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viernes, 22 de febrero de 2013

LOS INDULTOS DEL PP Y PSOE A LOS QUE ROBARON DINERO PUBLICO


PP y PSOE dejaron sin condena a 140 funcionarios, políticos y empresarios que robaron dinero público

Desde 1996 se han producido 140 indultos por delitos de malversación. Entre ellos, según refleja la web El Indultómetro, lanzada hoy por la Fudanción CIVIO, figuran políticos, funcionarios, cargos públicos y empresarios que se vieron tentados por la facilidad de acceder o gestionar fondos públicos y que fueron condenados por ese delito. Sin embargo y según refleja el Boletín Oficial del Estado, al menos 140 de ellos recibieron luego el perdón del Gobierno de turno.

Durante las dos legislaturas completas de José María Aznar, el Ejecutivo realizó 82 indultos por malversación, de los cuales ocho eran altos cargos públicos o pertenecientes a distintos partidos. Margarita Mariscal fue la única titular de Justicia que ocupó el cargo durante una legislatura completa, de 1996 al 2000, fue durante los primeros cuatro años de Aznar como presidente. En total dictó 34 indultos. En la segunda etapa del exlíder popular se dictaron 48 indultos en total, 14 más que en la anterior legislatura. El sucesor de Mariscal, Ángel Acebes, portó la cartera ministerial del 2000 a 2002. Durante su mandato absolvió o redujo 46 penas por malversación. En los últimos años de Aznar en el poder, José María Michavila firmó dos indultos por esta condena como ministro de Justicia, cargo que ocupó desde el 10 de julio de 2002 al 18 de abril de 2004. Ninguno fue a altos cargos políticos.

Por su parte, los socialistas sellaron 55 de los 140 indultos por malversación realizados en los últimos 17 años. Los nueve primeros, incluidos dos del 28 de diciembre de 1995, se realizaron durante la última etapa de Felipe González como presidente del Gobierno, con Alberto Belloch como Ministro del Interior, quien ahora es el alcalde de Zaragoza desde 2003. Durante los siete años de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente concedieron 46 absoluciones judiciales, de las cuales cuatro fueron a políticos. Tres de ellas las firmó Juan Fernando López Aguilar, quien emitió 20 indultos por este delito, durante los casi tres años como ministro, del 18 de abril de 2004 al 12 de febrero de 2007. Mariano Fernández Bermejo, número uno de justicia de 2007 hasta el 2009, firmó 14 y Francisco Caamaño ejecutó 12 indultos, entre 2009 y 2011, una al político cántabro del PP Juan Hormaechea. De momento y tras más de un año el poder, Mariano Rajoy ha realizado tres indultos a cargos electos por malversación; los cuales fueron miembros de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

Una calle para el alcalde

El primer indulto para un responsable político en 1996 llevó inscrito el nombre del popular Dalmacio Méndez, alcalde del municipio de Pájara de Las Palmas, desde 1987 hasta 1992. Tras su fallecimiento en 2010, el exedil fue propuesto por los concejales de su partido para que le pusieran su nombre a una calle en Pájara, propuesta que nunca llegó a realizarse.

La primera absolución judicial a un político por malversación con Aznar al frente del Gobierno fue firmada por Mariscal en 1997 para Ramón Bonastre, militante de Unió Democràtica de Catalunya (CiU). Es es el único político de la lista al que se le ha aplicado “la inhabilitación absoluta y accesorias pendientes de cumplimiento” de su pena. En 1991 fue sentenciado “a un año de prisión menor e inhabilitación absoluta durante seis años y un día, con las accesorias de suspensión de todo cargo público” por la Audiencia Provincial de Tarragona. Según figura en el BOE, cometió el delito en 1981, durante su gestión como secretario interventor habilitado del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona). Bonastre fue, desde enero de  2011, responsable de Relaciones Laborales del Gobierno de Cataluña y actualmente es el secretario de Ocupación del Gobierno catalán.

En 1999 llegó el segundo perdón político de la ministra Mariscal. Fue para José Barrionuevo. El exministro del Interior con Felipe González fue condenado en 1981 por un delito de malversación de fondos públicos y acusado además de dar luz verde a la operación que terminó con el secuestro del empresario Segundo Marey, enmarcado dentro de la trama de los GAL. Ese mismo año fueron indultados por el Gobierno del PP los comisarios Miguel Planchuelo y Francisco Álvarez Sánchez, también implicados en el caso Marey. Un año más tarde, le llegó el turno a Rafael Vera, subsecretario de Interior de 1984 a 1986 y secretario de la Seguridad del Estado entre 1986 y 1996. También fue absuelto por Mariscal.

