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domingo, 28 de abril de 2013

EL EXALCALDE DE PUERTO REAL UTLILIZO EL DINERO DEL SOTERRAMIENTO PARA TAPAR AGUJEROS


El exalcalde de Puerto Real utilizó el dinero del soterramiento para tapar agujeros

El crédito suscrito por el Ayuntamiento de Puerto Real en 2009 con La Caixa y Cajasol para afrontar la obra del soterramiento del tren se destinó a pagar nóminas de los funcionarios y a rebajar parte de la deuda municipal. El entonces alcalde de la localidad, José Antonio Barroso, de IU, aprovechó la concesión de este préstamo, valorado en 9,6 millones de euros, para mantener con vida la hacienda municipal. En ese momento, el consistorio puertorrealeño estaba en bancarrota, sumido en una deuda que superaba los 138 millones de euros. Estos son algunos de los apuntes que figuran en la documentación que maneja la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Puerto Real para aclarar el desvío de estos fondos y de los que ha tenido conocimiento LA VOZ.

La comisión se constituyó el pasado 5 de abril y está compuesta por representantes de las seis formaciones políticas que integran la Corporación local. El pasado martes 23 de abril tuvieron la segunda reunión en la que debatieron sobre la información aportada por las distintas áreas del Ayuntamiento en la que se recoge como ese dinero se solicitó para pagar parte de una obra pública y, sin embargo, se destinó a otros fines.

Este periódico ha podido saber que la situación económica del consistorio de Puerto Real era especialmente grave en la última etapa de gobierno de Barroso. Un año antes de las elecciones municipales de mayo de 2011, Barroso pactó un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE. En ese momento, el Ayuntamiento debía más de 30 millones de euros a la Seguridad Social, 27 millones al servicio de limpieza y recogida de basuras, casi 43 millones a proveedores y 26 millones a los bancos. La situación era insostenible. Además, el Estado había cortado su aportación a la hacienda local ante los débitos que acumulaba con la Agencia Tributaria.

La obra del soterramiento del trazado ferroviario de Puerto Real forma parte de un acuerdo a tres bandas, firmado en 2007. El Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento de la localidad se comprometían a sufragar este proyecto de tal forma que el Estado asumía el 60% de su coste, mientras que las otras dos administraciones se repartían el 40% restante a partes iguales. La obra se adjudicó en 2008 a la UTE Sando-Azvi por 46 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. Los trabajos se paralizaron en 2010 por los impagos de las certificaciones de obra correspondientes a la parte municipal. El Ayuntamiento, entonces en manos de Barroso, no cumplió con el acuerdo, mientras que el Estado y la Junta afrontaban los principales desembolsos. La comisión de investigación confirma ahora que ni un euro del préstamo suscrito por el Ayuntamiento se destinó a la obra.

La obra se reactivó a finales de 2012 gracias a la mediación de la alcaldesa, Maribel Peinado, que logró firmar en verano un nuevo acuerdo con el Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento ya ha pagado su parte. Los diez millones que necesitaba el Consistorio puertorrealeño los ha sacado, por un lado, de una línea de crédito ICO (6,7 millones de euros) y, por otro, de la expropiación de los terrenos en el Trocadero para continuar con la línea ferroviaria de La Cabezuela. Este suelo se ha permutado al Estado por la deuda del soterramiento. No obstante, en su cuenta de resultados aparece la deuda de 9,6 millones de euros del préstamo suscrito en 2009 y que ahora toca pagarlo.

 Argucia legal

El exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, ha asegurado en varias ocasiones que el crédito solicitado fue una «argucia legal» para rebajar la carga financiera del consistorio. Ha insistido en que el dinero del soterramiento se obtuvo a través de un convenio con la Junta en Las Aletas, de la expropiación de suelo en La Cabezuela y de un acuerdo para la urbanización de la superficie que quedaría tras la desaparición de las vías.

Las conclusiones de la comisión de investigación se conocerán en breve y será entonces cuando se decida si este caso se eleva a pleno para exigir responsabilidades o, por el contrario, se traslada a la Justicia. La solicitud de una comisión de investigación se aprobó el pasado septiembre. El grupo de Los Verdes, que cuenta con representación en el pleno local, pidió entonces la puesta en marcha de una comisión para depurar responsabilidades y averiguar dónde fueron a parar esos fondos. La iniciativa contó con el apoyo del actual Gobierno municipal, que cuenta con mayoría en la Corporación. La comisión se constituyó en abril, justo cinco meses después de ser aprobada la propuesta. Está comisión está formada por los ediles Jesús Plaza (PA), Ana Mosquera (PSOE), José Alfaro (IU), Christian Castaño (PP) Iván Canca (Los Verdes) y Ricardo Jiménez (Ciudadanos por el Río).

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