La empresa de la que
Felipe González es consejero almacenará gas en Doñana
Petroleum Oil
instalará un gaseoducto de 18.169 metros en Almonte
El Ministerio aprueba
la declaración de impacto ambiental del proyecto
Ecologistas
denunciarán este proyecto ante la Unión Europea
Lorena Correa |
Huelva
La compañía Petroleum
Oil & Gas España, filial de Gas Natural, de la que es accionista y
consejero el ex presidente del Gobierno Felipe González, ha logrado que el
Gobierno dé el visto bueno a la explotación y almacenamiento de gas en el suelo
de Doñana a pesar de la oposición de los grupos ecologistas, que han alertado
del peligro que supone para este espacio protegido por la Unesco.
Se da la
circunstancia de que Felipe González dimitió el pasado mes de diciembre como
presidente del Consejo de Participación de Doñana, alegando "falta de
tiempo" para asistir a los plenos de la institución. Así pues, la decisión
del Gobierno se ha producido un mes y medio después de que el ex presidente del
Gobierno abandonara el organismo que regula la gestión del espacio protegido.
Según publicaba este
lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto conocido como El
Saladillo "no producirá efectos adversos significativos en el medio
ambiente" de esta reserva de la Biosfera y por tanto la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) ha sido favorable.
Este proyecto tiene, como primer objetivo, la producción de
gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como
almacenamientos subterráneos de gas. Para ello se instalará un gasoducto de
18.169 metros que conectará los emplazamientos de Saladillo y el Rincón, en el
término municipal de Almonte.
El Gobierno ha
justificado que esta decisión se debe a que en España la práctica totalidad del
gas consumido procede de la importación motivo por el cual se puso en marcha el
Plan de los Sectores de Electricidad y Gas y el Desarrollo de las Redes de
Transporte para el periodo 2002-2011. Este plan prevé el desarrollo de infraestructuras
de almacenamiento de gas natural en diferentes localizaciones, como es el caso
de Doñana.
Según consta en la
resolución, las obras se deberán planificar de manera que se eviten los
periodos de mayor actividad de las especies presentes Doñana, sobre todo en la
reproducción de aves y mamíferos y en aquellas por donde discurre el lince
ibérico como es el caso de los arroyos de la Rocina, La Cañada y El Gato, las
lagunas de Los Ánsares, el Vento y Pinar del Conde.
La decisión del
Gobierno ha caído como un jarro de agua fría entre las organizaciones
ecologistas que han anunciado que llevará a la Unión Europea la resolución por
el grave daño que supone para Doñana. A pesar de que formalmente está fuera del
Espacio Protegido, el proyecto se halla muy apenas a unos 300 metros de la zona
y la decisión del ejecutivo podría ser "ilegal".
La empresa de la que
es consejero Felipe González ya tenía concedida la explotación de hidrocarburos
en dos parajes de la zona y tras esta resolución culmina una batalla burocrática
que comenzó en 2008.
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