Origen del drama
El portal del bloque donde vivía esta mujer ofrecía ayer un aspecto desolador. Al entrar, maletas y bolsas ocupaban buena parte del espacio común. A la derecha, rota en lágrimas, sentada en los escalones, junto a su hija, Camelia.
Víctima de malos tratos, esta ciudadana de origen rumano, pidió a principios de 2009 ayuda a Cáritas para poder acceder a una vivienda. La organización le ofreció habitar una de las habitaciones del 1º B del mencionado inmueble. Compartiendo espacio con otras familias, como ella, en riesgo de exclusión social, Camelia fue abonando mensualmente 100 euros que Cáritas le pedía. Según responsables de Cáritas explicaron a Viva Huelva, estos 100 euros eran utilizados para dos funciones: 50, para los gastos de la vivienda, y otros 50 quedaban como depósito propiedad de la propia Camelia, ya que el objetivo de este plan es que Camelia recuperara ese dinero una vez normalizada su situación. Al abonar esta cantidad, Cáritas le daba un recibo en el que se especifica que la cantidad se aporta en concepto de donativo. Hasta ahí, todo más o menos comprensible.
Denuncia a Cáritas
El 1 de junio de 2007, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) firma con Cáritas el contrato de arrendamiento para que la organización eclesiástica haga uso del inmueble como piso de acogida. En dicho documento, al que ha tenido acceso Viva Huelva, se refleja que Cáritas ha de abonar mensualmente a EPSA 153,39 euros. Camelia tuvo acceso a este contrato a finales de 2009, y al descubrir una de las cláusulas del mismo, comenzó un camino que, por el momento, sólo le ha llevado a tener que vivir en un portal.
En dicha cláusula, la sexta del contrato, el texto dice literalmente: “El subarriendo oculto o manifiesto de la totalidad o parte de la vivienda así como de anejo objetos del presente contrato será causa de resolución del contrato y desahucio”. Al ver esto, Camelia comenzó a preguntarse “¿Por qué me están cobrando cien euros al mes, y a otras personas que están viviendo en el piso no se lo piden?”. Camelia decidió denunciar a Cáritas para solicitar la devolución de los 1.000 euros aportados hasta ese momento (de febrero a noviembre de 2009): “Sólo quería recuperar lo que era mío, y me han acabado echando por pedir mis derechos”.
A partir de ahí, Camelia asegura que empiezan las “amenazas” por parte de miembros de Cáritas, unas amenazas que, de ser ciertas, han acabado teniendo forma.
La versión de Cáritas: “Hay gente que necesita este recurso que esta persona está malusando”
En las puertas del bloque, donde una decena de vecinos y miembros de Democracia Real Ya Huelva daban su apoyo y “la razón” a Camelia y su hija, también estaban en la mediodía de ayer miembros de Cáritas, que explicaron a Viva Huelva su versión de los hechos. Según la descripción dada, cuando una persona solicita entrar en un piso de acogida firma un contrato con la organización “por el que tiene que cumplir un itinerario con el objetivo de la reincorporación social. Esta mujer no ha cumplido este itinerario, y no nos ha quedado otra alternativa”. Entre los aspectos de este itinerario, la búsqueda activa de empleo, de formación y de un piso en el que poder comenzar una nueva vida. Para Cáritas, “hay gente que necesita este recurso que esta persona está malusando”.
Camelia lo desmiente tajantemente: “Quiero que verifiquéis todos los sitios en los que he estado buscando trabajo, en las oficinas de orientación profesional, en los centros sociales, mi interés en encontrar trabajo y vivienda ha sido continuo, y el único trabajo que Cáritas me ofreció cuidando a una persona por 400 euros no lo rechacé. Estoy viviendo una injusticia, me dejan en la calle con mi hija por pedir mis derechos. No tengo adónde ir”.
Un desalojo “sin sentencia”
Camelia tiene claro que no se moverá del portal “hasta que se encuentre una solución a mi caso”. De momento, desde primera hora de la mañana de ayer, cuando agentes de la Policía Local la desalojaron del inmueble, recibe el apoyo de un buen número de vecinos, así como de DRY Huelva, en contacto con Cruz Roja y Derechos Humanos “para hacer más fuerza”.
Ya por la tarde, recibió la visita de un abogado que le da un punto de esperanza, a la vez que añade más sombras a este polémico caso. Según la documentación analizada por el letrado, a Camelia la han desalojado “sin que exista sentencia que obligue a este desalojo”.
Todo un culebrón que ahora mismo sólo deja un dato claramente objetivo: que Cáritas ha echado de un piso de acogida a una madre y su hija. Sin más alternativas.
Una historia en la que los pájaros han acabado disparando a las escopetas. Esto es el colmo de la crisis.
fuente: Kaos
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