no debió nombrarle, todo ello, según señala el art. 133 “sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran concurrir por su conducta desleal. Todo
ello sin perjuicio de la falsedad documental en documentos mercantiles a que se
refiere el art 290 del Código Penal”, añade el “dossier”.
“Los motivos por los que pudo producirse este “olvido”
fraudulento en las declaraciones anuales de actividades competidoras, que no es
sino una falsedad en los estados financieros de REALIA, pueden tener que ver
con haberse olvidado también el Sr Azcona, para ser designado Director General
de SIEPSA, de solicitar la dispensa compatibilidad ante la Subdirección General
de Régimen General de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones
Públicas”, denuncia el informe.
“Como ya dijimos antes, se trata en estos casos de políticos
avezados en normas y procedimientos. El Sr. Azcona “sugirió” ser nombrado
Director General, pero no Presidente, aunque se trate del máximo puesto
ejecutivo, para escapar así de la formalidad de ser considerado Alto Cargo y
resultar incompatible conforme al artículo 1.2 de la Ley de Incompatibilidades
de 11 de mayo de 1995; pero no quiso, según consta en la Subdirección General
de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas, solicitar la
preceptiva dispensa de compatibilidad del Ministerio de Administraciones
Públicas porque conocía que, al menos para la Comisión Europea, SIEPSA es un
Organismo Público por mucho que se disfrace de sociedad anónima; y sabía
también que tendría que declarar sus actividades en el Grupo CajaMadrid y en
REALIA, siendo ambas un claro impedimento para ser designado en su nuevo puesto
de Director General de SIEPSA”, revela el dossier.
“El tema de las incompatibilidades no se limita, sin
embargo, a los altos cargos sino que cuenta con una normativa específica para
todo el personal que presta servicio en el sector público, llegando en su
regulación a las situaciones de conflicto de intereses. Así, en efecto, el art.
2 de la Ley citada incluye, dentro de su ámbito de aplicación, el personal que
preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%, como es
el caso de SIEPSA (100%)”.
Fernández Toxo y José
María Martínez (Banca): defendió la compra del Banco de Florida por Blesa.
Ahora se explica todo.
¿Por que Azcona oculta esta incompatibilidad inmobiliaria y
la cúpula de CC.OO que lidera Fernández Toxo lo toleraba?. ¿Por qué José María
Martínez (CC.OO Banca) apoyó la compra del Banco de Florida por parte de Blesa?
La respuesta la da el propio “dossier”, pues la información que manejaba Azcona
era suculenta y su condición simultánea de consejero en la Sociedad Económica
Social de Madrid, S.L. “Sociedad de la propia CC.OO” (era una empresa
“pantalla”) podía aprovecharla:
Fernández Toxo y José
María Martínez deben mostrar sus patrimonios personales
Fernández Toxo y José María Martínez deben mostrar sus
declaraciones de la renta y patrimonio de los últimos 10 años para despejar
dudas razonables. Tendría que ser obligado en todo cargo público que dependa de
subvenciones.
“De acuerdo con el anterior objeto social, SIEPSA ha
adquirido terrenos y construido edificios penitenciarios en Valdemoro,
Navalcarnero, Villabona (Asturias), Picassent (Valencia), Melilla, Soto del
Real, Tobas (Salamanca), Huelva, Albolote (Granada), Dueñas (Valencia),
Teixeiro (A Coruña), Al Ama (Pontevedra), Aranjuez, Mallorca, León, Córdoba,
Alcázares (Segovia), Zaragoza, Villena (Alicante); ha ejecutado obras de
adecuación y equipamiento de unidades hospitalarias de acceso restringido en 23
hospitales a lo largo de todo el territorio nacional; y ha construido más de 24
Centros de Inserción Social en Málaga, Alicante, Sevilla, Cádiz, Córdoba,
Granada, Las Palmas, León, Zaragoza, Cáceres, A Coruña, Huelva, Jerez, Vigo,
Ceuta, Ciudad Real, Guadalajara, Huesca, Menorca, Salamanca, Santander, Toledo
y Zamora. Según publicó ABC el 27 de marzo de 2005, el 28 de julio de 2003, el
entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció la construcción de nuevos
Centros Penitenciarios en Puerto de Santamaría, Málaga, Cádiz, Morón de la
Frontera (Sevilla), Albocasser (Castellón) y Estremera (Madrid), pero en la
actualidad se encuentran todavía en fase primaria de adquisición y expropiación
de terrenos en busca de edificios para reconvertirlos en cárceles”, dice el
“dossier”.
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