Alaya impone una fianza civil de 593.306,96 euros a un
dirigente de CCOO por el ERE de Calderinox
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La juez que investiga
el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha
impuesto una fianza de responsabilidad civil de 593.306,96 euros al secretario
general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio
Caravaca, por el ERE de Calderinox donde fueron incluidos dos 'intrusos'.
En un auto, consultado por Europa Press, la juez Mercedes
Alaya determina que el imputado deberá responder de la cantidad fijada de
manera solidaria junto al secretario general de la Federación de Industria de
CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y declara responsable civil subsidiario a la
Federación de Industria de CCOO.
La magistrada destaca que, de las investigaciones
realizadas, "consta la participación activa" de Caravaca en la
concesión de las ayudas del ERE de Calderinox, ya que "sería partícipe a
través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a
los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales" a los
trabajadores de Calderinox.
Estas medidas consistían, por una parte, en una percepción
económica debido a que se adeudaban nóminas, y, por otra, en un plan de
jubilación para los trabajadores de mayor edad.
Según la juez, dichos compromisos "fueron
adquiridos" por el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio
Rivas y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, mientras
que el dirigente de CCOO imputado habría insistido al sucesor en el cargo de
Guerrero, Juan Márquez, para que las ayudas sociolaborales prometidas se
ejecutaran.
Así, el 6 de marzo de 2008 se formalizó el convenio de
colaboración entre la Dirección General de Trabajo e IDEA por el que se
formaliza el otorgamiento de ayuda a los extrabajadores de Calderinox y
encomienda a la agencia IDEA la gestión del abono de una subvención de
concesión directa a la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A de 432.728,71
euros.
Finalmente, y según indica la juez, a la ayuda a favor de
nueve extrabajadores de Calderinox "se añadieron dos suplementos para
incluir a dos 'intrusos'", como son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio
Fernández Garzón, los cuales "nunca habían trabajado" en la empresa,
aseverando que "la inclusión de tales 'intrusos' en la póliza era
perfectamente conocida" por el imputado.
La inclusión de ambos 'intrusos' supuso un coste de
208.901,81 euros, dice la instructora, que destaca que, en el caso de Rodríguez
Cordobés, su inclusión se produjo gracias a la "activa participación"
de Rivas y del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.
El imputado "fue conocedor y participó en las
negociaciones referentes a la ayuda excepcional y a la ayuda sociolaboral
concedidas a esta empresas, que fueron tramitadas y concedidas prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo
aplicable", concluye Alaya.
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