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jueves, 24 de enero de 2013

LAS CUENTAS OPACAS DE LA UGT ANDALUCIA


Las cuentas opacas de UGT-A

(en la foto el S.G. UGT Cadiz con el presidente de los empresarios)

Una auditoría certificó un superávit de casi un millón cinco meses antes del ERE

La ley no obliga a la central, considerada asociación sin ánimo de lucro, a publicar su estado financiero o a que el Estado lo fiscalice

 La situación real financiera de UGT-Andalucía es todo un misterio. Con la aplicación de un ERE y un ERTE a la plantilla andaluza por razones económicas, la organización está obligada a acreditar el estado negativo de sus cuentas, en caso de pérdidas reales, o a justificar la previsión futura de balances en rojo. Así, a finales de noviembre, cuando se presentaron los expedientes de regulación que afectan a 218 empleados, 26 de los cuales están destinados en Cádiz, sus representantes recibieron una voluminosa documentación con 15 anexos. En ella, la central sindical justifica con números la drástica medida, que en el caso de la provincia gaditana ha provocado una fractura interna con peticiones al secretario provincial, Salvador Mera, de que dimita por no rechazar el llamado plan de viabilidad cocinado en Sevilla.

Sin embargo, los trabajadores cuestionan los datos que aparecen en dicho informe: «Esas cuentas no nos la creemos. Por eso las hemos puesto en manos de una perito economista que ya nos ha anticipado que los números no encajan», dice el secretario general de la sección sindical, Francisco Serrano.

La organización alega que se encuentra en pérdidas reales y aporta una cifra exacta del agujero económico que presentaban sus cuentas a fecha del 30 de noviembre de 2012: 3.652.660 euros. Una cantidad, que según la documentación del ERE a la que ha tenido acceso íntegro LA VOZ, la certifica el mismo sindicato y no un órgano fiscalizador independiente. Las previsiones que entregaron a los trabajadores son catastróficas, con un cierre del ejercicio pasado rozando los 4 millones de pérdidas.

Esa situación financiera, según UGT-A, viene de lejos como consecuencia de una disminución progresiva de los ingresos y la crisis económica de contexto. Así, en las cartas de despido que recibieron los afectados por los expedientes se señala que 2011 acabó con unas pérdidas próximas a los 150.000 euros.

Ese análisis tan pesimista contradice por completo los resultados de una auditoría externa que encargó la Comisión Ejecutiva Regional en 2011 para que verificara el estado de las cuentas. Un compromiso que adquirió el líder ugetista andaluz, Manuel Pastrana, en el V Comité celebrado en Sevilla el 19 de octubre de 2011. En el acta de esa reunión se menciona el momento en que Pastrana anuncia que ya se ha contratado una auditoría para «que haga un estudio más exhaustivo, real y certero» de la situación económica cuyas conclusiones se darían a conocer.

 Dicho informe fue finalizado el 15 de junio de 2012 y de su lectura no se intuye, ni de lejos, que el sindicato se encontrara en números rojos, sino todo lo contrario. Sin embargo, la dirección andaluza convocaba en julio a los trabajadores para plantearles modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, que según los afectados suponían recortes de nómina entre un 40% y un 60%. Los empleados se negaron y en noviembre, la organización presentaba los expedientes de regularización.

 19, 5 millones en inmuebles

La auditoría firmada por la empresa BAT Gestión certifica que UGT-A cerró 2011 con un resultado financiero positivo de 825.908,36 euros y un patrimonio neto y pasivo de 131.419.283,88. En este segundo apartado se incluyen las propiedades inmobiliarias que tiene la organización y las inversiones financieras realizadas. Como dato relevante, el sindicato atesora en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorado en 19,5 millones, según el citado informe encargado por la organización.

 Ese saldo positivo de casi un millón de euros y las conclusiones positivas del auditor no aparecen en la documentación que se entregó a la representación de los trabajadores. Tampoco coinciden las cifras relativas al patrimonio real de la organización. Así, de los 131 millones que certifica la empresa externa en cuanto al valor del patrimonio real de la organización en 2011, se pasa a una valoración de 126 millones por parte del sindicato.

La sección sindical tuvo conocimiento del contenido de esta auditoría el pasado mes de diciembre durante el periodo de consultas en el que se negociaba el ERE y el ERTE y que se cerró sin acuerdo. «Les preguntamos por esos resultados y la respuesta que obtuvimos es que se refería al ejercicio de 2011 y que en 2012 la situación había empeorado. Es una prueba más de que esas cuentas no son reales y se han maquillado para justificar unos despidos de la peor manera posible», señala Francisco Serrano.

La sospecha de los trabajadores no es caprichosa ya que ante la ley, el sindicato es una organización privada sin ánimo de lucro que está exenta de elaborar las cuentas anuales, auditarlas y presentarlas en el Registro Mercantil. La dirección de la central sindical lo declara en la documentación del ERE (anexo 7); si bien matiza, que de manera voluntaria, al final de cada ejercicio elabora un balance de situación. Un control financiero que se hace desde la propia casa y que no lo supervisa ningún órgano fiscalizador independiente como por ejemplo el Tribunal de Cuentas.

 La representación de los más de 200 trabajadores afectados en Andalucía por los expedientes planteados por UGT ha puesto toda esta documentación en manos de una economista, que ya les ha anticipado que las cuentas presentadas por la dirección «no encajan». Las conclusiones del contrainforme que están elaborando se incluirán en la demanda que previsiblemente presenten mañana ante el TSJA con el objetivo de tumbar los despidos y recortes de nómina que ha impuesto la organización.

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