Cifra récord

La segunda legislatura de Aznar fue la que más indultos a políticos registra. Sólo en el 2000 el Ejecutivo perdonó a 1.544 personas. Ángel Acebes, entonces ministro de Justicia, firmó el perdón a tres políticos acusados de malversar dinero público. En el primer año del mandato de Acebes, fueron indultados: Luis Borrego, miembro del Partido Regionalista Leonés, y Victoriano Floreal, más conocido como Víctor Floreal, militante de Centro Democrático Social (CDS). Floreal, fue director general de Deportes del Gobierno de Canarias y en 1990 se vio obligado a dimitir, después de ser acusado de desviar fondos públicos.

Ese mismo año llegaron además los indultos del caso Filesa. Sin embargo, los principales beneficiarios del perdón no fueron condenados por malversación, sino por asociación ilícita y y delitos contra la Hacienda pública. El exdiputado socialista Carlos Navarro tenía sobre su persona una condena de 11 años y una multa de 260 millones de pesetas que abonar a la Justicia. Junto a él fueron perdonados Luis Oliveró y Alberto Flores, ambos condenados también por asociación ilícita.

En 2001 Acebes indultó al también socialista Matías Ramos Ruiz, exvicepresidente de la diputación de Extremadura y exconcejal del Ayuntamiento de Badajoz. La Justicia le consideró culpable de dos delitos continuados de falsedad para cometer delito de malversación de caudales públicos y le condenó a siete años de prisión y a una inhabilitación absoluta de 18 años para ejercer cargo público. El perdón político supuso una rebaja en su condena hasta quedarse en dos años para todos los conceptos. En total, 12 personas fueron indultadas ese año entre funcionarios, empresarios y políticos de distinto rango que previamente fueron condenados por meter la mano en la caja pública.

Reducción

Las cifras bajaron de forma notable en los siguientes años, según el estudio posibilitado por la Fundación CIVIO gracias a su nueva web. De forma que entre 2002 y 2007 menos de cinco personas cada año fueron indultadas de una condena de malversación. El siguiente perdón notable no se produciría hasta 2007, con el cambio de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la primera legislatura de los socialistas, el ministro canario López Aguilar indultó en 2005 a un diplomático llamado José María Rodríguez Cordón y a tres responsables políticos: el popular Santiago José Cadenas, exsecretario del Ayuntamiento de Sahagún (Valladolid) y los socialistas Antonio Araque Olmedo, exconcejal PSOE de Aguilar de la Frontera (Córdoba), y a Rafael Leiva Rosa, exalcalde del mismo municipio cordobés.

Durante el último año de López Aguilar como ministro de Justicia, fue indultado Juan Carlos Beneyto, quien figuró como exsecretario técnico del Ministerio de Transportes hasta finales 1993. Según la fiscalía, Beneyto recibió una comisión ilegal de 50 millones de pesetas (300.000 euros) en metálico. El pago fue realizado por Deco Studio, propiedad de Ignacio Bendito García, que se encargó de la feria de telecomunicaciones celebrada en Madrid, Eurotelecom 90, de la que Beneyto fue gerente. Por este evento, la empresa de Bendito facturó 428 millones de pesetas (2,5 millones de euros), de los que 50 (300.000 euros) fueron a parar a la arcas del exalto funcionario, que en 1994 fue asesor de Cristina Alberdi, ministra de Asuntos Sociales desde 1993 hasta 1996. El empresario Bendito también fue indultado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero a diferencia de Beneyto su perdón llegó en 2007 cuando el PSOE agotaba su segunda legislatura.

En su último año como ministro, el socialista Francisco Caamaño indultó a Juan Hormaechea, que presidió la Comunidad de Cantabria por el Partido Popular entre 1987 y 1990. También fue alcalde de Santander y exdiputado autonómico. Hormaechea fue condenado, el 10 de diciembre de 2002, a tres años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación, cometidos de 1988 a 1989. El perdón político al dirigente cántabro dejó sin efecto toda la condena que le quedaba hasta ese momento. Ese mismo año, Caamaño también absolvió a José Juan Jiménez Ramos, exdirector provincial del Inem de Las Palmas, condenado once años atrás por el mismo delito.

Esta legislatura

Las dos últimas amnistías concedidas a políticos por malgastar dinero público fueron registradas en 2012. Ambas llevaron inscritos el nombre de dos militante de UDC. Alberto Ruiz-Gallardón, actual ministro de Justicia, conmutó la pena impuesta a Josep María Servitje por prevaricación y malversación en 2009. Servitje fue uno de los principales condenados del llamado caso Treball, que se produjo en 1994, cuando el miembro de Unió Democràtica per Catalunya (UDC), era secretario general de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol. En la trama participó, según la documentación del caso, el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, exmilitante del partido que gobierna en Cataluña y que fue cuñado de Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso y dirigente de UDC. Servitje desvió según la fiscalía más de 46.000 euros de fondos públicos, a través de la adjudicación de estudios plagiados sin utilidad alguna y que eran elaborados por las empresas de Lorenzo Acuña.

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