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domingo, 21 de julio de 2013

BAHIA COMPETITIVA JUEGO A TRES BANDAS


Bahía Competitiva, juego a tres bandas

El caso del supuesto fraude de las ayudas públicas que el empresario gallego Dávila Ouviña perpretó con tanta facilidad tiene una sencilla explicación: el juego a tres bandas de las administraciones propició que este presunto estafador desviase 21 millones del erario español. Y que, más tarde y según las pesquisas de la Policía, blanqueó en paraísos fiscales. Según las informaciones recibidas por LA VOZ, durante la tanda de declaraciones ante la jueza Lourdes del Río esta semana pasada, la aprobación de las ayudas para la Reindustrialización a través del Plan Bahía Competitiva tenían, en el mejor de los casos, un control difuso, diluido entre las administraciones que debieron de ejercer el control: Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno central.

 En estos días, la jueza instructora del caso se ha enfrentado a la difícil tarea de dilucidar si además de dejación de funciones, algo evidente y que parece probado a tenor de las declaraciones, hubo prevaricación con fondos públicos para bonificar a un empresario concreto a cambio de promesas de trabajo en Alcalá de los Gazules o de algún otro beneficio para políticos y técnicos implicados. Por ahora, lo único que parece claro es que ninguna de las partes implicadas cumplieron eficientemente con su trabajo. Los técnicos de Diputación se limitaron a calificar como ‘Favorable’ la tramitación de todas las solicitudes presentadas por Dávila Ouviña y Arespacochaga, a pesar de que sospechaban de un promotor que se anunciaba como el salvador del municipio, y que incluso cambió la ubicación de los proyectos (desde la Bahía hasta Alcalá). Estas y otras maniobras extrañas levantaron todo tipo de suspicacias, que sólo quedaron reflejadas en una casilla de observaciones. Varios imputados alegan que se dieron cuenta de que había una excesiva concentración de ayudas, el 32% del total en un mismo empresario y zona, cuando el máximo permitido era del 30%, y de que las firmas solicitantes no garantizaban la financiación para llevar a cabo sus proyectos. Y aún así, como cumplían otros requisitos que sí aparecían en la plantilla de calificación enviada por el Ministerio de Industria, les dieron el visto bueno.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, y esta a su vez de la Agencia IDEA, era la administración responsable de las ayudas en la Comunidad Autónoma y debía ofrecer apoyo técnico a los empleados de Diputación para evaluar las solicitudes en un primer examen sobre el territorio. Hasta ahora, la Junta se ha puesto de perfil en este pleito, aferrándose a que desde Sevilla se alertó del posible fraude (dos años más tarde) y dejando que las culpas de una nefasta gestión (como mínimo, y suponiendo que no hubiese delito) recaigan sobre las otras dos partes implicadas en la tramitación, obviando que los propios técnicos de Diputación denunciaron presiones de la Junta para mejorar la puntuación de algunas firmas en detrimento de otras. En este punto no hay que olvidar que el gerente de Bahía Competitiva era el conocido socialista Antonio Perales, parte vital del clan político de Alcalá. Así como que una de las empleadas que formaban parte de la mesa de trabajo era Gema Herrera, nuera del exconsejero de Presidencia de la Junta, Luis Pizarro. Antonio Perales fue el mayor valedor de los empresarios gallegos en la provincia y, según el informe de la Udyco hasta llegó a presentarlos ante el consejero de Innovación, Antonio Ávila. Aquí se dibuja la delgada línea entre el consejo político y la prevaricación, que tendrá que delimitar la jueza Lourdes del Río.

Pero a todo esto se añade la sorpresa que ha dado en estos días el Ministerio de Industria, revelándose como una Administración de juguete. A pesar de tener en sus manos buena parte de los apoyos públicos a zonas desfavorecidas, los directivos de Programas Estratégico, Ramón Herrero Arbizu y Alejandro Fernández Granado, alegaron ante la jueza en Cádiz que en aquellos años, entre 2009 y 2011, tenían más de dos mil expedientes que revisar y que no les daba tiempo a leerlos detenidamente. Y por este motivo, atendían sólo a la casilla en la que los técnicos del territorio en cuestión calificaban los proyectos de ‘Favorable’ o ‘Desfavorable’ para aprobar las ayudas, reconociendo de forma sorprendente la dejación en sus funciones. Pero no se fueron de los juzgados sin apostillar que en las reuniones que mantenían con los técnicos de Diputación, Bahía Competitiva y Agencia Idea, «nunca, nadie» los alertó de los peligros detectados por dichos profesionales. El director del IEDT, Teodoro Garrido, y la jefa de Cooperación del mismo organismo, Adelaida Moares, ya declararon el día antes que las reuniones en Madrid, cuyo revelador nombre era el de Comisión de Aprobación, «no eran serias, que apenas duraban cinco minutos».

Un peligroso correo

Hasta ahora, la Junta de Andalucía, se ha puesto de perfil en este asunto, especialmente porque no han llamado a declarar aún a ningún imputado de la Agencia IDEA. A pesar de todo, las funciones de esta entidad dependiente de la Consejería de Innovación se limitaron a servir de apoyo técnico, aunque un correo electrónico desvelado el pasado martes, en el último momento, por el abogado de la Rosa Rodríguez (mano derecha de Perales en la oficina de Bahía Competitiva) podría probar una relación más comprometida entre Junta y Diputación, en la que desde la primera se le dieran instrucciones para mejorar la puntuación de los empresarios presuntamente defraudadores. En estos correos está el quid para dirimir si hubo algo más que dejación de funciones en el presunto fraude de capitales públicos.

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