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miércoles, 11 de enero de 2012

Un empleado municipal dice a la juez que IU cobraba un "impuesto revolucionario"

Uno de los trabajadores despedidos por «motivación ideológica» de la empresa municipal Sevilla Global denunció ayer durante su declaración ante la juez que instruye el caso abierto por la Fiscalía Superior contra Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez la existencia de un «impuesto revolucionario» de obligado pago a IU. El declarante afirmó que se sintió presionado por este asunto: «Yo tenía que pagar el impuesto revolucionario, unos 300 euros al mes, haciendo una transferencia, y si el día 5 de cada mes no la había hecho, me llamaban a capítulo. En algunas ocasiones, el que me llamaba era Carlos Vázquez». Además, el afectado matizó que no podía declarar este pago a Hacienda: «Cuando le pregunté a Vázquez que si eso se podía desgravar me dijo que yo no me había enterado de nada, que esto era un impuesto revolucionario y que no se podía decir en ningún sitio».


Por su parte, el que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento en el anterior mandato, Antonio Rodrigo Torrijos, se defendió ayer ante la juez de instrucción número 13 de la imputación que se le hace por un presunto delito contra la integridad moral de las personas alegando que pretendía aplicar en Sevilla Global «disciplina de partido». Según ha podido saber ABC de fuentes judiciales, Torrijos negó a la magistrada, Ana Rosa Curra Rojo, cualquier tipo de amenaza o coacción a trabajadores de esta empresa municipal gestionada por IU tras la conversación mantenida con el gerente en septiembre de 2009 en la que se le comunicó que los empleados que le obedecieran desde ese momento hasta el día de su cese en el consejo de administración tendrían que atenerse a las consecuencias. Aquella conversación fue grabada con el consentimiento de los ahora imputados, algo que Torrijos explicó ante el juzgado afirmando que «no tenía nada que ocultar». En cambio, el exdelegado de Economía, Carlos Vázquez, que según las mismas fuentes reconoció que el gerente había puesto una grabadora en la mesa y la había encendido, negó haber oído esa grabación y explicó que conocía los delitos que se le imputaban por la prensa, pese a que fue informado de los mismos por el secretario judicial el pasado 11 de abril, según consta en las diligencias. Además, Vázquez, que en el momento de los hechos era coordinador del grupo municipal de IU, aseguró ante la juez que el cese de José Ramírez como gerente era algo que se decidía en el partido a raíz del pacto de gobierno con el PSOE, aunque formalmente lo hiciera el consejo de administración, y que él no amenazó a ningún trabajador.

En la grabación de la famosa conversación, Vázquez afirmó con rotundidad ante la negativa de Ramírez a hacer dejación de funciones hasta su cese en el consejo, que tendría que «advertir entonces al personal de esta empresa que, o consulta con nosotros, o como tomen decisiones o ejecuten decisiones aunque las des tú sin consultar con nosotros, en el momento en que se produzca eso se van a encontrar con un problema». Además, Vázquez aseguró en dicha grabación que «tendremos que ir hablando con los distintos responsables de departamento para explicarles cuál es la situación y que entiendan que a partir de ahora, efectivamente, políticamente, no tienes competencias. Estatutarias sí, pero políticas no. Entonces, como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener».

En efecto, tanto él como Torrijos, que como ha recogido la jurisdicción social en sus sentencias no tenían ninguna representación en la empresa, se detuvieron después de la conversación con Ramírez a hablar con el responsable de Recursos Humanos, que ayer declaró también como perjudicado para narrar que no conocía de nada a Vázquez, pese a lo cual le pidió que liderara la empresa siguiendo sus órdenes durante el tiempo en que el gerente tenía que permanecer allí hasta su cese oficial. En su declaración judicial, el afectado explicó que ante su negativa a hacer esto, aduciendo que él era un profesional que no tenía que obedecer consignas políticas, tuvo conciencia «desde el minuto uno» de que iba a ser despedido. Así fue exactamente. Pero su despido ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo por responder a «motivación ideológica». Y ha provocado la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía contra Torrijos y Vázquez por un presunto delito contra la integridad moral, penado con hasta cuatro años de cárcel.

El exgerente de Sevilla Global, José Ramírez, y un trabajador que renunció a su contrato por orden de IU declararán hoy como testigos, ya que los testimonios de ayer se alargaron ayer dada la enjundia del asunto. Entretanto, el abogado de dos de los afectados, el exdelegado de IU Jon Ander Sánchez, que no quiso desvelar el contenido de las declaraciones, sí emitió una opinión contundente: «Me parece lamentable que dos dirigentes comunistas hayan tenido que venir a declarar en sede penal por despedir a trabajadores».

«Esto es la vida misma, ¿eh, Pepe?»

La grabación que dio origen a este caso recoge frases tan ilustrativas como la que emite Torrijos a José Ramírez —«nosotros somos perras viejas», le dice— tras explicarle que los trabajadores «tendrán que optar». «Pero, vamos, esto es la vida misma, ¿eh, Pepe?», remató. Carlos Vázquez se había encargado de dejar claro a quién había que obedecer en Sevilla Global a partir de ese día, que era a Torrijos, por lo que instaba a los trabajadores a no seguir las consignas del gerente: «Como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener». Esa es la opción que les daba el líder de IU, recalcada por su gregario en aquella reunión: «Tendrán que optar, efectivamente, a que de aquí a que se tome la decisión el que decida aceptar la situación se tomará nota y el que no decida aceptar la situación, pues también se tomará nota».

fuente: http://www.abcdesevilla.es/20120111/sevilla/sevi-empleado-municipal-dice-juez-201201102233.html

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