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miércoles, 15 de diciembre de 2010

Navantia asegura no tener nada que ver con la retención de salarios

La compañía pública de construcción naval Navantia ha asegurado a Información Bahía no tener ninguna responsabilidad en el asunto de la retención de salario de los trabajadores prejubilados en 2004 a cuenta del IPC real de 2008, tal y como había avanzado una información publicada ayer mismo por este periódico, que señalaba que una sentencia del Tribunal Supremo obliga a devolverles este dinero.


Navantia afirma que la empresa se creó después de las prejubilaciones del año 2004 y que estas se produjeron primero con la compañía Izar y luego con una empresa de transición denominada New Izar, por “lo que no tiene ninguna responsabilidad en la retención de ningún salario”, aseguran fuentes de la empresa.

Según los fundamentos de derecho de la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, La Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines de la UGT presentó una demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, frente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la empresa Izar Construcciones Navales SA, Federación de Industria de CCOO y la Unión Sindical de Trabajadores Gallegos, en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se “declare el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto a un incremento retributivo del dos por ciento durante el año 2008, sobre la cantidad total garantizada percibida en el año 2007, declarándose indebido el descuento efectuado del 0,6 por ciento sobre las cantidades percibidas en el año 2008”.

Así, la Sala de la Audiencia Nacional, dictó sentencia en la que aparecía precisado que el conflicto afectaba a los trabajadores incluidos en el ERE 67/2004 y, declarando la falta de legitimación pasiva de SEPI, desestimó la demanda absolviendo a la empresa demanda de las pretensiones de la demanda, a la que se había adherido el sindicato CCOO.

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, formalizaron recurso de casación tanto UGT como CCOO volviendo a postular la declaración inicial.

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo estimó los recursos de casación interpuestos por el sindicato MCA-UGT, anulando la sentencia recurrida y declarando el derecho de los trabajadores afectados a un incremento retributivo del dos por ciento durante el año 2008.

La sentencia detalla que “para que se produjera el efecto de revisión a la baja sería preciso que así se hubiera establecido de manera clara y expresa en el pacto en virtud del cual se acordaba la revisión. En el ámbito de la negociación colectiva existía en nuestro mercado laboral una larga, reiterada y uniforme práctica de convenir en la aplicación del IPC previsto con revisión al alza de acuerdo con el que acabara siendo el IPC real a final de año. Nunca se pactó revisión a la baja, porque nunca, desde que se implantó la negociación colectiva, la inflación real a final de año había sido inferior a la prevista”.

UGT estima que el importe a devolver superará el medio millón de euros

Tras la publicación de la sentencia del Supremo las primeras reacciones no se han hecho esperar y así, el secretario general de la Federación de Industria de UGT-MCA Cádiz, Diego Peces, asegura que el sindicato va a solicitar la ejecución de la sentencia para que se proceda a la devolución de los salarios retenidos.

El fallo afecta a todos los centros de trabajo de la antigua IZAR y a más de 3.900 trabajadores que fueron prejubilados en 2004 (unos 900 en los tres centros de la Bahía de Cádiz) y el importe total podría ascender a más de 550.000 euros. según Peces.

A la espera de que el grupo Atisa, que gestiona los pagos de las prejubilaciones de los trabajadores de IZAR realice los cálculos exactos de lo que corresponderá a cada tra0bajador, ya que los sueldos no son iguales para todos, Peces ha hecho una estimación dineraria de lo que correspondería cobrar, de media, a cada trabajador, por el 0,6 por ciento de sueldo retenido por el IPC real de 2008.

Así, según el secretario general de la Federación de Industria de UGT-MCA de Cádiz, “lo que podría cobrar de media cada uno de los afectados serían unos 142 euros, teniendo como base un salario medio de 1.700 euros”.

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